Chihuahua. Movilizaciones por el agua logran que la Segob revise el pliego petitorio de la Aurech

El 13 de octubre, faltando 11 días para el vencimiento del plazo asignado para la entrega del agua de México a EE. UU., prevista por el Tratado de Aguas de 1944, la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión con el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar Ortega.

El objetivo es cumplir con la entrega que marca el Tratado de Aguas y que sea antes de las elecciones presidenciales en EE. UU., para evitar que el incumplimiento en el pago de agua se vuelva un tema electoral en el ámbito internacional.

Es un tema estratégico, ya que el agua es un recurso elemental que ha servido para la agricultura en ambos países a pesar de tratarse de una zona árida y que se vuelve indispensable para enfrentar la pandemia que hoy nos avasalla. Además, el discurso y la política de la administración de Donald Trump con respecto a nuestro país ha sido de subordinación a sus propios intereses, en contra de los migrantes y de odio racista que pretende dividir a la clase trabajadora de ambos países.

Como ya hemos mencionado antes, se deja de lado el problema medio ambiental de la escasez de agua por sequía, una realidad que enfrenta el campesinado en la región y que debe ser revisada para evitar el mal uso de los recursos naturales y el impedimento del acceso al agua por parte de la población, no sólo en el marco del cumplimiento del Tratado, sino del uso de los recursos de la región en general.

Sobre la reunión

El encuentro fue privado y participaron varios legisladores federales y locales que ya habían llegado a acuerdos previos con la Segob para el cumplimiento del Tratado. Por parte de más de la mitad de los módulos de riego afectados por la falta de agua, Alcántar Ortega entregó un pliego petitorio que Segob y las autoridades presentes quedaron en revisar. A raíz de la reunión se acordó examinar la infraestructura hídrica de la entidad, atender las necesidades de inversión y protección del campesinado de la región, así como, asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano.

A cambio, las autoridades federales pidieron que los distritos de riego cumplan con el pago del agua, analizando las posibilidades para dicho cumplimiento, algo a lo que se han opuesto los agricultores y sus familias, debido a que ya se pagó más del 100 % de la cantidad de agua que concierne al Tratado, como afirma Salvador Alcántar.

Esta es una muestra más de que sólo la presión de la movilización logra la atención de las necesidades de la población por parte de las autoridades, pues las más de 20 mil familias de agricultores han salido a luchar por el resguardo del recurso vital, aún con la presencia de la Guardia Nacional que ha militarizado la región desde febrero de este año.

La propuesta de las autoridades es que una vez que se arregle la entrega de agua se prometió, se instalará una mesa de trabajo por parte de los involucrados a fin de atender las demandas del pliego petitorio de las familias de agricultores agrupados en la Aurech.

Vale la pena recordar que Sánchez Cordero ha sido mandatada por AMLO y el gobierno de la 4T, para tranquilizar las distintas protestas y movimiento sociales a nivel nacional. Mismas que no han encontrado una resolución real hasta el momento, así como los familiares de víctimas de feminicidio o trabajadores de la salud que protestaron por insumos y seguridad laboral para enfrentar la pandemia, sin que al momento se hayan otorgado pruebas masivas, al menos para el sector salud.

No se utilizará a la fuerza pública… ¿una vez más?

En torno al conflicto, López Obrador volvió a señalar en conferencia matutina de ese mismo día, que fue incitado con fines electorales por parte del Partido Acción Nacional (PAN) que busca posicionar a su próximo candidato, Gustavo Madero y, además, aseguró que no utilizará a la fuerza pública para desalojar a quienes participan en las protestas.

Sin embargo, el hecho de que la Guardia Nacional resguarde la presa "La Boquilla" es ya un indicio de represión contra la protesta, así como el uso de las fuerzas armadas en distintas movilizaciones, como la del pasado 8 de septiembre en contra de la “Caravana por el agua”, donde la pareja de Jéssica Silva y Jaime Torres, fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional sin que hasta el momento haya un juicio por este grave crimen; en el que también está involucrado el actual gobierno del panista Javier Corral, quien a mediados de año afirmaba su total cooperación con el gobierno federal para el cumplimiento del Tratado de Aguas.

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Ver el tema de la falta de agua en el norte del país desde el punto de vista de cumplir con dicho Tratado, es una muestra de la cruenta subordinación del estado mexicano al imperialismo estadounidense en medio de una sequía de carácter histórico.

Si el gobierno de la 4T realmente está por la resolución del conflicto a través de las mesas de diálogo debe tocar como primer punto el juicio y castigo de los responsables por la muerte de estos agricultores y padres de familia, Jéssica y Jaime, que pusieron el cuerpo luchando para que no les arrebataran el agua debido a la apertura de la presa La Boquilla, una decisión frente a la que venían oponiéndose estas miles de familias y que fue tomada de manera autoritaria, poniendo en riesgo la vida de cientos que resultaron heridos en la manifestación del pasado 8 de septiembre.

Es urgente la alianza entre trabajadores del campo y la ciudad a ambos lados de la frontera en la lucha por el vital líquido, para defenderlo de la avaricia de gobiernos y empresas trasnacionales imperialistas que para aumentar sus riquezas profundizan la devastación del medioambiente y la carestía de la población.