El Observatorio de Misoprostol emitió un informe en donde releva los aumentos que tuvo el medicamento, la relación con los salarios que perciben las mujeres y el impacto que esto tiene en el acceso al momento de una interrupción legal del embarazo.
Martes 11 de agosto de 2020 20:01
El Misobservatorio es una organización que analiza el acceso al Misoprostol. Partiendo de este análisis elaboró un informe que incluye el monitoreo del precio del medicamento, la relación con los salarios que perciben las mujeres y determinar así el grado de accesibilidad.
Pero para llegar a una conclusión respecto del impacto que tiene en la salud la posibilidad o no de acceder a este medicamento para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, es necesario saber ¿qué es el Misoprostol?
Es un medicamento introducido en la década del ’80 para el tratamiento y prevención de úlceras gástricas. Años después, se descubrió su uso ginecológico para la interrupción voluntaria del embarazo: de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los métodos más recomendados y seguros y puede ser aplicado en la propia casa. Las investigaciones médicas demostraron que tiene una tasa de efectividad del 85%, que aumenta si se combina con la administración de Mifepristona, otro compuesto con propiedades similares.
Para el proceso, son necesarias 12 pastillas que se toman en tres dosis, por vía sublingual o vaginal. En la mayoría de los casos, el aborto se completa en término de 24 y 48 horas.
En nuestro país la fabricación de Misoprostol solo está a cargo del Estado en la provincia de Santa Fé, mediante el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) que garantiza la distribución en todos los centros de salud para ser utilizado en las interrupciones legales del embarazo (ILE).
En el resto del territorio existe el laboratorio Beta, que produce el Oxaprost, que si bien tiene Misoprostol su uso está indicado para enfermedades gástricas. A partir del año 2018 la ANMAT autorizó a Laboratorios Domínguez a producir Misop 200, aprobando su distribución en centros de salud y venta en farmacias bajo receta archivada. De modo que la persona que lo requiera deberá tener la indicación de un ginecólogo que autorice su uso.
Esta aclaración es importante porque en Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo ilegal. Es por eso que remarcamos que si desde el Estado a través de los hospitales públicos no se garantiza su entrega gratuita, la única opción es comprarlo en una farmacia con la receta de un médico y solo por las causales autorizadas en el Código Penal.
Monitoreo de Precios
El informe hace foco en el valor comercial de este medicamento, los aumentos que tuvo en relación a la inflación y su relación con el salario mínimo. Esta información luego es comparada con los ingresos mensuales de las mujeres para determinar entonces cuál es el grado de accesibilidad que tienen aquellas personas que necesitan comprarlo para interrumpir su embarazo.
Antes del 2018, el único laboratorio que vendía un medicamento que contenía Misoprostol era el laboratorio Beta, monopolizando el mercado y por lo tanto formando el precio a su conveniencia. Su costo aproximado, allá por el 2010, era de entre 240 y 320 pesos. Durante los últimos cuatro años (2015-2019) el aumento fue de 1280%. Por su parte Laboratorios Dominguez vendía en marzo de este año el Misop 200 a un costo de 4.828 pesos. Esto representaba el 27% del salario mínimo.
Una de las variantes que influyen en el precio del Misoprostol es la inflación, el otro factor a tener en cuenta es su venta en el mercado clandestino, lo que hace imposible controlar su valor. Obviamente esos aumentos no tuvieron su contraparte en los salarios.
De acuerdo al informe del Observatorio cerca de 1,2 millones de mujeres no pueden acceder a la compra del Misoprostol. Tener la posibilidad de comprar o no un medicamento se traduce en una primera inequidad y por lo tanto el derecho a la salud se ve restringido.
El Misoprostol es un medicamento considerado esencial por la OMS, ya que numerosos estudios demuestran que es un método que se puede emplear de manera ambulatoria, su costo no es elevado y los resultados son muy buenos.
Al respecto, el Doctor Mario Sebastiani, obstetra del Hospital Italiano de Buenos Aires y autor del libro “Aborto Legal y Seguro”, en una entrevista con este diario nos decía: “En nuestro país el aborto está penalizado y tenemos 5 a 6 veces más de prácticas clandestinas que en los países donde está despenalizado”. Y agregaba respecto del Misoprostol: “hoy el aborto es farmacológico y de muy bajo riesgo. El problema es que gracias a los provida las mujeres deben pagar 4 a 5 veces más su precio en el mercado negro gracias a que ellos defienden la vida. El Misoprostol es una medicación segura y de muy bajo riesgo. Recomendada enfáticamente por la ONU (Organización Naciones Unidas) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Lo que necesita una mujer es asesoramiento, que lo logra en Internet y un médico de confianza o una institución amigable que la acompañe”.
En nuestro país la combinación de la ilegalidad del aborto con la falta de información en temas de salud sexual, que abarca a grandes sectores de la población, produce un temor al momento de realizar una consulta médica privada o en un hospital público, lo que en muchas oportunidades retrasa la consulta. La consecuencia inmediata es que este método que es considerado “seguro” se transforma en peligroso.
Una de las conclusiones a las que llega el informe es que el precio del Misoprostol junto con el requisito de la receta archivada son dos de las barreras de acceso que existen en nuestro país.
Por eso es importante señalar que en última instancia de lo que estamos hablando no es solo qué método se utiliza para interrumpir un embarazo (si los medicamentos o el quirúgico) sino que la ilegalidad de ambas prácticas obligan a la mujer a ejercerlas en la clandestinidad, con la posibilidad también de ser criminalizada, judicializada y penalizada.
Desde el gobierno nacional, y a pesar del compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández de volver a tratar la ley para despenalizar el aborto este año, ponen en duda la posibilidad de tratarla en el Congreso. Es cierto que la pandemia ha originado una crisis sanitaria y económica en todo el mundo, pero no menos cierto es que, como vemos en esta nota, la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar necesitan que el aborto sea legal, porque es un problema de salud pública, porque es un derecho y, porque en definitiva, se trata de garantizar el acceso a una práctica segura y recomendada por la OMS, que podría evitar muertes por abortos inseguros realizados en la clandestinidad.
