Publicamos la declaración del Movimiento por la Asamblea Constituyente (MAC) y su posición frente al Plebiscito del 25 de octubre.
Lunes 21 de septiembre de 2020
La crisis es multisistémica y no comenzó en los últimos 30 años
La crisis en que nos encontramos es herencia de cinco siglos de dominación de España, Inglaterra y EE.UU., que han bloqueado todos los intentos de desarrollo soberano y político de los pueblos de Chile. Al igual que en el resto del continente, nos han sometido a un rol de proveedores de materias primas y de satélites geoestratégicos, apelando a la intervención militar directa o a maniobras intervencionistas abiertas o encubiertas, durante nuestra historia común.
Las metrópolis del norte hicieron todo lo necesario, de acuerdo a sus fines, para que nuestro país continúe siendo un caso de desarrollo frustrado, que no satisface los parámetros de una República, con democracia no tutelada, soberanía, libertad e independencia.
Hoy, somos simplemente una neo-colonia con apariencias de autonomía formal, sometida a poderes fácticos transnacionales que operan a través de un puñado de empresarios, partidos políticos, parlamentarios, altos mandos militares, intelectuales y burócratas a buen precio, que se han transformado en parte integrante de la estructura de dominación sobre los Pueblos de Chile.
Asistimos a una encrucijada histórica en que convergen, por una parte, la crisis capitalista mundial y, por la otra, el derrumbe de todo el sistema impuesto por la violencia terrorista del Estado en septiembre de 1973, reacondicionado la dominación para su continuidad y profundización desde marzo de 1990.
Hoy, la potencia rectora del capitalismo mundial ha entrado en una crisis sin precedentes, pues ha surgido un contrapoder que avanza desde oriente a occidente, China, India, Rusia y Europa (esta última desligada de EE.UU.), diversificando su influencia a escala global en la economía, el comercio, la ciencia, la tecnología, la política y también en el campo de la geoestrategia militar.
Se trata de una crisis multisistémica con dimensiones económicas, sociales, ecológicas, institucionales, políticas y morales que, a la luz de la pandemia del COVID-19 en Chile, refleja la debilidad esencial de la estructura y la superestructura de la sociedad y del Estado, del aparato productivo-reproductivo y financiero, así mismo, pone de manifiesto lo nefasto del capitalismo neoliberal para los territorios y sus comunidades.
Crisis, Rebelión Popular, pandemia y caída de los mitos de la transición
La situación de hoy es crítica. La coalición dominante continúa con la entrega desvergonzada de riquezas naturales y fondos previsionales a capitales privados y transnacionales, con goteos miserables de impuestos al Estado. Las regiones continúan debilitadas por el centralismo de la estructura estatal.
El país completo está dañado por la desigualdad, la depredación ambiental y la corrupción transversal en instituciones políticas, religiosas, económicas y de altos mandos militares y policiales, por las colusiones empresariales, la delincuencia común, los abusos y la falta de justicia en todos los niveles.
La respuesta de la elite dominante ante la Rebelión Popular ha sido la represión con violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, particularmente brutales contra la juventud y comunidades mapuche. La intensificación de medidas terroristas propias de la dictadura, se impulsan bajo la cobertura de medidas de combate al coronavirus.
El gobierno necesita, desesperadamente, recrear la figura de un “enemigo interno” porque su gran objetivo es la desmovilización y represión de la Rebelión Popular antes que la mitigación efectiva de la crisis sanitaria. La pandemia pasará, pero con esta forma subsidiaria de gestionarla como bien de mercado, incubará nuevas crisis. El sistema de salud público chileno, no era “el mejor del mundo”. Chile se encuentra entre los países con más altos niveles de contagio y muertes a nivel mundial con relación a su número de habitantes.
Paralelamente se profundiza la crisis económica con quiebras de miles de pequeñas y medianas empresas, cesantía e indigencia progresiva para millones de trabajadores y trabajadoras y sus familias en dramáticas condiciones de hacinamiento, endeudados y, en muchos casos, pasando hambre y frío. Al mismo tiempo, entre otras áreas de la vida cotidiana que afectan desastrosamente la salud mental de la población, la crisis continúa vulnerando la educación, su calidad y la integridad del profesorado, apoderados y del alumnado de todas las edades, que deben hacerse cargo de tareas para las que no fueron preparados. La respuesta del gobierno es blindar al gran capital financiero y hacer publicitadas y demagógicas entregas de bonos y ayudas que resultan insuficientes a los sectores más afectados. Las comunidades populares territoriales resisten con ollas comunes y otras actividades solidarias.
Los mitos de la transición se han derrumbado. “La medida de lo posible” ha sido en “la medida que el gran capital financiero permita hacer algo a la élite chilena”. Así no hay Independencia. No hay democracia plena. No hay verdad, justicia, reparación ni equidad. No hay respeto ni protección a las personas, a los pueblos-nación originarios ni a la naturaleza. No hay subordinación de las fuerzas armadas y policiales a la autoridad civil.
La confabulación de la élite dominante y sus peones contra los pueblos de Chile. La Asamblea Constituyente es lo principal
El contexto clave para comprender el actual escenario político es la imposición del gobierno con un diseño de contención y obstaculización de la Rebelión Popular de octubre de 2019.
