Chihuahua. Militarización en la frontera norte, un obstáculo más en la lucha por el agua

A pesar de que, en campaña electoral, el presidente López Obrador afirmaba que acabaría con la militarización en el país, en la realidad ha sido lo contrario. Esto quedó en evidencia en marzo de este año que se aprobó que el ejército y la marina, tendrían funciones extraordinarias de seguridad pública en coordinación y de manera subordinada a la Guardia Nacional, ignorando los terribles daños que ha tenido la militarización del país en los últimos años; tales como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya, la de Nochixtlán por la lucha en contra de la reforma educativa, entre otras.

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El conflicto por el agua en Chihuahua que se desató desde fines del año pasado, fue el incentivo para enviar cientos de elementos a la frontera norte en resguardo de la presa la Boquilla en febrero de este año.

Durante el mes de abril, el Gobierno Federal tensionó más la situación cuando publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para establecer como un asunto de seguridad nacional la utilidad pública de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo.

Esto fue motivo de conflicto, ya que el artículo 2º del decreto indica que, para contribuir con la mitigación de la sequía, los titulares de concesiones podrán ceder o transmitir temporalmente sus derechos durante la emergencia con la finalidad de priorizar el consumo doméstico y público. Los agricultores que se levantaron en defensa del agua en Chihuahua se pronunciaron contra ese decreto, ya que es un posible recurso para legalizar la extracción de agua del estado y enviarla a otras entidades.

Desde febrero, cuando las fuerzas federales ocuparon por primera vez la presa para asegurar que continuara la entrega de agua a Estados Unidos, los activistas de Chihuahua protestaron quemando edificios gubernamentales, destruyendo automóviles y manteniendo brevemente como rehenes a 30 integrantes de la Guardia Nacional. También, han bloqueado durante semanas un importante ferrocarril, en la zona de Meoqui, que es utilizado para transportar productos industriales entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con datos de The New York Times, la revuelta ha alarmado a los agricultores y políticos de Texas. Por lo que Greg Abbott, gobernador del estado, apeló el mes pasado al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, para que persuadiera al gobierno de México a entregar el agua antes de la fecha límite del 25 de octubre para evitar perjudicar a los agricultores estadounidenses.

Por su parte, el gobierno mexicano no solo envió cientos de integrantes de la Guardia Nacional para proteger las presas de Chihuahua, también congeló temporalmente las cuentas bancarias de la ciudad donde viven muchos de los manifestantes, una traición para los agricultores.

El pasado 8 de septiembre se vio a una Guardia Nacional, sorprendida y superada en número, que rápidamente se rindió ante la toma de la presa por parte de los manifestantes, acontecimiento en el que más tarde Jessica Silva fue asesinada a tiros por agentes de la misma Guardia Nacional, mientras que su esposo quedó gravemente herido, perdiendo la vida al día siguiente. Estos asesinatos siguen impunes, por supuestas investigaciones que mantienen en suspenso el caso, a pesar de que la Guardia Nacional reconoció su crimen. La continuidad de la política represiva y asesina del ejército mexicano se ve reflejado en este brutal acontecimiento.

En ese mismo mes, se dio el arribo de más de 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a Chihuahua, lo anterior, luego de la supuesta incapacidad de las autoridades, municipales y estatales, por contener la escalada de violencia que sufre el estado, para lo que se pretenden construir 3 bases militares nuevas.

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Al parecer la Guardia Nacional está para contener el descontento de trabajadores y campesinos y no para terminar con el problema de inseguridad del estado. Recordemos también las protestas ante la reapertura industrial en plena pandemia, que dejó cientos de contagios y que ha obligado a posicionar al estado nuevamente en semáforo naranja.

Además, ahora que estamos a la antesala de las elecciones de EE. UU., donde más de 28 millones ya votaron de manera anticipada, vale la pena recordar que la política de militarización de la frontera en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, ha sido mandatada desde el país vecino y en función de los propios intereses del establishment, dejando miles de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas a manos del ejército mexicano que hoy enfrenta el desprestigio del anterior secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Peña Nieto, Cienfuegos Zepeda, por su alianza con el narcotráfico.

Las y los campesinos y trabajadores que laboramos a ambos lados de la frontera no podemos confiar en las instituciones gubernamentales ni en ningún partido del régimen, ya sea en México o en Estados Unidos. Debemos confiar en nuestras propias fuerzas para lograr la administración adecuada del agua y los recursos naturales, para que no terminen en manos de quienes buscan el enriquecimiento privado a costa del medio ambiente y de la vida de comunidades enteras.

Para realmente realizar una ruptura de la subordinación que persiste en el gobierno de la 4T al imperialismo norteamericano, requiere que dejemos de pagar la deuda externa, luchar por la nacionalización de los sectores económicos que son clave en el país como la industria energética y la banca, que deben estar en manos de las y los trabajadores. Y en el caso del agua del norte del país, ir de la mano con el proletariado multirracial norteamericano y las grandes masas de precarizados e indocumentados que protestan en contra el racismo y la violencia policial.

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