Amazonas. Militares venezolanos asesinan a cuatro indígenas Yanomami en el Alto Orinoco

Cuatro indígenas Yanomami -incluída una mujer de 45 años- fueron asesinados a manos de efectivos militares venezolanos en el sector Parima B del Alto Orinoco, en el estado Amazonas, al sur del país.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes confiables -y confirmada posteriormente por el gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez-, el pasado domingo se habría producido un enfrentamiento entre indígenas Yanomami y efectivos militares de la Aviación Militar Venezolana, adscritos a la Base de Seguridad Fronteriza de Parima B.

Hasta el momento, las víctimas mortales han sido parcialmente identificadas como Donaldo (22), Jonatan (22), Cariban (30) y Martina (45).

Durante los hechos también resultó herido un adolescente Yanomami de 16 años de edad, identificado como Sifonte Borges, quien fue trasladado al hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho para recibir atención médica.

"Hubo un enfrentamiento entre hermanos yanomamis y compañeros del componente aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet, generando una situación de confrontación, que dejó como resultado 4 fallecidos y 5 heridos. Ya las investigaciones del caso están en curso", informó el gobernador de Amazonas en su cuenta de Facebook.

Una persona vinculada al CICPC en Puerto Ayacucho, informó a Provea que los indígenas acudieron a la sede militar a pedir acceso al servicio de internet, y ante la negativa de los funcionarios escaló el conflicto.

"El militar es relativamente nuevo, él no sabe como tratar a los indígenas. Le cambió la clave al router, los indígenas fueron a pedírsela y él les respondió que no se las iba a dar. Según la entrevista que se le hizo a un sargento adscrito al comando, el funcionario de más alto rango respondió a los Yanomami ´Eso es de nosotros, no de los indios. O se van o les caigo a tiros", señaló esta persona, a quien preservamos en condición de anonimato por razones de seguridad.

Hasta el cierre de la jornada de este martes, se sabía que la Defensoría del Pueblo de Amazonas había abierto un expediente para investigar lo ocurrido, y que una comisión del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y mandos de la Zona de Defensa Integral (ZODI) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se habrían trasladado al sector Parima B para investigar los hechos.

Personas vinculadas a la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas, informaron a Provea que no fueron notificados de la creación y traslado de esta comisión, por lo que fueron excluidos de las investigaciones iniciales que se desarrollan actualmente en el terreno de los hechos.

Urge esclarecer los hechos

Provea ha instado a las autoridades venezolanas a esclarecer urgentemente los hechos y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar, con estricto apego a los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acuerdo amistoso suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de los sucesos conocidos como la Masacre de Haximú, ocurrida en 1993.

Entre los meses de junio y julio de 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjeron dos ataques que propiciaron el asesinato de 16 indígenas yanomami, ocho de ellos niños y niñas incluyendo un niño de menos de un año.

La masacre fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que ejercían minería ilegal en territorios indígenas.

Luego de los hechos, el Estado venezolano se comprometió a suscribir un acuerdo con el gobierno de Brasil, para establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto, para monitorear y controlar la minería ilegal en territorios Yanomami.

Tensiones por el territorio

Actualmente las tensiones entre indígenas y actores estatales y no estatales, han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, que ha sido atizado por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco.

En 2021, Provea recibió reportes provenientes de miembros de las comunidades indígenas fronterizas con Brasil, sobre el aumento de la presencia de mineros ilegales armados y la complicidad de militares venezolanos con estas agrupaciones.

Antes, en 2013, Provea comenzó a advertir insistentemente, los riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin un enfoque multidimensional de respeto y protección a los modos de vida y costumbres de estos pueblos.

El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro -en Consejo de Ministros-, promulgó el Decreto nro. 2.248 mediante el cual se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco, un proyecto de megaminería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones habitadas por comunidades indígenas.

Dicho proyecto se impuso sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas afectados y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental.

La militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales, transnacionales y economías criminales que explotan los recursos naturales en esta zona, aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios.

Doce indígenas, pertenecientes a las etnias Pemon, Warao, Jivi y Yanomami, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública venezolana en distintos conflictos asociados a la presencia de estos últimos en territorios ancestrales.

Los presuntos responsables, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Marina, Policía de Delta Amacuro y Aviación Militar Venezolana, actuaron conforme al ya habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener reclamos, empleando armas de fuego y ocasionando estas lamentables muertes.

Fuente: Prensa Provea