A 65 AÑOS. Militares, Iglesia, comandos civiles y juventud en el golpe de 1955 en Córdoba

Quien conozca Córdoba, sabe que a la provincia siempre le ha gustado “explicarse por su pasado” y reforzar sus propias imágenes históricas. Sin dudas, una es la de Córdoba como cuna del golpe gorila que derrocó a Perón en 1955. Efectivamente, la provincia fue uno de los epicentros del golpe y quizás donde más se reveló su naturaleza cívico-militar-eclesiástica. Desde aquí se alzó un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea y de la Escuela de Artillería dirigidos por el general Eduardo Lonardi, que más tarde se proclamaría presidente, y se dieron en distintos puntos de la provincia los mayores combates callejeros protagonizados por civiles de todo el país. Y, como no podía ser de otro modo, la estructura de la Iglesia local cumplió un papel central en la organización de esta intervención civil. Pero primero, recapitulemos.

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Las tendencias hacia el golpe habían comenzado a cristalizar producto de las fuertes tensiones sociales que emergieron con la crisis económica que desde 1952 no hacía más que agravarse. Estaba en juego quien pagaba sus costos. El empresariado industrial venía presionando para suprimir las conquistas sociales y laborales del movimiento obrero como vía para impulsar un aumento de la productividad y la tasa de explotación obrera. Asumiendo sus exigencias, el Gobierno había suspendido las negociaciones colectivas para establecer los salarios por decreto, lo que en un contexto inflacionario implicaba un ataque al poder adquisitivo. 1954 fue un año de importantes huelgas obreras en el sector metalúrgico, textil, del caucho, entre otros múltiples conflictos que buscaban defender el salario y el poder de acción de las comisiones internas.

El fracaso del “Congreso de la Productividad” reunido en 1955, donde el Gobierno no pudo imponer el aumento de la productividad como criterio para las discusiones paritarias, terminó de inclinar al empresariado industrial por la apuesta del derrocamiento de un Perón que se mostraba incapaz de quebrantar la resistencia de su propia base social. [1]

Se sumó así a la oligarquía terrateniente que, afectada por la caída de los precios internacionales de las materias primas, también buscaba en la caída de Perón la posibilidad de aumentar su rentabilidad. A la crisis económico-social debemos sumar la crisis política que venía in crescendo desde los años previos. En una dinámica de retroalimentación, la crisis política se dinamizaba a medida que el régimen fortalecía sus rasgos más autoritarios, y el Gobierno reforzaba su autoritarismo a medida que la crisis política se hacía más aguda. Esto fue particularmente sensible hacia los partidos opositores, la Iglesia y el estudiantado. Desde 1952, la peronización compulsiva de la sociedad y el Estado establecía a la doctrina justicialista como doctrina nacional del pueblo argentino. Por ella juraban los miembros del poder judicial, del Ejército, de la administración pública, y era impartida en las escuelas. Esta peronización del régimen atentó contra la cristianización con la que se había identificado el primer peronismo, que le había dado continuidad a la educación religiosa en las escuelas públicas impuesta por la dictadura militar de 1943-1946, de la que Perón había formado parte. La creciente injerencia del peronismo en áreas sensibles para la Iglesia como la educación, donde suprimió la educación religiosa, y la legislación matrimonial, con la promulgación de la ley de divorcio; hizo que la Iglesia pasara cada vez más abiertamente a la oposición social y política. Contribuyó decisivamente a esto la liquidación de los sindicatos confesionales y la creciente gravitación en la política social de la Fundación Eva Perón, que disputaba el tradicional monopolio eclesiástico sobre la beneficencia y la relación con los sectores más pobres.

La ofensiva clerical en la Córdoba de las campanas

Esta institución se convirtió progresivamente en el catalizador de una disidencia y una identidad antiperonista que el resto de los partidos se mostraba incapaz de canalizar, contribuyendo decisivamente al desgaste político del Gobierno. Comenzó así “la ofensiva católica”, con la creación de asociaciones civiles de estudiantes y profesionales y la apelación creciente de la Iglesia a la movilización de masas. Esta dinámica, de alcance nacional, tuvo una proyección particular en Córdoba, donde el arzobispo Fermín Lafitte era un reconocido antiperonista. Cesar Tcach ha señalado que si durante muchos años el catolicismo local había visto en la UCR sabattinista a uno de sus principales adversarios, apoyando a un Perón que había alejado a los obreros de la izquierda marxista y garantizado la enseñanza religiosa obligatoria en los colegios, la peronización del régimen operada desde el 52 quebró el pacto Iglesia-Gobierno e influenció sobre amplísimos sectores de la población.

