En conversaciones con radio Concierto y en una clara defensa al patrimonio empresarial, el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, argumentó en defensa del veto presidencial que se espera para el proyecto de ley de servicios básicos.
Fernando Jiménez Trabajador patrimonial y columnista de La Izquierda Diario Cultura
Sábado 4 de julio de 2020
Ya se encuentra listo para su promulgación el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, teléfono) por lo que dure la pandemia. Con el Tribunal Constitucional descartado, es prácticamente una realidad que el gobierno de Piñera presentará el veto para descartar el proyecto, enviándolo de vuelta a su discusión y ganando tiempo para tomar una determinación más permanente.
Pese a que que varios de los beneficios que se detallan en este proyecto ya estarían andando según el ejecutivo, como el no corte de servicios en situación de mora, o el posterior prorrateo (repartición proporcional) de la deuda; Alfredo Moreno, actual Ministro de Obras Públicas y ex presidente de la CPC, enfatizó que “de lo que se trata es que esto siga estando en el marco de una cosa voluntaria de las compañías”. El Moreno quiere que la capacidad de una familia de llegar a fin de mes, esté sujeto a la buena voluntad de los empresarios.
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Es más, el punto de mayor conflicto del proyecto es el tema de la compensación a las empresas. De acuerdo a las propias palabras de Moreno, el no pago de la deuda por servicios básicos: "se tiene que hacer con compensación de acuerdo a la ley, a la Constitución de Chile y el Estado de Derecho". Para el ejecutivo es imposible imaginar una situación en que las grandes empresas dejen de percibir un peso menos de ganancias.
"Si lo establecemos por ley eso puede terminar siendo un motivo de demanda contra el Estado de Chile", sentenció. Según Moreno, no se puede cargar un problema público en determinadas empresas. Sin embargo cuando empresas como LATAM (donde Piñera es un accionista mayoritario) dejan de percibir un mínimo de ganancias millonarias, es el Estado y sus recursos fiscales quien acude a su rescate, sin nada que asegure que ese salvataje evitará despidos o sueldos impagos.