La denuncia interpuesta este lunes por la Comisión Chilena de DD.HH. presenta una querella contra “todos quienes resulten responsables (…) por los delitos de homicidio frustrado; lesiones graves gravísimas, y torturas”, incluyendo al exgeneral director Mario Rozas.
Martes 12 de enero de 2021 09:22
Este lunes se presentó la primera querella por delitos de lesa humanidad contra el actual Ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado, y el actual general director de Carabineros, Ricardo Yañez. La querella fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicando, además de los delitos de lesa humanidad, el uso de agua con químicos presente en los carros lanza agua, y que han provocado graves daños en la piel de manifestantes, y el uso de gases pimienta a corta distancia.
La querella añade que “por tratarse de un crimen de lesa humanidad, en tanto perpetrado como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, ordenado por las máximas autoridades del país, y en continuidad al estado de excepción constitucional declarado en el país, es que se configura la responsabilidad en especial del Ministro del Interior y Generales Directores de Carabineros, a consecuencia de encontrarse todos ellos en posición de garantes de la integridad física y psíquica de las personas detenidas (...), y que se desprende la responsabilidad de los jefes militares y autoridades en estos delitos”.
Las fuerzas represivas han gozado de impunidad absoluta, garantizada por el deslegitimado Gobierno de Sebastian Piñera, pero también por las leyes votadas en el Parlamento, incluyendo a la oposición neoreformista, que permite criminalizar a los manifestantes.
En algunos casos se llegó a condenar a responsables directos físicos de la represión, como el culpable por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, pero los responsables políticos y quienes dan las ordenes siguen impunes. Vimos cómo el mismo día que se condenaba a los responsables materiales de su asesinato, se realizó un enorme operativo represivo en algunas comunidades Mapuche en el Wallmapu, lo que muestra claramente la necesidad del gobierno y las fuerzas represivas por mantener esa impunidad vigente.
