El sistema por ahora solo reconoció 1700 personas fallecidas tras haberse contagiado en el trabajo o en el transporte hacia él. Aún así, ya le debe millones a las familias de las víctimas. La disputa por el fondo fiduciario creado para la “cobertura covid”. Otro símbolo del fracaso del plan de vacunación.
Lunes 7 de junio de 2021 11:00
Los contagios de coronavirus en los lugares de trabajo han pegado un salto en los últimos meses. El ridículo argumento de que “la gente se contagia en reuniones sociales” fue tapado por la realidad. A pesar de los múltiples obstáculos para realizar la denuncia, ya van 300 mil casos reconocidos por las ART y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, más de 100 mil en los últimos meses.
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Como contábamos la semana pasada, esto llevó a registrarse 16 muertes de trabajadores y trabajadoras por día, a causa del covid. Solo oficialmente. Por ejemplo en el caso del personal de salud, la SRT registra menos del tercio de los fallecidos según el propio Ministerio de Salud.
El tema ha abierto además una cuestión económica. En un sistema de “riesgos de trabajo” donde las vidas trabajadoras son un número más, las muertes y lesiones se registran también en dinero. Según informa Tiempo Argentino, “una proyección de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indica que los gastos derivados por la inclusión del Covid-19 como enfermedad profesional no listada ya ascienden a alrededor de $32 mil millones”. El monto, aclara la nota, explica que corresponde a los gastos por atención y licencias por incapacidad laboral temporaria (ILT), así como de las indemnizaciones a las familias de más de 1700 víctimas fatales.
Acá comienza uno de los problemas. La Ley de Riesgos del Trabajo, creada en 1996 y reformada pero que mantuvo su esencia, fue creando una serie de mecanismo de financiación hasta crean en el año 2000 el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), administrado por cada una de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Ante la pandemia, el actual Gobierno emitió el decreto 367/20, que define que los gastos que surgiesen de la inclusión del Covid-19 como enfermedad profesional no listada, sería financiado con el fondo FFEP.
Según informaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino, ese monto había llegado a 5 mil millones de pesos, pero ya se gastó. Un 41% ($ 2100 millones) volvieron a las empresas en concepto de “pagos de las licencias ILT”, un 22% fue para indemnizaciones por fallecimientos y el resto a pagar a obras sociales y prepagas. Tengamos en cuenta que los costos de salud en muchos casos han aumentado en el último año.
Pero los gastos reclamados al momento son muy superiores a esas cifras. Las ART adeudarían más de $ 3000 millones a prepagas y obras sociales y cerca de $ 17 mil millones a las familias de las víctimas fatales. Además están en discusión los gastos de las licencias ($ 7 mil millones).
Los números, que como decimos están lejos de reflejar la situación sanitaria en los lugares de trabajo, han desatado un debate. Por un lado, el Gobierno dispuso aumentar los montos que se cotizan al Fondo. Sin embargo, aún con esa recaudación, estaríamos muy lejos de cubrir los 32 mil millones que son están en discusión en la actualidad. ¿Se imaginan con los casos que continuarán denunciándose, aún con los obstáculos del sistema?
Por eso han comenzado los debates entre las obras sociales, las prepagas, la Unión Argentina de ART y el Gobierno. ¿Quién pone la plata? ¿Quién gana, quién pierde?
Los que seguro pierden son los cientos de miles de trabajadoras y trabajadoras que se contagian en el trabajo y el transporte. Si se cumplieran los protocolos de seguridad e higiene, si la vacunación no fuera un negocio que impide que la mayoría de la población esté inmunizada, no habría que discutir estos números. Las muertes por la pandemia tienen responsables.
Tanto la cantidad de víctimas fatales del covid-19 en su actividad laboral y las deudas que tienen las ART, tanto con los familiares de esas víctimas como también con las obras sociales y las propias patronales, echa por tierra el discurso negador del Gobierno que intenta liberar de responsabilidad a las patronales, dar cobertura a su política de apertura y funcionamiento de las empresas sin necesidad de cumplir realmente con protocolos de prevención, y trasladar esa responsabilidad a “la gente” por supuesta falta de cuidados y reuniones sociales.
Pero lo cierto es que a pesar de ese peligroso discurso, los casos en los lugares de trabajo se siguen produciendo al igual que en los medios públicos de transporte. Son moneda corriente las imágenes de los centros de trasbordo como Constitución o Retiro en la Ciudad, abarrotados de gente, tanto a la salida y entrada de las estaciones en las horas picos, como en los propios trenes o colectivos. Mientras desde el gobierno no se garantiza las condiciones para viajar de una manera segura en el transporte público, tampoco se le exige a las empresas hacerse cargo del transporte de sus empleados con vehículo privados.
Ledesma, Volkswagen, Toyota, Shell, Coca Cola, las escuelas, los hospitales y clínicas, son tan solo algunos pocos ejemplos de los lugares de trabajo donde se registran casos de contagios y/o fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Negar esto no hace más que justificar el no tomar medidas que garanticen condiciones seguras en los lugares de trabajo y los medios de transporte para evitar los fallecimientos y reducir los contagios.
