Durante los últimos meses se han dictado muchas condenas en casos de violación de derechos humanos, comparando con lo lento del accionar de la justicia décadas atrás. Sin embargo, no solo son pocos los condenados –actualmente hay solo 117 militares presos en Punta Peuco- sino que también las penas son muy bajas en relación a la gravedad de los hechos.
Ana Lopez @analopezd Historiadora
Lunes 21 de diciembre de 2015
Hace poco un informe del Programa de Derechos Humanos del gobierno señaló que en la actualidad existen 1373 ex agentes de la dictadura que han sido acusados, de ellos 495 procesados y 344 condenados, aunque solo 163 “recibieron una condena de presidio efectivo” y apenas 117 están actualmente cumpliendo pena, casi el 95% de ellos en Punta Peuco.
Actualmente, el juez Mario Carroza está dedicado con exclusividad a causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, con investigaciones en distinto nivel de avance.
Sin embargo, es llamativo que muchos de estos crímenes tienen 40 o más años y aun no tienen condenas. Esto se explica tanto por la política que se instaló desde la transición pactada en adelante, en la que la Concertación, la derecha y los propios militares llevaron adelante la línea de “reconciliación nacional”, lo que quería decir dar vuelta la hoja para mirar hacia un futuro, es decir, acallar la demanda de verdad, castigo y cárcel efectiva para los responsables en función de mantener la gobernabilidad.
Por otro lado, se instaló la política de la “justicia en la medida de lo posible”, la que consagraba la impunidad en la medida en que se basaba en la mantención de la Ley de Amnistía y toda la institucionalidad de la dictadura, como la Constitución del 80 y otras herencias. En lo ideológico, esto se manifestó además en tratar de construir una especie de teoría de los dos demonios, es decir un discurso justificatorio que señalaba que la culpa del quiebre fue debido a las divisiones del pasado, por lo que se erigía ahora la política de la concertación y el diálogo social. Finalmente, la resistencia a la dictadura fue invisibilizada, para canalizar todo el descontento hacia los partidos de la Concertación y la democracia pactada.
Respecto de la justicia, la lentitud no solo se debió a que no se buscaba efectivamente condena efectiva y cárcel, sino más bien impunidad y olvido. Recordemos además que fue el propio Pinochet quién entregó la banda presidencial a Aylwin y que quedó como comandante en jefe de las FFAA, es decir, la consagración de la impunidad.
En cuanto a la justicia, se viene intentando cada vez más separar o distanciar del rol que cumplieron en dictadura; parte de eso es la elección de Hugo Dolmestch como nuevo presidente de la Corte Suprema, para los años 2016 a 2018, quién estuvo ligado a la investigación y juicio de ciertos casos emblemáticos como la Operación Albania, caso degollados, el asesinato de Jecar Neghme, etc. e inclusive fue coordinador de las causas de derechos humanos de la justicia; por otro lado también fue parte del caso sobre Jaime Guzmán, donde solicitó las extradiciones de ex frentistas acusados por el caso. De esta manera, se trata de dejar contenta también a la derecha.
Recordemos que en dictadura la justicia prácticamente no hizo nada por los temas de derechos humanos, por el contrario, los recursos de amparo no tuvieron acogida, los casos se pasaban a justicia militar y otros temas. El propio ex juez Jaime Guzmán planteó que en la charla “Justicia transicional Argentina-Chile. A 30 años de los juicios a las Juntas Militares en Argentina. Avances y obstáculos en nuestros países”, realizado en Villa Grimaldi, que no existió voluntad de los jueves para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y especialmente a los cómplices y encubridores, ya que indicó que además el criterio de la corte no era procesar a los civiles, recordando especialmente los intentos que se realizaron para juzgar a César Benavides, Enrique Montero y Sergio Fernández, todos ex ministros o con altos cargos durante la dictadura.
Consultado Hugo Dolmestch sobre el rol de la justicia en dictadura, señaló que hubo responsabilidad “por acción, por omisión, por aceptación” e indicó que “todos tuvimos alguna participación” e inclusive planteó abiertamente que la Corte Suprema fue golpista, aunque trató de salvar el rol de la justicia diciendo que al menos siguió funcionando y que fue independiente, cosa que queda claramente en duda si, como el mismo lo señala, fueron golpistas.
En la actualidad, a pesar de estos avances lo cierto es que la mayor parte de los militares y ex agentes responsables de las violaciones a los derechos humanos, está libre y no ha pagado ningún solo día en la cárcel. Además de esto, muchas de las penas son muy bajas y en muchos casos significa que ni siquiera queden presos o que salen rápidamente.
Además de esto, hoy no existe tipificación sobre el tema de la tortura y menos sobre la violencia política sexual que vivieron miles de mujeres y varones en dictadura. Inclusive en los propios casos de violación a los derechos humanos la justicia no llega: no solo continúa abierta el penal de Punta Peuco –cárcel especial en la que están los violadores a los derechos humanos y no en cárceles comunes- sino que las penas son bajas y a veces inexistentes.
Hace pocos días atrás, Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas, joven fotógrafo que fue quemado vivo en dictadura, señaló que no existe voluntad del gobierno de avanzar en materia de derechos humanos e indicó que a los ex presos políticos se los abandonó, denunciando que en realidad no existe voluntad de hacer justicia.
Lo cierto es que la demanda de verdad y, sobre todo, cárcel y justicia, sigue siendo una demanda pendiente.
