GOBIERNO SE NIEGA A LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS. Movilización y paro nacional por la libertad de los presos políticos de la rebelión

Son cientos de jóvenes los que hoy se encuentran encarcelados o con la prohibición de salir de sus hogares al estar con arresto domiciliario. Luchadores y luchadoras de “primera línea”, trabajadores, jóvenes que por primera vez salieron a las calles a manifestarse, son quienes actualmente enfrentan el castigo y la represión del Gobierno asesino. Al igual que millones más que se movilizaron contra el régimen heredado de la dictadura, las y los presos de la rebelión también dijeron “fuera Piñera”, abajo la constitución de Pinochet, y exigieron el cumplimiento de demandas estructurales que piden las grandes mayorías.

La situación de las y los presos políticos de la rebelión se ha mostrado con más fuerza en el debate nacional gracias a la lucha que vienen dando decenas de familias, amigos, cercanos, quienes vienen dando una férrea pelea por visibilizar lo que ocurre con sus hijos/as, hermanos/as, amigos/as, parejas. En estos meses se han conformado organizaciones y coordinadoras en pos de la liberación de las y los afectados, como la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP), la Coordinadora 18 de Octubre, entre otras. A esta lucha también se han sumado organizaciones políticas, de Derechos Humanos y sectores de trabajadores/as.

En estas últimas semanas se han desarrollado diversas manifestaciones y actividadespor la liberación de las y los presos políticos de la rebelión. Por ejemplo, el martes 03 de noviembre se realizó un “barrotazo” a nivel nacional bajo la consigna de “aislamiento es tortura”, esto porque se les está prohibiendo las visitas, un hecho que ha sido denunciado duramente por las familias de las y los afectados; el miércoles fue convocado por la OFAPP un mitin y conferencia de prensa afuera del Ministerio de Salud, donde las familias entregaron una carta; al día siguiente se hicieron marchas y protestas en Santiago y Antofagasta, y así.

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Un aspecto importante a destacar es que sectores de trabajadores y trabajadoras vienen tomando como suya la demanda por la libertad de las y los presos políticos. Es el caso de docentes de la Escuela Patricio Cariola, Antofagasta, quienes votaron impulsar una campaña en apoyo y en denuncia a la represión del gobierno de Piñera; o también lo vemos en manifestaciones realizadas por funcionarios/as del Hospital Sótero del Río, quienes protestaron exigiendo el pago del bono Covid y la liberación de las y los presos políticos.

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Debido a esta presión, organizaciones como Convergencia Social del Frente Amplio presentó un proyecto legislativo que propone la conformación de una comisión que trabaje un “indulto general” para las y los condenados en el marco de la revuelta, y para quienes se mantienen con prisión preventiva; así como también el retiro de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior apelando a la Ley de Seguridad del Estado. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Claramente, negarse a esta petición, apelando a que en Chile “no existen los presos políticos”.

Piñera y sus autoridades no dan su brazo a torcer, pues están decididos a reprimir y perseguir a quienes luchan en las calles y se proponen acabar con este Chile capitalista y neoliberal. A través del Estado y sus leyes mantienen a casi 300 personas con prisión preventiva y más de 200 con arresto domiciliario. En la gran mayoría de los casos no hay pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad de las y los acusados, no hay condenas, pero de igual manera cientos de personas se encuentran privadas de libertad. Un claro ejemplo es lo ocurrido con Daniel Morales y su sobrino, quienes estuvieron más de un año en la cárcel, acusados de haber incendiado la estación de Metro Pedrero, lo que fue rechazado hace unos días por el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago.

La política represiva del Gobierno y el Estado de Chile, las medidas estériles de la “oposición”, y la pasividad de organismos de masas ante la situación de los presos políticos, abre la pregunta sobre qué camino emprender para generar la más amplia campaña democrática y solidaridad, que permita articular una fuerza que con movilización en las calles pueda plantear seriamente la liberación de las cientos de personas privadas de libertad.

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Es imprescindible que organismos sindicales, estudiantiles y sociales impulsen una amplia campaña y movilización por la liberación de los presos políticos

El Gobierno se empecina por mantener en total impunidad a los violadores de DD.HH. Según informes entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), existen 2.520 querellas y acciones judiciales contra agentes represivos del Estado, donde un 93%, es decir, 2.340 son contra Carabineros; le sigue el Ejército con 97; y la PDI con 34 querellas. Sin embargo, hasta ahora solo 31 querellas han sido formalizadas contra 78 agentes represivos imputados. Ni siquiera los informes internacionales que develan las violaciones sistemáticas a los DDHH, como el informe de Human Rights, han sido tomados en cuenta por el gobierno de Piñera.

Lo anterior es muestra de que Piñera, sus Ministros y partidos, están dispuestos a negar y mantener el castigo “ejemplificador” contra nuestros luchadores, sólo por el hecho de movilizarse contra las odiadas herencias de la dictadura que se pusieron en cuestión desde octubre del 2019. Y es que con garrote el Gobierno ha querido mostrar a los millones que nos movilizamos qué nos pasará si nuevamente cuestionamos con fuerza en las calles y movilización este régimen.

Es urgente que los grandes organismos que dirigen los sindicatos más estratégicos e importantes del país, como la CUT- liderada por el PC-, el Colegio de Profesores- dirigido por el humanista de Aguilar-, los organismos estudiantiles como la CONFECH- dirigida por el PC y el FA- hagan un llamado ya a trabajadores, mujeres y jóvenes a levantar un plan de lucha, con movilización y paro nacional. Con la fuerza de millones debemos exigir la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos de la rebelión y también del pueblo mapuche, y el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las violaciones a los DDHH.

Es necesario que la solidaridad con las y los presos políticos, sus familias y amigos se siga expandiendo por todo el territorio y a nivel internacional. Sabemos que la única forma de poder lograr la libertad será a través de la fuerza de la movilización que culmine en una huelga general. Necesitamos la más amplia unidad entre la clase trabajadora que paralice los centros productivos más importantes del país tomando esta demanda sentida en sus manos, junto a jóvenes, mujeres y mapuche, con las coordinadoras que se han levantado, los Comités de Emergencia y Resguardo, las Asambleas Territoriales, organismos de DDHH, organizaciones sociales y políticas. Solo la propia organización de la fuerza de millones podrá lograr este objetivo, sin esta perspectiva es difícil poder conquistar cada una de las demandas que millones pusimos en la calle durante la rebelión en medio de un proceso constituyente que está lleno de trampas impuestas por los partidos del régimen y sus instituciones.