El Estado es responsable. Miles marcharon en Costa Rica en repudio a la violencia patriarcal y los femicidios

El pasado lunes 7 de setiembre, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica anunciaron la suspensión de la búsqueda de Allison Bonilla en el botadero clandestino ubicado en Cachí. La suspensión se dio luego de que el principal sospechoso cambiara el relato en el cual confesaba el crimen, con lo que las autoridades judiciales se replantearon la búsqueda y las acciones a tomar. Luego de las manifestaciones en varios puntos del país, realizadas por el movimiento de mujeres, la búsqueda se retoma. Sin embargo, no hay claridad por parte de las autoridades judiciales con respecto al caso de Allison.

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Por otro lado, la autopsia de María Luisa Cedeño confirma agresión, pero aún no hay un culpable; en su lugar, medios de prensa burgueses, como Teletica, han hecho una defensa de uno de los sospechosos: el dueño del hotel. La familia alega que esto es un caso de violencia de género, por lo que exigen justicia pronta y cumplida.
Además, recientemente se dictó sentencia, aunque no la esperada, a uno de los sospechosos del femicidio de Karolay. Del femicidio de Justina Galo, mujer de 64 años, se guarda silencio, y el femicidio de Teté, a quien mataron por ser mujer, pobre y lesbiana, quedó en la impunidad.

Ante este panorama, familiares de las víctimas, así como el movimiento de mujeres, nos preguntamos ¿dónde está Allison?, y exigimos su aparición. Con la misma rabia y fuerza, exigimos justicia real ante los femicidios de María Luisa, Justina y todas las que nos faltan. Como han demostrado las importantes movilizaciones espontáneas del 6 de setiembre -que se detuvieron a repudiar el accionar de los Tribunales de Justicia y el Organismo de Investogación Judicial (OIJ)- el movimiento de mujeres no confía en lo que el Estado patriarcal considera “justicia” frenta a los femicidios.

Recientemente se redujo la condena a uno de los femicidas de Karolay Serrano, quien irá a prisión por 10 años tras llegar a un acuerdo. Mientras que, por otra parte, para el ex presidente Óscar Arias, arquitecto de las políticas neoliberales en el país, quien en su momento contó con múltiples denuncias de abuso y violencia sexual, la justicia patriarcal lo mantiene en la impunidad. Incluso hoy en día las denuncias fueron retiradas. Esta es la justicia patriarcal, la justicia de los ricos, que privilegia a unos por encima de otros.

Desde la agrupación Pan y Rosas decimos que la salida no puede ser un voto de confianza ciega en la justicia patriarcal. Tampoco el Estado por “buena voluntad” nos garantizará nuestras exigencias, pues más bien es responsable de la violencia patriarcal, que es estructural, al mantener complicidad e impunidad, y al no garantizar medidas mínimas para evitar los femicidios.

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En su lugar, el Estado reproduce las condiciones necesarias para legitimar la violencia patriarcal en la sociedad. Incluso en medio de la crisis económica y sanitaria actual, la violencia patriarcal tiende a aumentar, y debido a la pandemia, hay 38 casos que el OIJ no ha catalogado como femicidios, sino que se encuentran en “lista de espera” para ser calificados.

Ante este panorama, ¿qué debe hacer el movimiento de mujeres?

En primer lugar, la confianza debemos depositarla en nuestras propias fuerzas y métodos de lucha, no en el Estado y sus instituciones. El Gobierno ya ha demostrado que no está por favorecer las condiciones de vida de la clase trabajadora. Incluso partidos como el Frente Amplio, con Patricia Mora en el INAMU, le hacen seguidilla a las políticas de ajuste, y ni una sola palabra campaña que levante la exigencia por el aborto legal.

El Gobierno del Bicentenario no garantiza las condiciones mínimas para evitar la violencia patriarcal. Tampoco para evitar la precarización laboral y la pobreza que se profundizan con la pandemia, y que afectan mayormente a las mujeres y a la clase trabajadora de conjunto. Hay que apostar por un movimiento de mujeres con independencia del gobierno, que pelee, junto con la clase trabajadora por las demandas que tenemos. La salida debe ser la auto organización de mujeres, que exija y garantice un alto a los femicidios, ni una menos por abortos clandestinos, no el fortalecimiento del Estado y sus instituciones, que nos recetan justicia patriarcal.

El movimiento de mujeres debe exigirle al Estado refugios transitorios para las víctimas de violencia, acompañamiento psicológico integral y salarios de cuarentena, así como todas las medidas necesarias para evitar la violencia, y más aún, los femicidios.

Por otra parte, hay que crear Comisiones de Investigación Independientes del Estado, conformadas por organizaciones sociales, políticas y feministas, así como familiares de las víctimas de violencia patriarcal, que exijan la apertura de todas las carpetas de investigación y el acceso a ellas. El Estado debe garantizar los recursos necesarios, ya sean materiales o financieros, para que la Comisión Independiente lleve adelante la investigación.

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