El uso de “fuerza letal” por parte de la Policía para sofocar una protesta de internos en el penal de Cadereyta, en Nueva León, terminó en un baño de sangre. También cargó contra familiares de los reclusos.
Miércoles 11 de octubre de 2017 15:08
Un verdadero baño de sangre fue el resultado del uso de "fuerza letal" por parte de la policía mexicana para sofocar un motín en la cárcel de Cadereyta, estado de Nuevo León.
En una rueda de prensa efectuada en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua vocero de seguridad del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” dió un informe sobre lo ocurrido este martes en el penal de Cadereyta donde hasta el momento, las cifras preliminares (que podrían aumentar en las próximas horas) indican que hay 13 reclusos muertos y al menos 26 lesionados, ocho de ellos de gravedad.
Según el vocero, en el penal hay 4.000 reclusos y cohabitan 6 grupos criminales como los Zetas y Cártel del Golfo los cuales mantienen pugnas al interior. El lunes 9 de octubre por la noche un grupo de 40 presos comenzaron una riña que fue controlada por la seguridad del penal, ya por la mañana del martes hubo otro brote de violencia en el cual participaron más de 150 reclusos (aunque algunos medios hablan de más de 250) incluidos los de la noche anterior tomando como rehenes al mediodía a 3 custodios para subirlos a una azotea con la amenaza de arrojarlos al vacío.
Según la versión oficial, los reclusos acomodaron cajas de comida en las entradas del penal y les prendieron fuego para evitar que entraran los mandos de la Fuerza Civil, los cuales dieron un plazo a los internos para liberar a dichos rehenes.
Entre las 4 y 5 de la tarde la “Fuerza Civil” abrió fuego contra los presos matando a varios de ellos y liberando a los custodios, retomando también el control del penal, no sin antes un fuerte enfrentamiento entre amotinados y fuerzas represivas por los edificios y ambulatorios del penal.
La policía justifica el uso de la “fuerza letal” con el artículo 17 del Código Penal y las autoridades señalan que hay que esperar a los resultados de las autopsias para determinar quienes murieron por "venganzas y golpes entre ellos" y cuantos por el uso de la “fuerza letal”, declaró el vocero del gobierno del “Bronco”.
Lo que es cierto es que las cárceles se encuentran muy por encima de su capacidad volviéndose insoportable el hacinamiento y las disputas entre grupos delictivos rivales incluidos los pertenecientes al narco, avalados por las autoridades.
Además, las fuerzas represivas hacen lo que desean, asesinando a quien quieren utilizando un recurso ”legal” como lo es el citado artículo 17 del código penal y no hay nada que garantice que las declaraciones hechas por un vocero de seguridad del gobierno de un represor, misógino y asesino como ”El Bronco” expliquen con veracidad lo que en realidad sucedió.
En marzo de este año, en el penal de Apodaca, también en Nuevo León, se dio a conocer un caso de abuso de detenidos por parte de autoridades del penal. Fue tal el escándalo que el gobierno se vio obligado a cesar en el cargo a tres funcionarios de ese reclusorio.
Ahora, el caso de Cadereyta evidencia de nueva cuenta la crisis estructural del sistema penitenciario, en el que priman el castigo punitivo para los más pobres, abusos y vejaciones de todo tipo, mientras ofrece todo tipo de privilegios a los líderes del crimen organizado.
