Un informe del CEPA demostró que hay más de 300.000 trabajadores afectados desde que empezó la pandemia y eso apenas contando al sector formal. Moroni pidió que los trabajadores "se queden tranquilos".
Javier Nuet @javier_nuet
Viernes 24 de abril de 2020 00:21
Este jueves se publicó un informe del CEPA sobre las consecuencias de la pandemia y el aislamiento en el mundo laboral. Los datos que arroja son gravísimos: entre el 15 de marzo y el 15 de abril, 309.672 trabajadores vieron afectada su situación con recortes de salarios o incluso con miles de despidos y suspensiones.
Pero el panorama es más preocupante, porque el informe aclara que los datos que se recabaron constituyen “la punta del iceberg”: se trata solamente de trabajadores registrados y en los casos en los que hubo cobertura periodística de los hechos. Los datos, en este sentido, son bastante parecidos a los que obtuvo el observatorio impulsado por La Izquierda Diario.
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Los casos relacionados a atrasos en los pagos de salarios, reducciones salariales o suspensiones con reducción salarial tuvieron un aumento sideral en la primera quincena de abril: en marzo se había afectado a 9.830 trabajadores y en abril ya se registran 287.233 perjudicados. Los números hablan por si solos.
Sin embargo, en el portal “nuestras voces” ligado a Gabriela Cerruti, el director del CEPA, Hernan Letcher, publicó una nota titulada “Pese a la pandemia, los despidos se mantienen frenados”. Allí transcribe los datos del informe y agrega una interpretación sorprendente: “En efecto, a primera vista resulta evidente que el decreto 329, publicado el 31 de marzo de 2020 ha tenido efecto”. Además dice: “El gobierno apuesta fuerte: que no quiebren las empresas y que la cantidad de despidos no sea significativa”.
Si uno lee el informe ve que en el último mes se registraron 5386 despidos y 7223 suspensiones. Los hechos vinculados a la ruptura contractual o al riesgo de ruptura contractual en abril casi duplicaron los casos registrados en marzo. Sin tener en cuenta todo el sector informal, donde los números probablemente sean peores. Y eso es a pesar de que el Gobierno está ofreciendo pagar hasta el 50% de los salarios de alrededor de 2 millones de trabajadores. A empresas que fueron las grandes ganadoras del macrismo, que incluso en muchos casos, como alimentación o las prepagas, siguen ganando muchísima plata.
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Cualquiera que esté preocupado por la situación de los trabajadores diría que la situación es gravísima. A pesar de que el ministro Moroni pida que los trabajadores “se queden tranquilos”, porque “el Estado está haciendo todo lo posible para proteger el empleo y el salario”, hay un ajuste en curso. Y el gobierno es partícipe de eso, dejando pasar los despidos en Techint, Farmacity, Mostaza, Cinemark o reprimiendo a los obreros de Penta en la puerta del frogorífico, por poner algunos ejemplos.
Plantear que los despidos están “frenados” y que esto es “gracias a las políticas del Gobierno”, después de elaborar un informe que demuestra todo lo contrario, es querer tapar el sol con la mano, cuando cada vez hay más pedidos de bolsones de comida al Estado, cuando millones de personas piden el acceso al IFE y una enorme cantidad no lo obtiene, cuando miles de precarizados vienen denunciando los ataques que sufren a diario en sus lugares de trabajo.