Marcharon este miércoles en distintos puntos del estado sureño indígenas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos, de víctimas de desapariciones forzadas y de feminicidios y personas desplazadas.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 5 de julio de 2023 21:32
Ante la negación del estado de conflicto que se vive en Chiapas por parte del gobierno federal, cientos de indígenas mayas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales se movilizaron este miércoles 5 de julio con el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otras organizaciones, entre otros participantes.
Las marchas se realizaron en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa, Ocosingo, Simojovel, Chilón, Salto de Agua y Teopisca. Se demandó el cese a la violencia que ejercen grupos paramilitares y el crimen organizado.
Corearon consignas como “Alto a la violencia”, “presentación con vida de los desaparecidos”, “alto a la criminalización a los pueblos originarios” y “justicia”.
Estas protestas tienen lugar como respuesta a la creciente violencia en comunidades chiapanecas, en una ofensiva del crimen organizado y grupos paramilitares contra los pueblos originarios.
Tierra en disputa
No es casual, ya que en territorio chiapaneco se están desarrollando más de 40 megaproyectos de minería, cultivo de palma para la producción de aceite, explotación de energéticos (tanto hidrocarburos como energía eólica) y turismo.
El despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército está al servicio de proteger los intereses de trasnacionales y grandes empresarios, que buscan libre acceso a los bienes comunes que tan rico hacen a Chiapas y eso implica el desplazamiento forzado de comunidades enteras. La acción del crimen organizado y de los grupos paramilitares es funcional a estos objetivos.
El 30 de junio pasado fueron liberados 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido secuestrados, en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con el medio Seredipia.
No cesan los ataques contra comunidades zapatistas y el municipio de Pantelhó está en conflicto con dos grupos que se autodenominan autodefensas, con un saldo de 12 personas asesinadas hasta ahora.
A su vez, habitantes de la zona fronteriza denunciaron el desplazamiento forzado de miles de familias de comunidades, ranchos ganaderos y cafetaleros, como en el caso de Frontera Comalapa.
“El pueblo no encuentra una respuesta, hay un vacío de la autoridad muy terrible, la gente no sabe a quién acudir, la autoridad está para cuidar al pueblo, para defenderlo, pero hay un vacío muy grande ahí y mucho dolor”, denunció Luis Manuel López, obispo auxiliar de San Cristóbal, ante los distintos medios.
Su denuncia se suma a la recriminación del obispo de Apatzingán, Michoacán, al presidente López Obrador, de celebrar sus cinco años de gobierno con una fiesta en el Zócalo capitalino cuando persiste la violencia en el país.
Mientras activistas y habitantes señalan que se vive un "clima de guerra" en Chiapas, el presidente López Obrador, junto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, afirmó en la conferencia matutina del 23 de junio pasado, realizada en la capital chiapaneca, que "en general hay paz y tranquilidad".
Los hechos refutan las palabras del presidente. Ricardo Magdaleno, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapato (OCEZ-RC), busca a dos luchadores sociales desaparecidos desde hace 10 días, y denuncia que las autoridades no hacen nada.
"Somos parte de una organización que defendemos a nuestras comunidades, (pedimos) que apoyen a las familias en la búsqueda de nuestros compañeros porque hasta el momento la fiscalía solo la demanda ha recibido, pero sobre que estén buscando a nuestros compañeros no hay nada todavía", declaró a la agencia EFE.
Cómo poner un alto a la violencia
La situación en Chiapas plantea la necesidad de poner en pie un gran movimiento democrático nacional contra la militarización y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del que sean parte en primer lugar las comunidades de pueblos originarios, familiares de víctimas de desaparición forzada, defensores ambientales contra megaproyectos junto con la clase trabajadora.
Cualquier megaproyecto debe ser puesto a consideración de los habitantes del territorio donde se va a asentar y evaluado junto a profesionistas honestos que no estén vendidos a las trasnacionales y que sean independientes del gobierno y de los partidos de la derecha.
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Con información de la Agencia EFE, La Jornada y El Imparcial
