El hecho ocurrió el pasado jueves 21. La menor era integrante de la comunidad wichí La Esperanza, en Rivadavia Banda Sur. En Salta continúan los crímenes sociales cuando las condiciones de vida precarizadas, la pobreza y la discriminación estatal matan.
Miércoles 27 de mayo de 2020 20:02
Una niña wichí falleció el jueves pasado por causas relacionadas con la desnutrición, totalmente evitables. En el hospital de Rivadavia Banda Sur la menor era considerada como paciente de “riesgo de bajo peso” porque tenía antecedentes de consulta por “diarrea, nutrición por falta de progreso de peso, anemia, parásito”.
El pasado sábado, Dalmiro Acosta, cercano a la familia de la comunidad wichí La Esperanza, realizó un posteo en el que relató los hechos por los que pasaron la menor y su familia.
“La peor pandemia silenciosa para nosotros es la discriminación”
Las políticas del Estado racista llevan a una dramática situación en la que viven las comunidades en el norte de la provincia. Como vienen planteando sus propios integrantes y Dalmiro en su posteo.
Vidas sin acceso al agua potable, sin comida, sin territorio por la expulsión de los empresarios del campo en complicidad con los gobiernos de turno, y sin asistencia básica de salud. Esas vidas para este Estado racista, con Alberto Fernandez como presidente y Gustavo Sáenz como gobernador, y sus instituciones no valen nada.
En lo que va del año, en Salta con esta niña ya son 35 los niños y niñas muertos por desnutrición o causas relacionadas a esta enfermedad. La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó a siete funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la investigación por la muerte por desnutrición de dos hermanos de la comunidad wichí Vertientes Chicas, a fines de marzo.
Para enfrentar la pobreza en curso y sus consecuencias, con urgencia los gobiernos tanto nacional como provincial deben empezar garantizando el acceso al agua potable para todos los niños y niñas. Como muestra la crisis sociosanitaria por el coronavirus, un derecho negado para 9 millones de personas en todo el país.
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Se necesitan mayor número de camas, ambulancias, respiradores y trabajadores de la salud para poder garantizar el derecho a la salud de manera universal. La vida de nuestras pibas y pibes, de las comunidades de conjunto, valen más.
