Hace una semana la vulneración de los derechos en los Centros de Internamiento para Extranjeros volvió a aparecer en los medios con el caso de Vanesa (nombre ficticio), una mujer embarazada en ’alto riesgo’ que estuvo encerrada durante 24 días en el CIE de Madrid.
Àngels Vilaseca Barcelona / Trabajadora de Servicios Sociales
Miércoles 14 de octubre de 2015
Son múltiples las situaciones de abuso y violencia que sufren las personas encarceladas en estas instituciones racistas, lo que se agrava si eres mujer.
Estando en el CIE, la joven brasileña supo que estaba embarazada. Tras ser atendida en el hospital le diagnosticaron que su gestación se encontraba en estado de “alto riesgo”. No solo el informe médico no bastó para ser puesta en libertad, sino que tres días después de acudir a urgencias le llegó una orden de deportación que tras la petición de su abogado se logró paralizar. Su caso fue denunciado por Eldiario.es.
A partir de esta denuncia y la intervención de varios colectivos, junto a la mediación del defensor del Pueblo se logró que la mujer fuera puesta en libertad.
Los colectivos en apoyo a las luchas de los inmigrantes y las plataformas de ’Cerremos los CIEs’ denuncian que el caso de Vanesa no es aislado, y que como el suyo se han dado muchos más casos de negligencias médicas, como también de otro tipo de abusos, torturas y humillaciones. Las consecuencias más terribles han supuesto, incluso, la muerte de alguno de los internos. Sin embargo, la mayoría de estos casos suelen quedar impunes.
El caso de Vanesa se suma a una larga lista de abusos y violaciones de derechos humanos en los CIEs: http://t.co/LRvLIEunoE #CIEsNO
— Sos Racismo Madrid (@sosracismomad) octubre 8, 2015
Varios informes realizados por distintas organizaciones sociales, ONGs o por la Plataforma ’Cerremos los CIEs,’ documentan cómo esta realidad se convierte en un infierno aún peor para las mujeres. Por ejemplo, los módulos para las mujeres son más deficientes, y las obligan a encargarse a ellas mismas de la limpieza de estas instalaciones.
La opresión y la violencia de género que sufren las mujeres se reproducen aún con más crudeza dentro de estas instituciones. A esto se suma la vulnerabilidad y desprotección que ya sufren las mujeres inmigrantes fuera de estos centros, sobre todo las mujeres en situación irregular.
Sin acceso a servicios básicos para la salud sexual y reproductiva
Uno de los principales derechos que niegan a las personas internas en los CIEs, es la posibilidad de acceder a servicios y recursos médicos adecuados. Además de instalaciones insalubres, poco higiénicas, y servicios de alimentación pésimos.
Pasa lo mismo con las mujeres embarazadas, que a pesar de que la legislación prevé que merecen una atención especial, el caso de Vanesa demuestra lo contrario. Los distintos informes han detectado muchos otros casos de mujeres embarazadas que son retenidas en los CIEs, en condiciones completamente insalubres y donde tampoco reciben la atención médica que necesitarían.
Por otra parte, también se les niega el derecho al aborto. No tienen ni la información, ni el acceso a esta intervención, es decir que se les obliga a seguir con el embarazo aunque la mujer no quiera, y encima con pésimas condiciones que ponen en riesgo la salud de la madre y del feto.
Tampoco tienen acceso a los materiales de higiene más básicos cuando tienen la menstruación (compresas, tampones, toallitas), tienen que pedirlo a la policía que solo les concede un material muy limitado. En algunos centros, son las organizaciones sociales las que suplen estas carencias.
A su vez, al entrar al CIE se interrumpen muchos tratamientos médicos o farmacológicos, como son los tratamientos con anticonceptivos, o en el caso de las personas transexuales se interrumpe el tratamiento hormonal.
La violencia sexual como una forma de intimidación y/o tortura
Las torturas y malos tratos que sufren los internos suelen estar cargadas de connotaciones sexuales para las mujeres. Por ejemplo, los policías usan las amenazas de violación como forma de generar miedo. Lo peor es que en muchas ocasiones estas amenazas se hacen reales, y las mujeres son agredidas y abusadas sexualmente. Una realidad que se desconoce, porque en muchas ocasiones la víctima no tiene posibilidad de denunciarlo, y si lo hace se va a proteger antes al funcionario policial. Así se demostró en varias ocasiones.
