Se conoció la noticia del fallecimiento de “Coco” Juárez, médico del hospital Zegada de Fraile Pintado de Jujuy. Estaba internado en el hospital San Roque desde hace tres semanas. El Gobierno le habría negado la licencia por ser persona de riesgo. Sobran los motivos para transformar la bronca en organización.
Sábado 22 de agosto de 2020 19:00
“Coco”Juárez, tenía antecedentes de enfermedades de base como diabetes y anteriormente se había contagiado de hantavirus y dengue por las mismas condiciones de pobreza del pueblo. Un trabajador del hospital comentó a La Izquierda Diario que “estaba trabajando, incluso trabajó estando contagiado. Porque en SALUD cuando te hisopan no te aíslan, tienes que seguir trabajando hasta que te entreguen los resultados 3 a 4 días después. A Coco se le negó la licencia, era mayor de 60”.
Como se viene denunciando en todo el país, son más de 65 trabajadores de la salud que murieron en el país por responsabilidad de los gobiernos y del Estado, y más de 17 mil esenciales contagiados. Quienes perdieron la vida fueron personas de riesgo con enfermedades preexistentes a quienes se les negaron el derecho a la licencia.
Podes leer: Trabajadora del Hospital Durand: "Eran muertes evitables"
En el caso de Jujuy, el Gobierno de Gerardo Morales oculta la información sobre los contagios en la provincia. Hasta mediados de julio rondaba el 30 % de los contagiados y se conocieron por lo menos 3 muertes, 2 de las cuales eran de médicos mayores de 60 años. Desde ese momento las denuncias de contagios por falta de protección en condiciones precarias de trabajo y la ausencia de testeos se multiplicaron.
La única respuesta del Gobierno fueron los descuentos al salario o pago del bono por la tarea en plena pandemia. Atacaron a quienes se aislaron y realizaron la cuarentena como establecen los protocolos del mismo ministerio de salud al ser diagnosticados con covid-19, o ser contactos estrechos o sospechosos.
Te puede interesar: El FIT exige al Gobierno que informe sobre contagios y testeos en el personal de la salud
Otra de las respuestas del Gobierno, sus funcionarios y jefes en los centros de salud es el amedrentamiento y persecución a trabajadores, como sucede en el Hospital Zegada de Fraile Pintado donde realizaba sus tareas “Coco” Juárez, o en el Hospital Paterson de San Pedro de Jujuy, donde el mismo intendente Julio Bravo salió a desmentir y amenazar con represalias a una enfermera que denunciaba días atrás que la terapia intensiva no tenía oxígeno, no había más camas, y que estaba sobre exigida al encontrarse trabajando sola ante los contagios de sus compañeros de trabajo.
Desde Salud desde las Bases sostenemos que las muertes y los contagios son evitables, que las vidas de las y los esenciales importan. Que a diferencia de lo que marca el gobierno provincial, pero también el nacional, no son responsabilidades individuales, ni somos todos, sino que es la decisión de quienes nos gobiernan de no destinar los recursos necesarios para reforzar el sistema sanitario y proteger a las y los esenciales garantizando plenos derechos. Cobrando impuestos a las grandes fortunas como Blaquier dueño de Ledesma, responsable de por lo menos 11 muertes obreras y más de 300 contagios.
No podemos lamentar más muertes ni contagios evitables. Es indispensable que las direcciones de los sindicatos de la salud de Jujuy como APUAP, ATE, ATSA, UPCN, no sólo saquen comunicados de prensa, sino que terminen con la pasividad y se pongan a la cabeza de convocar a asambleas virtuales para definir un verdadero plan de lucha en la provincia pero también a nivel nacional. Como también la puesta en pie de comisiones de higiene y seguridad de trabajadores en cada centro de salud en defensa de las vidas trabajadoras.
En Jujuy se demostró que hay fuerzas y voluntad de los trabajadores de la salud de defender no sólo sus derechos sino que se pueda garantizar el derecho a la salud a toda la población en plena pandemia y colapso sanitario.
Un plan de lucha unificada construido democráticamente por el derecho a las licencias pagas al 100%, no sólo para personas de riesgo, o para quienes tienen covid-19, sino para quienes tienen a su cargo el cuidado de otras personas en defensa de nuestras vidas. Contra la precarización y el pase a planta de todos los contratados, reemplazantes que están en la primera línea ahora, fortaleciendo el sistema con más incorporaciones con plenos derechos. Por salarios que partan de la canasta familiar, contra la persecución y violencia laboral. La centralización del sistema sanitario poniendo todos los recursos privados y públicos para que sean los trabajadores, profesionales y especialistas quienes puedan organizar él mismo en función de las necesidades de emergencia actuales, garantizando la atención sanitaria para todos y todas, sin especular ni haciendo negocios con la salud.
