Laprida. Muerte de Daiana Abregú: nueva maniobra del fiscal y la Federal para encubrir a la Bonaerense

Tal como se había anticipado en este diario, el martes 28 (a más de ocho meses del crimen) se realizó en la Estación de Policía Comunal de Laprida la reconstrucción de la escena de la muerte de Daiana Abregú, ocurrida el domingo 5 de junio de 2022 en esa dependencia de la Policía Bonaerense.

Como se sabe, pese a lo que dicen varias pericias y al prontuario violento de esa comisaría, los cinco efectivos imputados (y sus superiores) niegan haber tenido algo que ver en el fallecimiento de la joven de 26 años. Por el contrario, aseguran que fue ella quien se suicidó “colgándose” con su campera de una reja de un metro de altura.

La “reconstrucción” fue ordenada por el fiscal del caso, José Ignacio Calonje, quien desde el principio viene siendo fuertemente cuestionado por las querellas (la familia Abregú y la Comisión Provincial por la Memoria) en función de que gran parte de su accionar está orientado a fundamentar, incluso con maniobras irregulares, la hipótesis del “suicidio”.

La causa sigue caratulada como “homicidio triplemente calificado en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumentos públicos”, pero sus cinco imputados lograron su libertad gracias a la gestión del representante del Ministerio Público.

¿Reconstrucción de qué?

Ante las inconsistencias y contradicciones en los relatos de los policías Vanesa Núñez, Pamela Di Bin, Juliana Zeleya, Leandro Fuhr y Adrián Nuñez y luego de varios pedidos de las querellas para que se realizara una reconstrucción de los hechos que llevaron a la muerte a Daiana; a fines del año pasado el fiscal Calonje puso fecha para la diligencia: el 28 de febrero a las 10 de la mañana.

Allí se deberían reconstruir los momentos previas a la muerte, el momento del supuesto “hallazgo” del cuerpo y la intervención del personal médico en el supuesto intento de reanimar a Daiana.

Finalmente este martes las calles de Laprida vieron modificado su paisaje cotidiano, especialmente en Pellegrini entre El Carmen y Michael Jones. Allí llegaron los cinco sospechosos del atroz crimen acompañados de sus abogados defensores, el fiscal Calonje, la abogada Margarita Jarque y su colega Pedro Auzmendi de la CPM y el abogado patrocinante de la familia de Daiana, Sergio Roldán.

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También lo hicieron María Laura Abregú y Roberto Arias, madre y padre de la joven. Inicialmente tenían la intención de estar presentes en la reconstrucción de los hechos, pero tras la persuasión de su abogado y el fiscal, acordaron quedarse afuera de la comisaría.

Pese al entendible argumento de no exponer a los familiares a escenas sensibles, hay que decir que la familia Abregú hace meses viene cruzándose con los imputados en la calle, recibiendo ataques por las redes sociales y demás provocaciones del entorno de los policías sin que eso parezca preocuparles a los representantes del Poder Judicial.

Precisamente el lunes, un día antes del procedimiento, el padre de Daiana denunció que se cruzó en las inmediaciones de la comisaría con el abogado de uno de los policías y que éste lo intimidó y amenazó mostrándole un arma de fuego.

Pero lo que más alteró el paisaje lapridense el martes a la mañana fue la cantidad de móviles, efectivos y forenses de la Policía Federal que llegaron hasta la comisaría local. Es que para la coordinación y realización de la “reconstrucción” el fiscal Calonje convocó a la Unidad Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la fuerza que actúa a las órdenes del ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández.

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La UCAC es la misma a la que Calonje le encargó en agosto pasado un estudio de las autopsias realizadas al cuerpo de Abregú y demás pericias, a fin de que los “expertos” determinaran cuáles de las hipótesis investigativas tenían mayor o menor sustento científico. Recordemos que la segunda autopsia, realizada por peritos de la Suprema Corte bonaerense, determinó que el cuerpo de Daiana no tenía lesiones en el cuello compatibles con una situación de ahorcamiento y, en cambio, si presentaba heridas de “defensa”.

Como se denunció en detalle en otro artículo de La Izquierda Diario , el informe de la Federal debería ser declarado nulo por las irregularidades que tuvo, empezando por la violación de artículos del Código Procesal (al dejar que intervinieran allí abogados de los policías). De hecho las querellas impugnaron a los peritos policiales y reclaman un nuevo informe, a cargo de forenses del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, Calonje no sólo validó lo hecho por la Federal sino que se basó en ese escrito amañado para excarcelar a los imputados.

Era obvio que, con esa fuerza represiva a cargo de los trámites, los cinco sospechosos y sus abogados se sintieran a sus anchas para desplegar el relato inverosímil que vienen sosteniendo, con el aval explícito del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni e implícito del gobernador Axel Kicillof, desde aquel domingo 5 de junio. Y así fue.

Viciado de nulidad

Con los cómplices federales manejando los hilos, tanto la familia de Daiana como los letrados de la Comisión por la Memoria sabían de antemano las enormes limitaciones que tendría la supuesta “reconstrucción”. Lo que se confirmó luego de las diligencias, cuando desde la CPM emitieron un comunicado explicando algunas de las irregularidades evidenciadas la mañana del martes.

