Las multas a las grandes constructoras por funcionar como un cártel en las licitaciones públicas en los últimos 25 años suponen un porcentaje ínfimo en comparación con sus beneficios de 2021. Así expolian lo público las empresas del llamado grupo G7: Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr Obrascón y Huarte Lain.
Martes 12 de julio de 2022
Seis de las principales empresas constructoras del Estado español han estado funcionando como cártel en miles de licitaciones públicas durante los últimos 25 años. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aplicado sanciones y multas a estas empresas. No obstante, las sanciones resultan ínfimas en comparación con los beneficios de este puñado de empresarios. Todo ello ocurre en el marco la ofensiva neoliberal, y su consecuente desmantelamiento del llamado "estado del bienestar", donde a través del sistema de contrataciones de empresas privadas, lo público es capitalizado por un puñado de empresarios.
Desde 1992 a 2017, las empresas miembros del grupo autodenominado G7 (Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr Obrascón y Huarte Lain), han sido sancionadas por la CNMC con la multa más elevada hasta el momento, por operar como cártel -conducta fraudulenta en el marco de los procedimientos de contratación pública-, que en última instancia implica establecer un oligopolio. La empresa Dragados pertenece al grupo presidido por Florentino Pérez, ACS, que es a su vez la empresa española puntera en sanciones por amañar contratos. Por otro lado, las actuaciones de la séptima empresa involucrada en el G7, Lantania, han sido archivadas por la comisión.
Así, este grupo de empresas se reunía una vez a la semana para estudiar las licitaciones públicas anunciadas, con el fin de acordar los concursos para los cuales compartirían los trabajos técnicos necesarios para presentarse. Esto es, planificar y consensuar qué empresa ofrecería qué trabajo técnico necesario para la gran construcción en cuestión (como el estudio de geotecnia, seguridad y salud, topografía, impacto ambiental, etc.), de manera que se presentaran todos o algunos a una misma licitación, con el fin de conseguirla, y ejerciendo así competencia desleal en el marco legal de las relaciones empresariales. La nota de prensa emitida por la CNMC hace referencia a "miles de trabajos compartidos" y "fraudulentos". Es decir, estas grandísimas empresas pasaban por alto el "deber legal" de "proposición única y de secreto" -legislación burguesa establecida con el fin de custodiar la llamada libre competencia-, de manera que eliminaban la independencia exigida a las empresas en los concursos de contratación pública.
El expolio de lo público, al que da lugar el sistema de contratación de empresas traído por las políticas neoliberales, no parece ser suficiente para estos grandes empresarios. No les vale con enriquecerse mediante la empresarización de servicios públicos, sino que, acudiendo a la emisión de cárteles y en última instancia a constituir oligopolios, amañan los concursos para repartirse el dinero público con el fin de acentuar aún más el llenado de sus ya rebosantes bolsillos.
Cabe mirar de cerca las sanciones económicas que aplica la Comisión: cuánto suponen estas multas a las empresas en comparación con sus beneficios, y si en efecto resultan disuasorias. Tanto el equivalente proporcional de la multa a los beneficios de cada empresa, como su historial de sanciones, y por tanto su reincidencia, nos dan una respuesta nítida. Para Ferrovial, la sanción de 1.197 millones equivale a un 3,2% de sus beneficios en 2021; en el caso de Sacyr supone el 28% (60 millones); para Acciona equivale al 8% de sus beneficios (363 millones), el 88% para Obrascón (siendo la sanción de 21,5 millones y habiendo obtenido 24,5 millones tras la pandemia); y para FCC la sanción es equivalente a un 6,97% de los beneficios (580 millones). Dragados, empresa perteneciente a ACS cuyo presidente es Florentino Pérez, fue la empresa que recibió la multa más alta: 57,1 millones. No obstante, esta sanción impuesta como respuesta a 25 años de fraude al sistema público, tan sólo corresponde a un 1,74% del beneficio obtenido en el año de 2021. Amañar concursos públicos y sangrar al sistema público resulta para los patrones más ricos del Estado español tremendamente barato e incluso eludible, como bien veremos al examinar la ejecución de las sanciones.
Hemos de examinar también los propios mecanismos judiciales y su historial de ejecución. En primer lugar, tomar en cuenta que cada una de las empresas sancionadas han recurrido la sentencia y están en proceso de litigios, precisamente para evadir las multas. En segundo lugar, la CNMC no tiene competencia para prohibir que las empresas sancionadas por llevar a cabo cárteles no vuelvan a participar en más licitaciones, sino que es la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la que puede ejecutar tanto la prohibición de participación en los concursos como la duración de tal prohibición. Actualmente, la Junta se mantiene inactiva afirmando que está esperando a que la resolución de la CNMC sea sólida. La inacción de la Junta es un hecho recurrente en otros fraudes por parte de grandes empresas, como el caso de concesionarios automovilísticos o caso del cártel de consultoras, a cuyas empresas implicadas que no se ha llegado a aplicar la prohibición.
Así vemos que no sólo las sanciones resultan una miseria para estas grandes constructoras en comparación con el beneficio que obtienen, sino que tampoco se lleva hasta el final la prohibición de participar en nuevas licitaciones públicas. Lo que en una primera instancia se presenta como una protección de la libre competencia bajo los marcos del capitalismo y su legalidad, resulta en la práctica una vía libre para la constitución de oligopolios, a la par que capitalizan y precarizan servicios e instituciones públicas. Estos empresarios se alimentan tanto de dinero público -gracias a las políticas neoliberales de restauración burguesa, aplicadas y avaladas por los sucesivos gobiernos de todos los colores-, como de la explotación de los y las trabajadoras, que son quiénes realmente producen la riqueza.
Si los grandes capitalistas se coordinan de la mano de los sucesivos gobiernos de derechas, liberales, social-liberales o neorreformistas para seguir enriqueciéndose a costa de la explotación del trabajo ajeno, los trabajadores y trabajadoras debemos coordinarnos para erradicar la explotación y dar respuesta a los padecimientos de las mayorías populares. Para enfrentar el paro, la falta de vivienda y de infraestructuras básicas para la mayoría social, es necesaria una amplia y atrevida organización de “grandes obras públicas”. Pero estas no pueden quedar en manos de los capitalistas, cuyo único interés es enriquecerse. Para que tengan una incidencia real y duradera en la vida de la clase trabajadora, deben ser parte de un plan, trazado para un período de varios años, y bajo control de las y los trabajadores. De este modo es posible acabar con el gran negocio de las contrataciones de empresas privadas para obras públicas con dinero público, que precariza nuestras vidas a costa del enriquecimiento de unos pocos.
