Continua la polémica con el “bono clase media”, que desde un principio ha generado denuncias y reclamos al dejar a gran parte de los trabajadores fuera por no cumplir con las exigencias establecidas, además de excluir a los trabajadores informales. Ahora buscan sancionar a los trabajadores, mientras continúan los desfalcos de dinero público en total impunidad.
Domingo 4 de octubre de 2020
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 437.703 trabajadores dependientes recibieron el bono clase media sin haber cumplido los requisitos necesarios que exige la ley para acceder a este beneficio. Según indicó el organismo, tras el proceso de "verificación" se demostró que 400.603 corresponden a trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado. La institución involucrada detalló que esto implicó un gasto fiscal de US $256 millones, equivalente a más de $202 mil millones.
A raíz de esta situación, el SII estableció un procedimiento para que los trabajadores devuelvan los montos recibidos indebidamente, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, con un plazo hasta el 30 de noviembre. Enfatizando en que una vez concluido este proceso, se determinarán las acciones respecto de quienes no realicen esta devolución.
La Fiscalía Nacional anunció por Twitter que evalúa abrir investigación penal, por eventual fraude de subvenciones. Asimismo, la entidad informó que ofició al director del Servicio de Impuesto Internos (SII) pidiendo listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones.
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia y ex presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, dijo que los culpables serían “perseguidos y sancionados”, e hizo hincapié que tanto el Congreso como el Gobierno entregaron a las personas la responsabilidad de postular a los distintos beneficios.
Siguiendo línea del Gobierno, buscan perseguir y criminalizar a los trabajadores, quienes se han visto perjudicados a raíz de las medidas insuficientes que han tomado las autoridades para enfrentar la crisis, solo han buscado cuidar sus intereses y de los empresarios. No bastando con eso, han puesto grandes obstáculos para que las personas puedan acceder a las “ayudas” del Gobierno durante la pandemia.
No está demás recordar que durante el mes de junio, el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido en ese momento por el RN, modificó de forma artificial, automatizada y unilateral una cantidad considerable de fichas del Registro Social de Hogares (RSH), con el objetivo de dejar afuera a miles de familias, sin la posibilidad de que puedan postular y recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Mientras entrega miles de millones a empresarios e impulsa leyes para promover despidos y suspensiones sin sueldo, mantiene a cientos de miles de personas en la miseria y precarización, sumado a la responsabilidad que tiene en la agudización de la crisis sanitaria producto del Covid-19
Otro que salió a pronunciarse ante los hechos, fue el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, que pidió expulsar a los funcionarios públicos que "mintieron" para recibir el Bono Clase Media, agregando que "no pueden servir a Chile quienes se aprovechan del Estado".
Lo paradójico de la situación, es que no los hemos visto denunciar con tal firmeza casos como la malversación de fondos por parte de la élite militar del Estado Mayor Conjunto o del mismo Presidente Sebastian Piñera, quien ha sido cuestionado por el desfalco del Banco de Talca y la evasión de contribuciones en Lago Caburga. Y son muchos más los casos emblemáticos donde autoridades de este Gobierno y grandes empresarios no han "respetado la ley", gozando de total impunidad.
Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, aseguró que “esto confirma la seguidilla de errores que hemos constatado desde el rol público frente a malos diseños y hoy día tenemos consecuencias, que son casi 500 mil trabajadores y trabajadoras, incluidos estos grupos de funcionarios y funcionarias públicas, donde no creemos que estén todos concertados para aprovecharse de una circunstancia que tiene relación con un bono efectivamente para la clase media, que sale en paralelo cuando estaba el debate parlamentario sobre el retiro del 10%”.
Lo que es realmente inaceptable es que este Gobierno, insista en cargar la crisis sobre los hombros los trabajadores. Hace unos días vimos como a través de un discurso triunfalista anunciaban el plan de empleo y reactivación económica, que se traduce en mayor financiamiento estatal a los empresarios, mientras siguen las condiciones de precarización para la clase trabajadora.
No podemos seguir aceptando migajas, ante esta política nefasta del Gobierno y la subordinación de la CUT, se hace cada vez más urgente la coordinación entre las y los trabajadores. Es necesaria la articulación para pelear contra los despidos y suspensiones, por la derogación de la ley de protección del empleo y por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para garantizar un ingreso de emergencia acorde a la canasta básica familiar y así empujar a que esta crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo trabajador.
