La comunidad indígena de La Quiaca Vieja ha denunciado que el gobierno de Jujuy expropió tierras comunitarias relevadas por el INAI. También que recibieron intimidaciones por parte de funcionarios de Gerardo Morales para que desalojen las tierras ancestrales que habitan. Hoy movilizan a la capital jujeña.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Lunes 16 de diciembre de 2019 08:28
Desde el primer momento en que el gobierno provincial definió avanzar en el 2018 con el proyecto de la Zona Franca en La Quiaca ha vulnerado los derechos de las familias indígenas que viven en ese territorio y son parte de la comunidad. A espaldas de la misma, el gobierno y los legisladores oficialistas expropiaron tierras de las familias Portugués, Quispe, Castillo, Cruz y Apaza, entre otros, protegidas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales de Derechos Indígenas.
La comunidad manifestó en una nota presentada al gobernador el 19/10/19 y en la Legislatura de Jujuy, que no hubo ningún proceso de consulta, previa, libre e informada, que las expropiaciones son ilegales y que no hay consentimiento para que hagan la Zona Franca en sus territorios. Sin embargo el gobierno avanza con el plan y los funcionarios de la Zona Franca y de JEMSE hacen oídos sordos.
Hay familias que se enteraron que el lugar donde viven fue expropiado por el Estado porque fueron notificadas meses atrás para desalojar sus propias casas y terrenos, viviendo situaciones de amenazas y/o ofrecimientos para que abandonen sus lugares por las buenas, o por las malas. Una de las afectadas, Anselma Cruz, recibió la propuesta de pago de funcionarios del gobierno de tres mil pesos por las tres hectáreas donde vive. Estas situaciones fueron denunciadas por la comunidad en la Legislatura de Jujuy donde dan cuenta de la intromisión ilegal en territorio comunitario, intento de cohecho, amenaza e intimidación por parte de funcionarios de JEMSE.
Tierras indígenas para el negocio de la Zona Franca
En estos últimos años el gobernador Gerardo Morales, con el acompañamiento del PJ, avanzó en concretar la aprobación de la Adhesión a la Ley 24.331 de creación de Zonas Francas, un acuerdo establecido entre el poder Ejecutivo nacional y provincial en el 2018, y que fue ratificado por la Legislatura provincial bajo la Ley 6.065 el 22/02/18. La misma fija la creación de dos Zonas Francas, una en la ciudad de Perico, Depto. El Carmen y la otra en la ciudad fronteriza de La Quiaca, Depto. Yavi.
Pocos días de aprobada la Ley el ejecutivo elabora un proyecto de “Declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación terrenos en el departamento de Yavi para la instalación de la Zona Franca” que fue también aprobada, y convertida en Ley 6066, con los votos del oficialismo el 01/03/2018 la misma fue cuestionada y rechazada por la oposición. Desde las bancas del PTS FIT mantuvimos nuestra coherencia rechazando tanto la Zona Franca como proyecto de negocios para los grandes empresarios, a la vez, que lo hicimos con la Ley para expropiar a las comunidades.
Con esta Ley el gobierno se apropió de unas 1300 ha de tierras indígenas, de unas nueve familias de la comunidad. Posteriormente con la aprobación oficialista de una modificatoria de la Ley 6066, la Ley 6071, avanzaron en expropiar unas 700 ha más de terrenos comunitarios pertenecientes a dos familias.
Si bien las leyes se aprobaron durante el 2018, fue recién el 01/06/2019 que el gobernador dio inicio a las obras en la La Quiaca con un acto con la presencia de representantes de la Cámara del Comercio, empresarios y funcionarios en la zona donde se construiría el predio, ruta nacional n9, km 3 al sur de La Quiaca. Ahí afirmó que el predio inicial para la Zona Franca es de 50 hectáreas, con exención de impuestos nacionales y provinciales, y de aranceles de exportación e importación. Que la operadora de la Zona Franca, JEMSE, JUMI y Telinfor, son quienes profundizarán las inversiones en los próximos seis meses para el inicio de obra. Que se instalará una planta solar para proveer de energía solar más barata, libre de impuestos para los empresarios y que hay que estar preparados para que lleguen empresarios de toda la provincia, del país y de China.
