Un escándalo político se destapó, por la autoasignación de la Ministra de Salud Carmen Castillo, de más de 80 millones de pesos con el denominado "bono de incentivo al retiro" amparado en una ley que ella misma tramitó en el Congreso.
Catalina Parra Militante de Pan y Rosas y el Partido de Trabajadores Revolucionarios
Viernes 9 de febrero de 2018
En el marco de la carrera a contrarreloj del gobierno de Bachelet, se destapó un escándalo político por la autoasignación de la Ministra de Salud Carmen Castillo, de más de 80 millones de pesos con el denominado "bono de incentivo al retiro" amparado en una ley que ella misma tramitó en el Congreso, ante la cual no dio manifiesto en aquella instancia de un conflicto de interés, que se expresa en su postulación al beneficio.
Ante los hechos, varios parlamentarios dirigieron sus críticas a la ministra: Karla Rubilar (independiente) planteó: "me molesta que si tenía pensado postular, lo haga con los años de servicio del ministerio y con el sueldo del ministerio". A su vez, Manuel Monsalve (ps) expresó que "debería haber cumplido con no postular mientras ocupara el cargo de ministra".
Hoy, en medio de estas y otras agudas críticas de varios parlamentarios, la ministra subrogante del MINSAL, Gisela Alarcón, anunció que Castillo desistirá del beneficio mediante una renuncia escrita antes del 28 de febrero, día en que vence el plazo para realizar este trámite.
Sin embargo, esta renuncia al beneficio esta en un marco de cuestionamiento a los millonarios sueldos y gran cantidad de privilegios que tienen las y los funcionarios políticos del Estado, donde legalmente no habría problemas en que la ministra reciba un bono por mas de 80 millones de pesos, fruto de una ley que ella misma tramitó.
Esta situación, entre privilegios, conflictos de interés y sueldos millonarios, se contrapone con la realidad de bajos sueldos, inestabilidad y precariedad laboral de cientos de trabajadores de la salud del sector público.
