Un grupo de monjas huye de una residencia de ancianas, dejándolas abandonadas y desprotegidas. ¿Cuál será la excusa de la Iglesia Católica para justificar este escándalo? ¿Cuál es la situación de las residencias concertadas y privadas?
Miércoles 1ro de abril de 2020
La pasada semana veíamos como un grupo de monjas se daba a la fuga de una residencia de ancianos concertada en Madrid, debido al alto número de ancianos y ancianas contagiadas por el coronavirus. Este es el Centro de Mayores Santísima Virgen y San Celedonio, según su fundación, situado “en una ubicación privilegiada junto al Paseo de la Castellana”.
La actitud de este grupo de monjas, caracterizadas como “buenas sirvientes del señor”, ha sido escapar ruinmente y abandonar a su suerte a 162 personas de la tercera edad, el sector poblacional más afectado por la llegada del virus. Este hecho, como no, fue desmentido por la Iglesia católica para no ensuciar su imagen, si es queda algo limpio de ella.
Debido a este escándalo bochornoso vivido la semana pasada, nos preguntamos, ¿cuál es pues la situación de las residencias de ancianas durante la crisis sanitaria? ¿Cómo está siendo la gestión por parte del gobierno de este problema, que, como vemos, lleva ya más de 1.500 ancianas fallecidas en lo que va de crisis?. Por el momento parece problemático el control privado y concertado de estas residencias.
En primer lugar, uno de los problemas que parece que afectan a la comunidad de Centros de Mayores es la falta de material clínico para prevenir contagios, al igual que ocurre en sanidad. Las cuidadoras de nuestras mayores se quejan de la falta de mascarillas, de trajes de protección, oxígeno, etc, lo cual no ayuda a frenar la propagación del virus dentro de las residencias. De esta forma, una gran cantidad de ancianas quedan expuestas a contagiarse con facilidad y, debido a los problemas que tienen estas personas para superar la enfermedad, casi supone una condena a muerte.
Es por ello imprescindible que se garantice los métodos de contención del virus y la seguridad de las cuidadoras para que así no se les pase por la cabeza la evasión de los centros, como ha sido el caso de “nuestras” monjas madrileñas. La situación es preocupante ya que aproximadamente un 37% de la población fallecida a día de hoy por el coronavirus proviene de los Centro para Mayores o residencias.
Además de la problemática para evitar esta escalada de contagios en las residencias, entra en juego otro gran problema para la gestión de éstas: la cuestión de la existencia de residencias privadas y concertadas. Ahora mismo, en el Estado español, se encuentran un total de 390.000 personas mayores ingresadas en un total de 6.000 residencias. De este total, tan sólo Federación Lares, que es la que se ocupa de la gestión del Centro de Mayores de las “monjas a la fuga”, controla un total de 1.000 residencias en este país, y llega a atender a 54.000 residentes.
Visto está la cantidad de influencia que tiene sobre este sector el capital privado, un auténtico negocio donde seguro están más preocupados de cobrar las tarifas por acoger residentes que de asegurar su seguridad y su salud. Es por ello que, debido a la gran crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, una de las medidas que podría ayudar a reducir la tasa de contagios en las residencias sería la expropiación y posterior nacionalización de todas las residencias de ancianas que pertenezcan al sector privado y/o concertado, para ponerlas así a cargo del Estado.
Otra medida a plantear es el control de las residencias por el personal, ya que quienes trabaja en las residencias cuidando a las personas y las instalaciones son quienes pueden buscar las mejores soluciones para la contención del virus y la prevención del contagio.
Para complementarlo, es necesario que dispongan del material clínico para realizar estas tareas son seguridad, cosa que, como hemos señalado con anterioridad, no parece ser la mayor preocupación de nuestro gobierno, llevando esto a escenas terribles, cuando nos encontramos a ancianas muertas a la hora de entrar a desinfectar las residencias.
Basta ya de subordinar nuestra salud a los intereses de los capitalistas, basta ya de permitir que jueguen con las vidas de nuestras mayores, como si fueran una simple cifra tras una vida de explotación. Nuestras abuelas y abuelos, así como el personal de residencias, merecen un trato digno y el cumplimiento de todos sus derechos y libertades, una situación que en tiempos de crisis parece sobrepasar lo que ofrece el sistema capitalista. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.
