En las comisiones de la Convención Constituyente el gobierno empezó a instalar la idea de ir a fondo con una modificación del sistema electoral. Barajan la posibilidad que el Poder Ejecutivo se haga de la suma del poder público. No se puede permitir.
Miércoles 31 de mayo de 2023 22:59
En la apertura de sesiones de la Convención fue el propio Gerardo Morales quien tiró la primera piedra y en su discurso dijo “respecto al régimen electoral, algo que no se ha debatido tanto pero que estamos planteando a esta Convención, la posibilidad de que tengamos elecciones cada 4 años y que salgamos del esquema de renovación bianual”.
Claramente fue un tema del cual el Gobernador y su fuerza política que impulsaron esta reforma de la Constitución nunca informaron al pueblo. Lo cual constituye una estafa política.
Lo más grave aún es que de implementarse implicaría la pérdida de un derecho a manifestarse a través del voto. Y no en cualquier contexto. Sino cuando hay cada vez más bronca con la política tradicional que viene defraudado al electorado por medio de políticas de ajuste y entrega del país.
Recordemos en que terminó la “pobreza cero” de Macri-Morales y como nunca hubo “heladera llena” tal como prometió el Frente de Todos. Y bajo el acuerdo con el FMI no hay forma que el ajuste y el saqueo no hayan venido para quedarse.
Quitar el derecho a elegir cada dos años legisladores, quienes deben representar la voluntad popular según indica la Constitución, no es más que reafirmar un régimen que se encierra en sí mismo, busca preservas sus privilegios, dándole las espaldas al pueblo que sufre el ajuste, los bajos salarios, jubilaciones y la alta inflación.
En las comisiones desde el oficialismo y el PJ defienden este ataque al derecho al voto. Por ejemplo, el intendente “Chuli” Jorge, en la comisión de Régimen Electoral consideró que era oportuno que se vote solo cada cuatro (y no dos años) para darle “estabilidad a la gestión municipal”. En forma directa afirman que el derecho al voto para ellos está orientado al Poder Ejecutivo, el voto a legisladores (con elecciones intermedias) sería algo inconveniente. Toda una confesión de cuan poco vale en su boca la palabra “República”.
Otro que se pronunció en igual sentido fue el ex gobernador, Walter Barrionuevo, en la comisión de Poder Legislativo, Ejecutivo y nuevos organismos de rango constitucional, quien sostuvo que era conveniente el voto cada cuatro años dada la crisis de los partidos tradicionales. Otro funcionario eterno que solo piensa en las necesidades de la casta.
Un argumento que comparten ambas fuerzas tradicionales es disminuir el "gasto de la política". Hace un uso demagógico sobre un sentimiento popular contrario a los privilegios de los políticos, para desde ahí hacer pasar la quita de un derecho al pueblo (votar cada dos años). Si efectivamente se buscar bajar el gasto, deberían reducir dietas de privilegio de los funcionarios y jueces, la cantidad de ministerios y secretarías; y no por el contrario, aumentar el gasto en burocracia de estado al darle rango constitucional a distintos organismos públicos como propone la reforma de la Constitución del oficialismo.
Y mientras avanza este consenso entre UCR y PJ, el oficialismo hace correr la idea de implementar el sistema electoral que rige en la ciudad de Córdoba capital. La reforma política implementada en 2011 introdujo en la Constitución municipal que la fuerza que gana la intendencia, en forma automática, se queda con la mitad más uno del Concejo Deliberante. De esta forma, el poder legislativo pasa a ser directamente un apéndice del Poder Ejecutivo. Y pueden darse casos de enorme desproporción en la representación política, en donde un partido gane con el 30% de los votos, se quede con el 51% de la representación parlamentaria.
A esto en Córdoba le llaman “clausula de gobernabilidad” y así lo es, dado que si se aplicase en Palpalá evitaría la crisis del Intendente (PJ) que ganó la elección este año pero no ingresó ningún concejal. Esto ocurre porque las colectoras suman votos al Intendente pero su competencia entre sí, más el piso electoral (5% del padrón) les jugaron en contra. Por cierto, este piso electoral que se calcula sobre el padrón de votantes, es uno de los más altos del país, y deja a fuera a gran parte de las fuerzas políticas opositoras al bipartidismo. De más está decir, que el oficialismo no piensa modificarlo.
Suma del poder público
Si este tipo de sistema electoral se implementa en la provincia sería una suerte de golpe institucional. Dado que le permitiría al gobierno actual que se ya hizo de la mayoría propia en el Poder Judicial, contar por Constitución con el dominio del Poder Legislativo. Y la Legislatura, es y continuará siendo parte de la designación de los jueces y funcionarios de que ocupen cargos en organismos público que el oficialismo propone darle rango constitucional (Oficina Anticorrupción, Ministerio Público de la Acusación, Defensoría del Pueblo, entre otros).
Este cambio desde la UCR y el PJ comentan en las comisiones se podría implementar con las elecciones de 2027 cuando se elegirían cargos ejecutivos y la renovación total de Legislatura (48 diputados). Y la elección intermedia de 2025 sería la última de la especie y los legisladores tendrían un mandato solo de 2 años. En 2027, finalizaría el gobierno de Carlos Sadir, y podría volver Gerardo Morales y hacerse así de la suma del poder público.
Un gobierno totalitario y con una Constitución que restringa aún más el derecho a la protesta (como indica la reforma de Morales), y a la vez, haga velar por el derecho a la propiedad privada de las mineras, Ejesa, tabacaleros, ingenio Ledesma, es lo que estos mismos empresarios quieren bajo la famosa frase que repitieron en su visita esta semana a la Convención, “seguridad jurídica”.
El rechazo a la reforma en las calles, la exigencia a la CGT y CTA para que convoquen al paro general, es solo el inició de una batalla contra un régimen que merece perecer. Y que como está mostrando la lucha de docentes y trabajadores de la salud en Salta por más elecciones que haya ganado holgadamente Sáenz, ningún gobierno tiene la “vaca atada”. En tiempos de crisis de las instituciones, partidos tradicionales, ajuste al pueblo y saqueo de los recursos naturales, la pelea por imponer en la calles una asamblea constituyente, libre y soberana, donde se pueda discutir y resolver todo se vuelve cada día más necesaria.
Gastón Remy
Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.