Es que la injerencia de la Iglesia sobre la sociedad civil mostraba en la “Córdoba de las campanas” una significativa capilaridad: la provincia se destacó por el peso numérico y el dinamismo de su asociacionismo católico, la creación de nuevos movimientos y una filial del Partido Demócrata Cristiano (creado en 1954), que proyectaron el peso del catolicismo en la vida social. En 1951 se había conformado en Córdoba una rama de la Acción Católica Argentina (ACA) que nucleaba a estudiantes secundarios y universitarios, además de a los profesionales católicos, que cumplió un importante rol en la organización de los destacamentos juveniles que intervinieron en los Comandos Civiles golpistas. A esto debemos sumar que el Arzobispado poseía uno de los principales diarios de la ciudad, Los Principios, que proyectaba la opinión de la Iglesia sobre el debate público, y controlaba al menos ciento dos colegios religiosos, una importante estructura que se puso en juego para organizar la ofensiva católica. Desde 1954 en toda la provincia se incrementaron las movilizaciones callejeras y las procesiones religiosas no autorizadas por el Gobierno.

En este contexto, se produjo una importante disputa por la hegemonía sobre la juventud. En la semana de la primavera de 1954 el Movimiento Católico de la Juventud realizó la “Semana de Afirmación Católica” en oposición a los festejos oficiales del gobierno, donde los adolescentes católicos disputaban por usar el distintivo del Movimiento Católico de la Juventud y no el de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) que promovía el gobierno. [2] Paralelamente a sus acciones callejeras, la Iglesia fortaleció la difusión de propaganda anti-peronista para hacer “trabajo de masas”. Para eso, garantizaba la impresión clandestina de volantes por medio de la formación de una red de imprentas clandestinas en sótanos caseros, parroquias e imprentas escolares. La Federación Universitaria de Córdoba poseía un mimeógrafo que cambiaba de lugar permanentemente para no ser detectado. [3]

Paralelamente, los sermones subían crecientemente el tono de su confrontación política, como el pronunciado el 25 de mayo por el obispo Ramón Castellano, segundo de Lafitte, que llamaba a practicar la desobediencia hacia las autoridades gubernamentales por estar en contradicción con la obra de Dios. La procesión del Corpus Christi de junio de 1955 en la ciudad de Córdoba fue multitudinaria, al igual que en Buenos Aires y otras ciudades del país, con una fuerte composición no sólo de clase media sino también obrera. Como destaca Jéssica Blanco, la Iglesia buscaba así extender el estado de movilización social como complemento de la profundización de los vínculos con los partidos políticos de oposición (la UCR y el Partido Demócrata) y con las fuerzas armadas, con las que venía organizando los planes golpistas. Días después de aquella demostración de fuerzas callejera de la Iglesia se producía el bombardeo a Plaza de Mayo, que provocó más de 300 muertos. La estrategia de Perón, que pasivizó a sus bases señalando que “la lucha debe ser entre soldados” y emitió gestos de conciliación hacia sus adversarios, no hizo más que envalentonar la ofensiva golpista, que se consumó el 16 de Septiembre.

Los Comandos Civiles golpistas

Como dijimos, Córdoba destacó en el escenario nacional por la nutrida intervención civil en las jornadas golpistas, para lo que fue central la estructura eclesiástica y de partidos políticos. El golpe contó con la activa participación de los partidos tradicionales: la UCR, el Partido Demócrata, el Partido Reformista y el Partido Socialista. Para garantizar la intervención civil, la Casa Radical, los comités partidarios y las parroquias de diversos puntos de la ciudad se pusieron al servicio del reparto de armas cedidas por la Fuerza Aérea, cuyos aviones sobrevolaban la provincia con la inscripción Cristo Vence.

Escuelas tradicionales como el Colegio católico San José fueron utilizadas como depósito de armas y centro de práctica de tiro con fusiles; parroquias como la de Cofico fueron puntos de encarnizados enfrentamientos armados entre sacerdotes y la policía e Iglesias como Los Capuchinos fueron usadas como posta sanitaria para la atención de los heridos en los combates callejeros. Mientras en la madrugada de aquel 16 de septiembre los cañones de la sublevada Escuela de Artillería, al mando del general Eduardo Lonardi, abrieron fuego sobre la Escuela de Infantería, hasta entonces leal al gobierno, a las primeras horas de la mañana ya eran auxiliadas por civiles que garantizaron la toma de puntos estratégicos, entre ellos los medios de comunicación. La toma de las radiodifusoras fue central para el bando golpista: en la mañana de aquel 16 de septiembre los comandos civiles tomaron las estaciones de radios LV2, LV1 y LV3, que a lo largo de esas jornadas jugaron un papel muy importante en la difusión de proclamas contra el Gobierno y el llamado a la población a plegarse a la acción armada.

Miles de jóvenes armados comenzaron a ocupar las calles para actuar como fuerza auxiliar de los militares sublevados. Más allá del componente minoritario de quienes se sumaron espontáneamente a las acciones en las calles, lo cierto es que esta intervención tuvo una planificación minuciosa. Como relata Verbitsky en La violencia evangélica. De Lonardi al Cordobazo (1955-1969) el sacerdote italiano, Quinto Cargnelutti, era uno de los principales encargados de la organización de los Comandos Civiles, para lo que reunían armas proporcionadas por las “familias notables” y los militares. Oscar Martínez Zemborain, que formó parte de un comando civil, cuenta que cada grupo se organizaba en unidades de veinte miembros y que contaban con un jefe y un subjefe, organizados a través de redes que oficiaban de correo, garantizando la logística.

