Mónica Campoy: "A mi hijo lo asesinaron y los gendarmes siguen en funciones"

Andrés era un joven de veinte años que estudiaba Seguridad e Higiene Industrial. El 13 de junio de 2014 dos efectivos de Gendarmería Nacional lo pararon en un control sobre la Ruta 7 en Luján de Cuyo (Mendoza) y dos gendarmes lo asesinaron de un tiro en la nuca.

Como siempre sucede, desde esa fuerza federal quisieron librarse de la responsabilidad y argumentaron que la muerte de Andrés se produjo porque “se suicidó”. Una explicación de manual.

En el caso de García Campoy, las pericias establecieron que la lesión provocada por la bala mide unos siete milímetros, lo que no coincide con la versión de los gendarmes.

La causa actualmente está caratulada como homicidio agravado por fuerza de seguridad, están imputados pero siguen en funciones los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez.

Justicia al servicio de los gendarmes

"La causa está a cargo del juez federal Walter Bento, quien nunca ordenó la detención de los gendarmes, caratulado homicidio agravado por la participación de la fuerza pública de seguridad. Que no haya un solo procesado, y mucho menos con prisión preventiva, se debe a que los sospechosos principales son dos gendarmes, fuerza a la que parece, los jueces deben cubrir en sus hechos delictivos, tal como ocurrió con el caso Maldonado", afirma Mónica.

Walter Bento fue elegido p para ocupar su cargo or el operador político de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Juan Carlos Mazzón.
El Chueco Mazzón, es un siniestro personaje, dirigente de la organización Guardia de Hierro, que durante la dictadura se subordinó al exalmirante Emilio Massera.

Bento fue recusado por parte del abogado de los Campoy, pero la medida no tuvo resultado positivo, por cuanto sigue en la causa, sin investigar nada, a pesar de que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó que haga una pericia del arma de Andy”, explicó Mónica.

Como denuncia Mónica en diálogo con La Izquierda Diario, "la causa está llena de irregularidades y después de 5 años del asesinato de Andrés todavía luchamos contra la impunidad".

Lo que pasó con Andy, con Luciano Aruuga, con los chicos de San Miguel del Monte, con Rafael Nahuel y tantos otros pibes y pibas es consecuencia del aval que el Estado le dió siempre a las fuerzas de seguridad para perseguir, torturar y asesinar, contando con su encubrimiento a través de sus instituciones, como la justicia.
Es necesario que nos movilicemos miles contra la represión y el gatillo fácil, por Andy y por todos los chicos"

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