El martes pasado, murió el represor Raúl Guillermo Pascual Muñoz, primer intendente interventor en Florencio Varela durante el golpe de estado de 1976. Fue también Jefe de Personal del batallón de Inteligencia 201 de Campo de mayo e interventor como intendente municipal varelense, condenado a perpetua por el asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores.
Viernes 6 de diciembre de 2019
El martes pasado, murió el represor Raúl Guillermo Pascual Muñoz, primer intendente interventor en Florencio Varela durante el golpe de estado de 1976. Fue también Jefe de Personal del batallón de Inteligencia 201 de Campo de mayo e interventor como intendente municipal varelense, condenado a perpetua por el asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores.
Producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, había sido condenado a perpetua en diciembre de 2018 por el asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), secuestrada en febrero de 1982 por la dictadura cívico-militar-eclesiástica. También participó de la la persecución, secuestro y desaparición de Melba Campodónico de Sánchez, enfermera y delegada gremial del hospital.
Este genocida era un auténtico provocador, lo muestra la fotografía tomada por Gustavo Molfino, en la que se lo puede observar llegando sin custodia policial al tribunal donde estaba siendo juzgado, sacando la lengua y mofándose de las víctimas. Esta actitud lo llevó al punto de presentar, ya condenado, un recurso judicial (el cual finalmente fue aprobado) para presentarse a votar en la Escuela Secundaria Nº 7 de La Plata en las últimas elecciones nacionales.
La Dirección de Derechos Humanos del Municipio emitió un comunicado informando su muerte, “Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela saludamos a familiares y amigues de todas las víctimas. Lamentamos el fallecimiento de Muñoz porque aun debía dar muchas explicaciones, debía rendir cuentas ante nuestra democracia y su periplo trágico fue determinado por la impunidad”.
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Es cierto, como afirma el comunicado, que Raul Muñoz se llevó a la tumba muchos secretos de la última dictadura militar, cumpliendo con el pacto de impunidad entre genocidas. Sin embargo, resulta curioso que esta declaración venga de parte de la municipalidad de Florencio Varela, que poco ha hecho en avanzar en la investigación a los represores locales vinculados a desapariciones en el distrito.
Esta municipalidad que durante los años de gestión de Julio Pereyra se negó a abrir los archivos de la dictadura militar, lo cual fue logrado recientemente por la incansable lucha de los organismos de derechos humanos locales, también tiene mucho para contar.
Muchos de los responsables de delitos de lesa humanidad en el distrito, como han demostrado las investigaciones de la Comisión por la Memoria, la verdad y la justicia del distrito, aún siguen vinculados con el entramado político del peronismo varelense.
Entre otros, se conocen a Julio Carpinetti (ex intendente, acusado de encubrimiento), Chicho Basile (dirigente del peronismo local, contratista del municipio, integrante de la patota que secuestró a Campodonico en 1976) y Luis Genoud (policía infiltrado en organizaciones políticas en los 70s, ex funcionario de Carpinetti y Pereyra, ministro de seguridad de Felipe Sola en la masacre del Puente Pueyrredon y juez de la corte suprema de la provincia de Buenos Aires, designado por el kirchnerismo).
Ellos, junto a otros tantos, fueron responsables directos de desapariciones forzadas en el distrito y de su encubrimiento en el retorno a la democracia. Sera solo con la lucha, independiente de todos los gobiernos de turno, de las organizaciones de derechos humanos, trabajadores, estudiantes, que podremos combatir la impunidad de ayer y hoy.