Estos Comandos Civiles fueron muy nutridos en barrios como Alta Córdoba, donde lograron reducir y hacer retroceder a la Policía. Al día de hoy, la principal plaza del barrio conserva un homenaje al aviador Morandini Odonne, teniente golpista muerto al accidentarse su avión en las maniobras de aquel día. Mientras algunos comandos, luego de intensos combates, tomaron la Jefatura de Policía (por entonces ubicada en el Cabildo), otros ocuparon la Seccional Tercera de Policía, en el Barrio Clínicas, y la Terminal de Ómnibus. Allí los jóvenes se ocuparon de normalizar el servicio de autobuses, que estaban paralizados por la huelga convocada por la CGT, y cambiaron las inscripciones de “Perón Cumple” por otras que decían “La Libertad”.

Los Comandos Civiles tuvieron una composición social de clase media-media alta y muchos de sus integrantes pertenecían a las familias más tradicionales de Córdoba, siendo en su gran mayoría estudiantes universitarios. Según el análisis de Tcach, en Córdoba los enfrentamientos que derivaron en el derrocamiento del peronismo asumieron características de guerra civil. Podríamos decir que si bien se expresaron elementos de una creciente violencia política y de proto-guerra civil, ésta no terminó de hacerse abierta en la medida en que la iniciativa quedó casi exclusivamente en uno de los bandos. A la violencia de los comandos civiles y los militares sublevados no se le opuso una intervención callejera organizada por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles anti-golpistas. No hubo piquetes de autodefensa organizados por los sindicatos para contrarrestar el avance golpista. Mientras la CGT local llamó a la huelga general, el gobernador de Córdoba, el peronista Raúl Lucini, instó a la población a permanecer en sus hogares para evitar incidentes, dejando el combate al golpe en manos del Ejército y las fuerzas de seguridad. Fue una réplica a escala local de la estrategia impuesta por el peronismo a nivel nacional, que llamó a la mesura cuando la CGT pedía armas para enfrentar a los golpistas, expresando su voluntad de “poner a disposición las reservas voluntarias de trabajadores a fin de impedir en el futuro cualquier intento de retrotraer a los trabajadores a las ignominiosas épocas anteriores al justicialismo.” Si en aquel histórico y último discurso desde la Casa Rosada el 31 de agosto de 1955, Perón había coqueteado con la idea de armar a su movimiento haciendo referencia a la “vigilia en armas” y la voluntad de “responder a la violencia con una violencia mayor”, lo cierto es que la sola idea de las milicias obreras era completamente inadmisible para los militares y el Gobierno. La clase obrera fue entregada sin lucha a un Golpe que la tuvo como principal blanco de ataque y, como se revelaría apenas asentada la dictadura, como principal sujeto de una resistencia organizada desde las bases.

Días después de la renuncia de Perón, la provincia de Córdoba era proclamada por Lonardi como “Capital Provisional de la República”, y pasó a ser exaltada como una provincia “Heroica”, “Cuna de la Libertad”, “Reducto de la Fe” y “Estandarte de una Nueva Cruzada”. El golpismo “libertador” tuvo en Córdoba su mito de origen.

Tragedia y farsa

Es claro que hoy el peso de la Iglesia es significativamente menor que en aquellos momentos. Entre otras cosas, porque su abierta colaboración con el genocidio perpetrado por la última dictadura militar la desprestigió como Institución ante importantes sectores de la población. Esto no le ha impedido, sin embargo, activar toda su estructura, en común con el resto de las Iglesias, para organizar cruzadas reaccionarias ante cada avance del movimiento de masas en la lucha por la conquista de mayores libertades democráticas como el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Las concesiones que una y otra vez les hacen los distintos Gobiernos no logran más que fortalecer a los sectores más reaccionarios. Las agendas antipopulares y de conservadurismo social obran la unidad en la diversidad: de ahí que las convocatorias de la derecha bajo el eufemismo de las banderas de la libertad reunieron desde sectores ultra fanáticos antiderechos hasta una clase media gorila más liberal y antipopular. Los hijos bobos de esa mesocracia fueron los que vandalizaron el homenaje a Tosco en la convocatoria derechista del pasado 17 A.

Que unos cuantos púberes de la Córdoba antiobrera ataquen la memoria de los mártires de nuestra clase es motivo de repudio, pero no conviene magnificar su alcance real. Lo que conviene pensar es qué alienta a la derecha a sentirse fortalecida y salir a disputar su agenda en las calles. Un Gobierno que cede ante sus reclamos no hace más que alentarla. La extorsión policial en busca de impunidad, que fue rápidamente atendida por el Gobierno, va en el mismo sentido. Si una lección arroja, 65 años después, aquel golpe que se arropó con las banderas de la libertad para desatar una furibunda ofensiva antiobrera, es que el camino de las concesiones y los males menores siempre prepara males mayores.