Durante el año 2020 se registraron 225 muertes por Covid-19, mientras que en lo que va del 2021, ya se registran 240 fallecidos en la región, la cual ya lleva más de un mes en cuarentena. Cifras que muestran el total fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno de Piñera y el ministro Paris.
Domingo 13 de junio de 2021
Un total de 240 fallecidos a causa del COVID-19 son los que se han registrado en lo que va del 2021. Manteniendo la tónica a nivel nacional donde las cifras actuales son más altas que el año pasado, como resultado del pésimo manejo político, económico y social de la pandemia por parte de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. Aún con la vacunación masiva en marcha, las cifras dan cuenta de un nuevo aumento de contagios, incluso llegando a niveles mayores de los “peak” de contagios registrados anteriormente.
La región de Arica y Parinacota se encuentra en cuarentena hace más de un mes, pese a lo anterior, se encuentra entre las regiones con mayores índices de transmisión y tasa de casos nuevos de COVID-19 en todo el país. Así lo estableció el 44° informe ICOVID Chile.
Esta medida ha generado incertidumbre en la población, donde un gran porcentaje ve con dificultades el futuro, ya que muchos se encuentran sin trabajo, o con trabajos precarios y en pésimas condiciones laborales. A lo anterior se suma las constantes trabas por parte del Estado para acceder a las míseras ayudas, y las leyes antiobreras como la ley de protección del empleo, con la que los trabajadores se vieron obligados a pagar la crisis desde sus propios bolsillos.
Pese a este escenario el gobierno impulsó el “pase de movilidad” para quienes tengan las dos vacunas, como un incentivo para continuar el plan de vacunación masiva de la población. Sin embargo, con esto nuevamente se está poniendo en juego toda la estrategia sanitaria que parece solo consistir en vacunación para una reapertura económica lo más rápida posible que exigen las grandes empresas.
La falta de equipos de protección personal, infraestructura precaria y malas condiciones laborales se repite a lo largo del país, con el alza de contagios se traduce un mayor agobio y sobrecarga laboral para las y los trabajadores de la salud, quienes desde el comienzo de la pandemia se han mantenido en la primera línea contra el virus. Hace algunos meses vimos cómo los funcionarios del Hospital Juan Noé de Arica, denunciaron que las autoridades buscan arrebatarles derechos mínimos como sus vacaciones y permisos. Situación que también viven en otros centros de salud, como el Hospital Barros Luco de Santiago, quienes están movilizados por el agobio laboral y maltrato que sufren, a la vez que están exigiendo condiciones dignas para toda la población.
Mientras que el gobierno hace oídos sordos a sus demandas, y como vimos el día de ayer, el Ministro Paris se refirió a la "mala disposición de los trabajadores al mantener bloqueadas 27 camas". Una total hipocresía, ya que vienen siendo los mismos trabajadores quienes denunciaron hace mucho tiempo que no hay personal para atender las camas y cuando tampoco ha estado entre las prioridades de este gobierno criminal destinar recursos a la salud pública.
Ante la crítica situación sanitaria y económica es necesario avanzar a conquistar un plan de emergencia para enfrentar la pandemia, con un impuesto a las grandes fortunas que vaya en dirección del mejoramiento de la salud pública, que garantice y contemple la contratación de más personal bajo condiciones laborales estables. Además de financiar un sueldo acorde a la canasta básica familiar de 550 mil pesos, poner fin a los despidos y suspensiones, para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo trabajador.