Respecto a los momentos previos a la muerte y al supuestamente inesperado hallazgo del cuerpo en la celda por parte de los bonaerenses, “la reconstrucción de los hechos se basó exclusivamente en el relato de los policías imputados y se analizó una única hipótesis: el supuesto suicidio de Daiana Abregú en un sector del calabozo que se encontraba a la vista del personal policial”, denuncia la CPM. Eso “implicó desconocer la autopsia realizada por peritos de la Corte bonaerense y no reconstruir al menos algunas de las posibles secuencias homicidas que pudieran haber tenido lugar en la dependencia policial”.

De allí que califican al procedimiento como “viciado de nulidad” ya que la Policía Federal “no estaba en condiciones de ser convocada para realización de la medida de prueba al no cumplir con los principios de independencia y parcialidad”. Además, citando una Resolución del propio Ministerio de Seguridad nacional, la CPM asegura que los peritos de la fuerza incumplieron el protocolo de actuación, ya que los investigadores “no deben haber emitido opinión previa”, en caso de haberlo hecho “deben informarlo a la autoridad judicial durante la diligencia” y a su vez “deben explorar todas las hipótesis” del caso. Nada de eso hicieron.

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Según declaraciones del abogado de la familia Abregú, llamaron la atención durante el procedimiento algunas contradicciones en las que siguen cayendo los imputados. Por caso, Vanesa Núñez (una de las mayores implicadas) “señaló que su escritorio estaba en una posición diferente a la que declaró en la causa, una posición más conveniente para probar que no podía ver qué estaba haciendo Daiana en ese momento”.

En declaraciones a la prensa, Roldán también hizo referencia al relato policial sobre el hallazgo de la campera de jean de Daiana entre los barrotes. “Ataron la prenda tal cual aseguran que la encontraron y el nudo es muy visible, era imposible no verla”, describió el letrado.

Para la Comisión por la Memoria, “desde su incorporación en la causa como equipo pericial, en una muestra de defensa corporativa, la participación de la Policía Federal sólo buscó instalar la hipótesis del suicidio para desligar de responsabilidades a los policías bonaerenses”. Y afirman que “todo esto sucede con la cobertura del fiscal Ignacio Calonje”.

El tiempo corre

En este marco, tanto la familia como la querella institucional que encarna la CPM le siguen reclamando al Poder Judicial que de una vez por todas se excluya a la Policía Federal de la causa y se pida un nuevo informe pericial no viciado de nulidades. Proponen, entre otras alternativas posibles, que sean peritos de la Corte Suprema de la Nación o de organismos judiciales de Salta o Córdoba a quienes se les solicite la realización de ese estudio.

Además, insisten en que los cinco imputados vuelvan a ser detenidos con prisión preventiva, ya que está más que comprobada la capacidad que tienen de interferir en la investigación, pese a que desde el gobierno de Kicillof aseguren que no están cumpliendo funciones (aunque siguen cobrando).

Según los plazos procesales, el fiscal debe concluir la instrucción de la causa antes del 24 de junio próximo. Entonces deberá decidir si pide la elevación a juicio contra los policías o bien su sobreseimiento al no considerarlos culpables del crimen. Es decir que cuenta con poco más de cien días para seguir “investigando”. Un tiempo que puede ser suficiente o escaso, dependiendo de la voluntad que tenga de avanzar hacia la verdad. Por caso, ya debería definir si contemplará los pedidos de la familia de la víctima o bien seguirá abonando el relato de los victimarios.

En este contexto, hay un dato que no puede soslayarse. Este es un año electoral y el gobierno bonaerense del Frente de Todos se juega la reelección de Kicillof a como dé lugar. Eso implica enjuagar y maquillar al máximo la gestión de Sergio Berni, el ministro derechista que, pese a su comprobada complicidad en la represión y la llamada “violencia institucional” de la Policía Bonaerense, cuenta con el aval de todas las alas del peronismo-kirchnerismo.

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Además de Daiana Abregú, desde diciembre de 2019 en la provincia murieron bajo custodia policial o por gatillo fácil Facundo Astudillo Castro (Villarino), Alejandro Martínez (San Clemente), Francisco Cruz y Carlos Ibáñez (ambos en Florencio Varela), Brandon Romero (Mar del Plata), Lucas Verón (La Matanza), Jonathan Morales (Garín), Alan Maidana (Berazategui), Fernando Leguizamón (Quilmes), Luciano Olivera (Miramar), Franco Cardoso (Tigre), Germán López García (San Pedro), Lito Costilla (La Plata), Esteban Vella Bosarelli (Chivilcoy), Agustín Méndez (General Rodríguez) y un larguísimo etcétera.

En todos esos crímenes atroces, el ministro con aspiraciones de Rambo encubrió a sus subordinados. En varios casos, hasta puso abogados del Ministerio a defenderlos. Y, lógicamente, no escatimó en esfuerzos para quebrar a las familias de las víctimas, lo que incluye el “abrazo del oso” a través de funcionarios “progres” y el coqueteo interesado con abogadas y abogados querellantes.

Al igual que sus antecesores Vidal, Scioli, Solá, Ruckauf y Duhalde, Kicillof pactó a través de Berni con la fuerza represiva más numerosa (y maldita) del país una “gobernabilidad” que no le quite el sueño ni los votos. Como se ve, ese pacto no conoce de costos pero sí de beneficios.