La visita de la vicepresidente de EEUU, Kamala Harris, dejo clara cuál es la exigencia del gobierno estadounidense para México: frenar a toda costa el flujo migratorio de Centroamérica, cuestión que sido parte de las principales actividades de la Guardia Nacional.
Camilo Cruz México
Viernes 2 de julio de 2021
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado cruzado -entre otras cuestiones- por el tema migrante, tanto nacional como el que proviene de Centroamérica. Al inicio de su sexenio tuvieron lugar las primeras caravanas de miles migrantes que expresaban la agudización de la precarización laboral y la violencia estructural en Centroamérica.
La política que este y otros gobiernos han tenido frente a la migración está íntimamente cruzada con las exigencias que tenga la Casa Blanca. Independientemente de si es un republicano o un demócrata quien ocupe la silla presidencial, la política antinmigrante ha sido una constante, si caso varia con algunas medidas que intentan maquillar la permanente persecución, criminalización y detención de migrantes en México y EEUU, con deportaciones masivas.
En el trascurrir del sexenio la exigencia del anterior gobierno de EEUU, encabezado por Donald Trump fue que México fungiera claramente como primer muro antiinmigrante, tras la retórica que apuntaba a que el gobierno mexicano pagaría la construcción del muro fronterizo, Trump comenzó a asegurar que México ya lo estaba pagando, haciendo alusión a la presión que el imperialismo hacía en el gobierno obradorista para militarizar la frontera con Centroamérica.
A la par de esta exigencia se aprobó la creación de la Guardia Nacional, que tras la retórica de “pueblo armado” y la creación de un nuevo cuerpo de seguridad conformado y comandado por civiles, se justificaría la continuidad de la militarización del país ahora con un marco jurídico para poder desempeñar labores de seguridad ciudadana, cuestión que incluso la propia ONU advirtió tras la fundación de la GN, diciendo que bajo ningún Estado democrático (burgués) los militares no deberían cumplir funciones de seguridad pública.
Tras la creación de este nuevo cuerpo militar, se delimitaron una serie de tareas para “proteger” sectores productivos estratégicos, como la gran industria, las minas. Sumándose también a la militarización de las fronteras norte con 15 mil gendarmes y 6 mil en la frontera sur y de puntos neurálgicos del paso de migrantes a lo largo del país.
Cambio de gobierno en EEUU, misma política antiinmigrante
Tras las elecciones intermedias en México, tomo relevancia la visita de la vicepresidenta de EEUU, la demócrata Kamala Harris, quien vino con una agenda muy concreta: por un lado para presionar en la implementación hasta el final de la reforma laboral y por otro lado para discutir el tema migrante, dónde se plantearon una serie de programas sociales para mitigar la migración, pero que de fondo son una cobertura de una clara la exigencia del imperialismo de cero migración por México, lo que implicaría una política mucho más agresiva por parte del gobierno federal.
Esta visita se da también en el marco de la presentación de tres iniciativas de reformas constitucionales por parte del presidente, una de las cuales contempla la integración de la GN a la SEDENA, un claro camino a la continuidad de la militarización del país.
Recientemente trascendió la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos que interpusieron una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la militarización de tareas migratorias en México, con casos claros de violación de derechos humanos, represiones brutales y un alarmante incremento de “push back” o “devoluciones en caliente”, mismas que coincidieron con las declaraciones del alto comisionado de las naciones unidas en el México, Guillermo Fernández, quién señalo que tiene documentación de da cuenta de las deportaciones en caliente desde la frontera o centros migratorios.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay 451 quejas contra la Guardia Nacional, de las cuales el 20% tienen que ver con el actuar contra los migrantes.
En los últimos tres años de mandato obradorista, podríamos ver que el tema migrante cobre cada vez más peso en la escena nacional. Este gobierno ha sido correa de transmisión de las políticas antiinmigrantes del gobierno estadounidense, cuestión que podría agudizar la crisis migratoria marcada por una política de cero tolerancia, con mayor presencia militar en las fronteras, abusos de derechos humanos, criminalización y deportaciones “en caliente”.
Es por eso que bajo esta situación es urgente que las organizaciones obreras que se reclaman democráticas, las organizaciones políticas y sociales nos pronunciemos por libre tránsito y plenos derechos para nuestros hermanos migrantes y por el regreso de los militares a sus cuarteles, Basta de criminalización de las familias migrantes que buscan un mejor futuro.