Historia de la comunidad La Quiaca Vieja
Unas cuarenta y dos familias indígenas viven en La Quiaca Vieja desde tiempos ancestrales en esos territorios, "antes que llegue el tren...". La mayoría de ellas se consideran parte de la comunidad indígena y del pueblo Kolla. Se dedican a actividades de subsistencia familiar vinculadas a las ganadería de llamas, ovejas, vacas y cabras y siembra de papa, haba, cebolla, zanahoria. La condiciones de pobreza, la deuda histórica del Estado y los gobierno de turno, hicieron que muchos de sus integrantes, sobre todo la juventud migren a las ciudades como La Quiaca o San Salvador de Jujuy buscando un mejor porvenir, mientras abuelos y abuelas, y madres, sean quienes permanecieron en la comunidad. A pesar de esta situación, los vínculos con la comunidad y el territorio sigue siendo permanente.
Desde el año 1999 que la comunidad cuenta con personería jurídica (N 9098-BS-01) (846-BS-2011), y fue relevada por el INAI - Instituto de Asuntos Indígenas, y el RETECI en el 2018 (Resol. 423/2018), tras la aprobación de la prórroga de la Ley 26160, con las Leyes 26554,26894 y 27400, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Los integrantes de la comunidad afirman que las tierras que el Estado y el gobierno de Morales pretende expropiar son precisamente las tierras bajas, donde se encuentran reservorios con agua y donde se hace agricultura y ganadería. De concretar la Zona Franca en las tierras de las familias que subsisten en aquel lugar sería un grave ataque a quienes se consideran parte del territorio, de sus modo de vida y producción.
Un territorio con interés económico para los empresarios
No es casual que el Estado provincial, y el comité de Zona Franca, hayan puesto sus ojos sobre terrenos de la comunidad, ya que están cerca de la ruta nacional n9, cerca de una pista aérea (a 5 km), con tendido eléctrico y agua producto de trabajos comunitarios, y incluso con el tendido del gasoducto que pasa por esas tierras aunque ni la comunidad ni la escuela n 113 Antártida Argentina cuentan con el mismo.
Como sucede con cada negocio para los grandes empresarios impulsado en territorios indígenas, el Estado niega la preexistencia de pueblos originarios, y por ende sus derechos, basándose en una de las grandes deudas del Estado y los gobierno de turno que es la entrega de títulos de propiedad comunitaria indígena.
La situación dominial siempre jugó en contra de las comunidades y a favor del Estado y los empresarios para articular todo tipo de mecanismos de cohesión y coacción, primero para arreglar de forma individual, segundo, con promesas y ofrecimientos valiéndose incluso de la necesidad de las poblaciones que subsisten y viven en la pobreza, tercero, generando reuniones con algunos integrantes de la comunidad donde se suele informar parcialmente el proyecto en cuestión, para luego hacer valer un acta de reunión como consentimiento de la comunidad para el proyecto en curso y cuarto, haciendo valer en caso de que sea necesario las amenazas, intimaciones y la fuerza en caso de que sea necesario.
Los derechos de las comunidades originarias históricamente fueron vulnerados. El gobierno provincial se ha jactado de llamar a Jujuy la Capital de la Pachamama, realizando medidas demagógicas a favor de los mismos, visibilizando la cultura de los pueblos indígenas para promocionar la provincia para el negocio del turismo, pero también enfrentando a las comunidades, que con cada gobierno de turno, se mantuvieron críticas por la deuda del Estado para las mismas, como sucedió con las comunidades de Salinas Grandes y la cuenca de Guayatayoc ante el avance de las multinacionales mineras del litio en sus territorios.
El apoyo a la comunidad de La Quiaca Vieja, que hoy moviliza en San Salvador de Jujuy, con integrantes de otras comunidades en conflicto con el Estado y las empresas, como Querusiyal en Tilcara, Coyamboi en Susques, de la cuenca de Laguna de Pozuelos, entre otras, es muy importante.
Hay que rodear de solidaridad y tomar en nuestras manos sus reivindicaciones, como derogación de la Ley 6066 y 6071 que expropia tierras de integrantes de la comunidad, y el derecho a la consulta previa libre e informada y el respeto a las decisiones de la comunidad que ha manifestado su negativa a la Zona Franca en sus territorios que son inexpropiables, intransferibles e inembargables, y la entrega inmediata de tus títulos comunitarios. Aspectos que defendemos desde las bancas del PTS y el Frente de Izquierda y que ponemos a disposición.