Catorce partidos políticos, autodenominados de “oposición”, suscribieron un comunicado el 11 de noviembre de 2019 exigiendo al presidente de la república “un plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución”. Tres días después, los poderes fácticos presionaron a tal punto que los mismos firmantes de la declaración del 11 de noviembre, salvo excepciones, se dieron una voltereta y aceptaron el mal llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” en una conspiración de cúpulas, cuyo fin último no fue escuchar el clamor democrático de los pueblos, sino desactivar y neutralizar la rebelión popular con el objetivo de evitar el derrumbe del régimen político e institucional instaurado en el pacto de julio de 1989, vigente hasta hoy. El 15 de diciembre pasado, la Asociación Chilena de Municipalidades convocó a una consulta ciudadana, para preguntar qué tipo de organismo debe cambiar la constitución. En 35 de los municipios, la cédula incluyó las opciones de convención mixta, convención constitucional y asamblea constituyente, logrando, esta última, un contundente respaldo superior al 80% de los votos válidamente emitidos. Aunque no fue una consulta vinculante, fue una respuesta legítima de la ciudadanía. Estos hechos, junto con las protestas y Rebelión desde octubre, fueron clarísima advertencia de la organización del Poder Constituyente Originario, que llevaron al gobierno a imponer la Ley 21.200, publicada el 24 de diciembre de 2019, en la que se omite la opción “ASAMBLEA CONSTITUYENTE”, como alternativa legítima para redactar la nueva constitución.
Denunciamos que el “Acuerdo por la paz” y la correspondiente Ley 21.200, imponen a la ciudadanía un mecanismo con dos falsas alternativas que no permiten alcanzar una nueva Constitución. Los redactores y operadores del pacto fueron los sectores políticos más deslegitimados en las principales encuestas del período, con más del 93% de rechazo a su accionar político.
El trasfondo del mal llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” y la Ley 21.200
En las elecciones de delegados convencionales, se aplicará la actual Ley de Votaciones Populares y Escrutinios emanada de la dictadura que favorece descaradamente a la maquinaria burocrática de los partidos centralizados en la capital. Para los candidatos independientes, en cambio, se exige reunir el 0,4% del total de personas que votaron en el correspondiente distrito electoral, en la elección anterior de diputados. Por tanto, los independientes quedan en desventaja ante los partidos políticos, por cuanto su representación en ambas convenciones quedará severamente debilitada.
Esta ley establece que las dos convenciones no son soberanas. La potestad para redactar normas está completamente coartada. Ni siquiera el 100% de sus delegados podría modificar las amarras impuestas desde la cúpula del poder fáctico. Por una parte, los procedimientos administrativos para la toma de decisiones quedaron preestablecidos en la Ley y no pueden ser modificados por las convenciones. Por la otra, no pueden asumir atribuciones que han sido previamente cercenadas por la Ley 21.200 y que son propias de un verdadero poder constituyente, tales como suspender el ejercicio del Congreso, exigir la renuncia del presidente de la república y otras autoridades o llamar a plebiscito sobre los temas en que no haya acuerdo. Lo que deja al desnudo la intención de esta maniobra política para neutralizar el potencial constituyente de las grandes protestas ciudadanas que estremecieron al país desde octubre de 2019.
Los sectores que proponemos cambiar el nocivo modelo imperante en Chile estamos obligados a contar con 2/3 de los votos y los que quieran mantener el régimen actual les basta con 1/3 más 1 voto para bloquear cualquier iniciativa que afecte los intereses de la dominación.
Serán compatibles los cargos de parlamentario e integrantes de la Convención Mixta Constitucional. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento, pero mantienen sus dietas parlamentarias y una vez que cese la convención, vuelven inmediatamente a sus cargos en el Congreso.
La Convención carece de atribuciones para tomar decisiones que interfieran en la jurisdicción del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Contraloría General, el actual Congreso Nacional y los Tratados Internacionales, incluidos los Tratados de Libre Comercio (TLCs).
Si en el plebiscito de salida no se aprobara el nuevo texto Constitucional propuesto por la convención continuaría vigente la constitución de 1980 aunque se hubiere aprobado mayoritariamente su cambio en la primera papeleta del plebiscito de entrada.
Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución, la actual Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla. Los convencionales podrán hacer reclamaciones ante la Corte Suprema, pero en ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.
El itinerario que impone la ley 21.200, con un plebiscito de entrada el 25 de octubre de 2020 y otro de salida, a mediados de 2022, implica que el nuevo texto constitucional entraría en vigencia efectivamente mucho tiempo después que hayan sido elegidos las y los nuevos Alcaldes, Gobernadores, Consejeros Regionales (COREs), Diputados, Senadores y Presidente de la República, sin posibilidad alguna de revocar sus mandatos en forma anticipada. De esta forma el “partido transversal” que ha administrado el país en los últimos 30 años se asegura la conducción del proceso y la continuidad de sus privilegios.
El resultado lógico de la aplicación de la Ley 21.200, no será una “nueva constitución”, sino, apenas una reforma constitucional más. La ilegitimidad en su origen genera una distorsión y graves problemas de representación. La primera papeleta contiene la pregunta: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. Aquellos que contesten “APRUEBO”, al pasar a la segunda papeleta, podrán constatar que no existe la alternativa “Asamblea Constituyente”, sino que, por el contrario, se encontrarán con dos “convenciones” que impiden hacer realidad la promesa de una “nueva constitución” planteada en la papeleta número uno.
La Convención Mixta y la Convención Constitucional no son lo mismo que la ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Decir lo contrario, más que una falsedad, es una grosera estafa política.
Como Movimiento Asamblea Constituyente (MAC) llamamos a:
Votar APRUEBO y agregar abajo, en la parte blanca del voto, + ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