Recordemos por ejemplo el polémico caso de Noura, una joven marroquí que estuvo encerrada en el CIE de Valencia en el año 2010. La chica había denunciado que había sido agredida sexualmente por parte de un policía en la comisaria cuando fue detenida. Antes de que se celebrara el juicio, la joven fue expulsada y el caso se cerró.
Otro caso pasó en el CIE de Málaga, donde hace unos meses los cinco policías nacionales acusados de haber abusado sexualmente a mujeres internas fueron absueltos.
Por otra parte también es terrible la situación de desprotección en la que se encuentran las mujeres ’sin papeles’ para poder denunciar algún caso de agresión sexual o de violencia de género fuera de estos centros. Ya que en muchas ocasiones al denunciarlo son identificadas por la policía como inmigrantes en situación irregular, y en consecuencia enviadas al CIE con una orden de expulsión a su país.
Esto es lo que le paso a Olga, una mujer rusa que fue brutalmente violada en marzo del año 2013. Al denunciar el caso desde el hospital, días después fue detenida y llevada a comisaria acusada de haberse inventado la agresión sexual para conseguir los ’papeles’. Posteriormente, se acordó el ingreso de Olga en un Centro de Internamiento para Extranjeros para su posterior expulsión a Rusia. Esto consta en el informe “Violadas y Expulsadas”, elaborado por la Fundación Aspacia en el año 2013.
Desprotección a las víctimas de trata
Cabe destacar una problemática muy grave y alarmante, y es que en lo CIEs se han detectado a muchas mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
Muchas de ellas son detenidas en redadas en las calles o prostíbulos, y acaban en los CIEs con órdenes de deportación. Por ley una mujer víctima de trata nunca debería de entrar en estos centros. Los países europeos están obligados al principio de no devolución y a tener normativas especiales para la protección de las víctimas, a la práctica esto no es así.
Varias organizaciones sociales como Women’s Link Worldwide, ONG especializada en víctimas de trata, realizan un trabajo de identificación de las víctimas dentro de esas instituciones. Sin embargo alegan, lo complicado que es el proceso de identificación dado que la situación de privación de libertad en la que viven les aumenta la desesperación y el miedo. A su vez, las entrevistas que realizan son en su mayoría muy cortas y vigiladas por la policía, es decir en un contexto que no genera ninguna confianza. Women’s Link Worldwide ya denunció varias veces al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos por negar protección a víctimas de trata.
Así fue el caso de Sandra, que estuvo encerrada en el CIE de Madrid, a pesar de que aseguró ser víctima de trata y de estar amenazada de muerte en su país de origen. Se resistió a ser expulsada y también fue agredida por los policías. Paradojal y cínicamente después de esto fue a ella a quien le condenaron a seis meses de cárcel siendo acusada de ’resistencia a la autoridad’ por no querer ser deportada.
Nada extraño ante un sistema que en vez de proteger a las víctimas, guarda especial complicidad con las grandes mafias de la trata y de la explotación sexual de mujeres.
Actualmente existen 7 CIEs en el Estado Español. Estos son instituciones completamente opacas, donde las situaciones analizadas en esta nota son parte de una realidad cotidiana que pocas veces logra salir a la luz. Siendo peores que una cárcel, se convierten en verdaderos campos de concentración donde el único ’delito’ cometido para las personas que están dentro es el de ser inmigrante.
La mayoría de los colectivos en defensa de los inmigrantes y las Plataformas "Cerremos los CIE", hace años que luchan para desmantelar estas instituciones, así como para abolir las leyes de extranjería, contra el racismo institucional, la represión policial, la política migratoria europea que deja morir a miles en el mar y en las alambradas. Por papeles para todos para que se garantice el derecho a subsistir con un trabajo digno.
Porque en este sistema capitalista, a pesar de que ahora los Estados imperialistas quieran lavar su imagen con sus escasas e hipócritas medidas ante la crisis de los refugiados, siempre se ha reprimido, criminalizado y marginalizado a los inmigrantes. Una terrible opresión que se torna aún más violenta para las mujeres inmigrantes.
Informes utilizados para este artículo:
¿Cuál es el delito? Informe de la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros: Caso Zapadores. Campaña por el cierre de los CIE. Marzo 2013.
Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) Realidades entre rejas. Women´s link worldwide. Mayo 2012
Mujeres en el CIE: Género, inmigración e internamiento. Proyecto I+D+i Iusmigrante (Iuspuniendi e inmigración irregular) (DER 2011-26449) Ed.Gakoa. Mayo, 2013.
Violadas y Expulsadas, Fundación Aspacia 2013