La reacción ante el creciente aumento de feminicidios se cristalizó en reclamo en la capital de Ecuador. Organizaciones sociales marcharon para exigirle al gobierno una política de género urgente.
Martes 22 de agosto de 2017
Foto: Luna Roja
La muerte de Paola Moromenacho en manos de su ex pareja, y la de Paula Mayorga, al caer de un sexto piso tras una discusión con su ex novio, desencadenaron la bronca. Cientos se movilizaron el pasado miércoles 16 para denunciar al Estado por su responsabilidad e inacción. En lo que va del año, 80 mujeres han sido asesinadas en femicidios, y el número crece.
Bajo la consigna “Feminicidios No MÁS“, la protesta fue organizada por Luna Roja [1] y contó con la participación de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, y de Bloque Proletario. Afirman que el 67% de los desaparecidos del país son mujeres que luego terminan siendo ejecutadas.
Bianca, representante del colectivo organizador, indicó que “era momento para pronunciarnos más allá de las redes sociales, el detonante fue que esto debía parar, además de los casos concretos por los que ya venimos luchando”. Entrevistada por La Izquierda Diario, agregó que la marcha se movilizó hasta la Fiscalía General, pasando por la entrada del edificio de la Asamblea Nacional, para dejar en claro que el reclamo no es sólo judicial sino también político.
Foto: Luna Roja
Los dedos apuntan al Estado
La muerte de mujeres en manos de ex parejas es el último y más violento eslabón de una cadena cuyo vector es la dominación patriarcal. Una sociedad machista que aprieta de diversas maneras, encubriendo y dejándose ver en estos casos, pero que siempre está ahí, constante.
El Estado es responsable de garantizar las medidas necesarias para la prevención de las situaciones de discriminación y violencia en todos los ámbitos de la vida. Lo es porque esta matriz es de carácter estructural, y atraviesa todas las prácticas de los sujetos e instituciones.
Ecuador registra un aumento de las movilizaciones y reclamos para que el poder político se involucre de manera más integral. El 26 de noviembre del 2016 se llevó a cabo la primera marcha nacional “Vivas Nos Queremos”, organizada por una plataforma homónima. La fecha fue elegida por el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En una entrevista al medio comunitario Wambra, Rosa Ortega, referente de la plataforma, explicó que el contexto latinoamericano ha facilitado la realización de la protesta, y tomó como ejemplos las multitudinarias marchas que suceden en México, Perú y Argentina. “El Ecuador tipificó en el 2014 el femicidio, creemos que es una tipificación muy vaga y que no toma en cuenta que se trata de una violencia estructural como es el feminicidio. No sólo es una persona sino que es una sociedad entera y un Estado quienes tienen la responsabilidad y la complicidad de que la violencia de género sea tan naturalizada y devenga en estos asesinatos”, destacó.
Foto: El Universo, Marcha Vivas Nos Queremos, Quito 2016
En los últimos diez años hubo un reconocimiento a las políticas de género, pero la llamada “Revolución Ciudadana” sostuvo una orientación de perfil conservador. Cuando en 2013 la Asamblea Nacional discutió la despenalización del aborto para casos de violación, el ex presidente Rafael Correa obligó a la bancada oficialista no apoyar el proyecto y amenazó con su propia renuncia.
Un año después, se puso en marcha el polémico Plan Familia, destinado a la creciente problemática del embarazo adolescente con un enfoque de familia, cuyo eje eran fortalecer los “valores y la moral”. Una miembro del Opus Dei, Mónica Hernández, fue puesta a la cabeza, explicitando la injerencia de la Iglesia y la religión en el Estado. La discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido negada y hasta entorpecida.
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El actual presidente Lenin Moreno ha buscado diferenciarse de la postura anterior y derogó el Plan, que era objeto de fuertes críticas por parte de amplios sectores de la sociedad, y principalmente por los movimientos feministas. También, comprometió su palabra para aprobar una nueva ley sobre violencia de género antes de noviembre de 2017, cuya redacción está a cargo de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, formada por diversos colectivos feministas y varias asambleístas.
El mismo día de la marcha hacia la Fiscalía, la Coalición hizo entrega del proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Violencia Contra las Mujeres. La asambleísta de Alianza PAIS, Marcela Olguín, detalló que se solicita la creación de un comité intersectorial y de un registro único de víctimas de feminicidios. Además, exigieron la actualización de los datos: las últimas estadísticas oficiales con las que se cuenta son del año 2011, donde el INEC afirma que 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia de género.
La apertura del debate siempre es un primer paso donde todos los sectores deben pronunciarse y cuestionar el rol que juega el Estado en la reproducción de patrones de machismo en las prácticas cotidianas. Actualmente, se encuentra en discusión un nuevo Código Orgánico de Salud, y entre los puntos controversiales se encuentra el aborto.
Hace pocos días, el Ministerio de Salud envió un memorándum a todas las instituciones de salud pública donde afirma que “es menester aclarar que los profesionales de salud estamos obligados a precautelar la confidencialidad de la atención de los pacientes a través del secreto profesional”. Esto significa que si una mujer requiere atención médica luego de una práctica abortiva, debe ser socorrida con todas las garantías del buen trato y sin riesgo de ser denunciada.
Si bien esto puede significar un avance en cuanto a la atención posterior, es innegable la obligación del Estado de responder de otra manera. En una entrevista con el medio público El Telégrafo, la ministra de salud Verónica Espinosa no hizo mención sobre un posible debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, hay que continuar con la lucha para garantizar aborto libre, seguro y gratuito para todas.
El asesinato de una mujer es la última cuenta de un collar que incluye además el maltrato psicológico, físico, la prohibición de decisión sobre el propio cuerpo y la muerte a causa de abortos clandestinos. Pero deben ser la organización y la lucha por estos objetivos los que provoquen un movimiento, un temblor en los cimientos del patriarcado. Es en las calles donde se materializa la construcción de una sociedad más justa.
Aquí, en Cuenca, hace algunas semanas apareció tapado un graffiti con la consigna “Ni Una Menos". A su vez, hace unas semanas aparecieron unos nuevos, cercanos a la Universidad, en varias calles y paredes. La marea aumenta y hay que visibilizarla. Por cada una de las que no están, por las que no estarán, y por las que estamos.
[1] Luna Roja es una organización independiente y autogestionada de mujeres, que realiza un trabajo de base y permanente en barrios, en el campo, universidades, contra la estructura del sistema capitalista y patriarcal. Realizan intervenciones en espacios públicos, a la vez que se preparan para la marcha anual nacional. En su página oficial declaran que su lucha está ligada a todos los sectores oprimidos; de esta manera trabajan en cooperación con Bloque Proletario y Natura Insurrecta.
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