El gobierno ha implementado un intenso operativo en el norte del país. Miles de mujeres, niños y campesinos han huido de sus poblaciones por los abusos que comenten la Marina de México y otras fuerzas federales. Su intención es sembrar miedo, utilizando para ello la búsqueda del Chapo.
Jueves 22 de octubre de 2015
Este sábado 17 de octubre el Gobierno Federal anunció que el narcotraficante más poderoso del país estaba herido. Hace unos meses Guzmán Loera logró fugarse –por segunda ocasión– de un penal de Máxima Seguridad aprovechado toda la corrupción y los nexos que existen entre las instituciones de seguridad y el narcotráfico.
La guerra contra el narcotráfico y la militarización que inició Felipe Calderón en el 2006 ha acentuado la violencia que existe en el país, sobre todo la que provocan las propias fuerzas represivas del Estado como el Ejército, la Marina y la Policía Federal, en contra de la población civil, las mujeres y el pueblo pobre.
Miles de desplazados en Durango, Chihuahua y Sinaloa
Desde hace más de 20 días se implementó un operativo de búsqueda de El Chapo en la zona conocida como “el triángulo dorado” que incluye a los estados norteños de Durango, Chihuahua y Sinaloa. El resultado del operativo han sido miles de desplazados a quienes el gobierno les niega el respeto a sus más elementales derechos humanos.
En su mayoría campesinos, mujeres y niños, los desplazados han denunciado que la Marina impide el tránsito peatonal, amenazan indiscriminadamente a los pobladores con armas largas, instalan retenes que impiden el libre tránsito en carreteras y caminos de la zona. Incluso hay denuncias de que helicópteros llegan a las comunidades disparando desde el aire contra las casas de los pobladores.
“Ya basta de delincuentes con uniforme”
Esta es una de las denuncias que se pueden leer en las cartulinas de quienes, por cientos, han llegado al Palacio de Gobierno de Culiacán. En días recientes se sumaron a la protesta más de 400 desplazados de Guamuchil y Guasave, así como de Tamazula, Durango, aunque hay desplazados de más de una veintena de comunidades de esta zona al norte del país.
Las autoridades locales son cómplices y partícipes del avasallamiento de los derechos humanos de los miles y miles de desplazados. Siguen ciegamente la política de militarización del gobierno federal en la que los únicos afectados son la población civil.
El Secretario de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, sólo ofreció albergues y cobijas del DIF para quienes no pueden regresar a sus poblaciones por los operativos. A esto ha llegado la militarización del país: de facto, los pobladores pierden el derecho de vivir en paz y que se garanticen sus derechos humanos, e incluso las mismas garantías consagradas en la propia Carta Magna de la burguesía. El gobierno está para fomentar la violencia, la militarización, para recibir de mala gana a los refugiados, coherente con su política de ataque a las conquistas obreras y populares.
Por ejemplo, las autoridades del municipio de Tamazula, Durango, cuyo alcalde es Ricardo Ochoa Beltrán, instan a los pobladores a no volver hasta que hayan cesado los operativos de búsqueda. Frente a esta política, son incontables los miles de campesinos y las miles de mujeres que huyen por la Sierra Madre Occidental. Flanqueados tanto por la violencia del narcotráfico local pero sobre todo del Ejército y la Armada.
¡Desmilitarización inmediata del país!
Diversas organizaciones y personalidades han exigido desde hace años y en todo el país que termine la militarización. Esta guerra es parte de una política imperialista que impulsa Estados Unidos y que se financia desde la Iniciativa Mérida. El resultado son cientos de miles de muertos y desaparecidos que pone la población trabajadora, campesina y pobre del país.
Desde hace décadas es sabido que para que el tráfico de drogas pueda circular por nuestro territorio y trasladarse hacia Estados Unidos, es fundamental la participación velada de las fuerzas represivas del Estado y de prominentes políticos locales coludidos con los carteles del narco. Quienes diseñan esta guerra son los mismos que se enriquecen de ella.
Los miles de desplazados, desaparecidos y asesinados de esta guerra continuarán hasta que se imponga, con la protesta y la movilización en las calles, el fin de la militarización del país. Como se puede ver en el caso de los operativos que buscan a El Chapo, el gobierno está listo para reprimir a quienes alcen la voz por sus derechos. Es momento de ponerle un alto final a esta política impuesta por los Estados Unidos en México, luchando por el alto a la militarización y la disolución de las fuerzas represivas del Estado.
