El martes a media mañana, en la inmediación de las calles Risso y Belgrano del Barrio Guadalupe oeste de la ciudad de Santa Fe, un policía disparó por la espalda a un adolescente de 17 años. Lautaro Joaquín Saucedo murió víctima del disparo horas después en el hospital Cullen.
Sábado 2 de noviembre de 2019 18:41
Un caso más y van... un policía que desempeñaba horas adicionales para un comercio de distribución de bebidas, en la zona norte de la capital santafesina, disparó por la espalda a un joven adolescente que supuestamente había arrebatado una cartera. Según los fiscales intervinientes, el agente no se identificó como tal ni tampoco dio la voz de “alto”.
El uniformado, un subcomisario en actividad, y con prestación de servicios en la Unidad Regional V del departamento Castellanos de la Policía quedó detenido, en la causa caratulada como homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
Fue imputado por la fiscalía en una audiencia el jueves 31 por la mañana. Asimismo, los fiscales declararon a un medio local que “el imputado estaba en el lugar brindando un servicio informal de custodia” y argumentaron que “su accionar fue con alevosía y abusando de sus funciones”. También hicieron hincapié en que “el joven fallecido estaba de espaldas al imputado y a unos 50 metros de distancia aproximadamente”. Por el momento, el policía se encuentra detenido bajo el marco de una prisión preventiva.
Las cifras del gatillo fácil
Según un informe del Ministerio de Público de la Acusación, presentado por el fiscal general de la provincia Jorge Baclini en la legislatura, en el período de los últimos cinco años entre el 2014-2018, se registraron 77 casos de homicidios a manos de distintos autores de las fuerzas públicas.
En la mayor parte de estos casos participaron funcionarios de la Policía de la provincia de Santa Fe –más de ocho de cada diez. Hubo siete víctimas a manos del Servicio Penitenciario Provincial, aunque es importante tener en cuenta que cinco de ellas se produjeron en el mismo hecho. En cinco muertes en total participaron miembros de distintas fuerzas de seguridad federales.
Desde el retorno de la democracia hubo en el país más de 5500 casos de gatillo fácil y el 66 por ciento de las víctimas tenían entre 15 y 35 años. Según el archivo registrado del año 2018 de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial), cada 21 horas el estado asesina a una persona.
Hablar de gatillo fácil en Argentina, como en muchas otras partes del mundo, es hablar lógicamente, de la Policía y de sus víctimas. Pero también es, sin ánimos de restarle complejidad a un análisis más profundo, en lo inmediato pensar en las fuerzas de seguridad, que requiere hablar de política, de Estado y gobiernos, del Poder Judicial (que no es lo mismo que justicia), de negocios ilegales y crimen organizado con participación directa del Estado, de la juventud pobre, de su criminalización y de control social en clave clasista.
En Santa Fe gobierna el “socialismo” pero la policía tiene récord de gatillo fácil en relación a casos sobre el total de población. Además de estar implicada con los principales delitos (narcotráfico, desarmaderos, trata depersonas, etc.). Como así también son los responsables políticos de los asesinatos como por ejemplo de los más emblemáticos en nuestra provincia, el de Pichon Escobar, Franco Casco, María de los Ángeles Paris. Todas en distintas circunstancias, pero con un punto en común: a manos de la policía santafesina.
En el caso de Lautaro aplica lo que el macrismo consagró con sus políticas represivas, fundamentalmente Patricia Bullrich, con el impulso de la "doctrina Chocobar”, que consiste en que la policía pueda disparar ante la menor sospecha de la comisión de un delito. No obstante, hablar de gatillo fácil, en general, es, señalarlo como una política de estado, sea cual fuere el gobierno de turno.
La lucha de familiares y víctimas del gatillo fácil, junto con organismos de derechos humanos y partidos de izquierda es la contracara de la represión. Es que la organización y la lucha que se lleva adelante a lo largo y ancho del país, es sinónimo de la defensa de los derechos humanos, porque muchos de quienes peleamos contra el gatillo fácil también somos conscientes de que este sistema putrefacto, que condena a millones de jóvenes a la precarización, el desempleo, la miseria y la criminalización, no va más.
