Lesa humanidad. Myriam Bregman: “La Iglesia sabía de las desapariciones desde 1976”

La Iglesia entregó documentos de la dictadura que estaban en su poder ante el juez federal Ariel Lijo. Allí solo se encontraron los nombres de personas desaparecidas que habían llegado a la Iglesia a través de sus familiares en busca de ayuda.

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Ante esto la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Myriam Bregman, se presentó en el juzgado en representación de Patricia Walsh, Mario Santucho y Alejandrina Barry para solicitar acceso a los documentos desclasificados relacionados a la represión durante la dictadura cívico-militar. Al respecto, Bregman anunció: “En el día de hoy acompañamos a Patricia Walsh, Mario Santucho y Alejandrina Barry, familiares de víctimas de la última dictadura, para solicitar a la justicia federal la entrega de la documentación referida a la represión durante la última dictadura y que la Iglesia Católica presentó ante el Juez Ariel Lijo. Esa documentación estuvo durante décadas en poder del Vaticano y de la Curia argentina pero recién hace pocos días fue entregada a la Justicia Federal. Sabemos que los familiares de los detenidos desaparecidos recurrían a la Iglesia y ésta archivaba toda esa información”.

Bajo el período conocido como la dictadura militar en Argentina, que tuvo lugar desde 1976 hasta 1983, llevaron a cabo violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas de 30.000 luchadores.

En este contexto, ha habido acusaciones y pruebas documentales que certifican que la Iglesia Católica en Argentina tenía conocimiento de estos hechos y mantuvo una relación estrecha con el gobierno militar. Se ha afirmado que la jerarquía eclesiástica estaba al tanto de las desapariciones y tenía información detallada sobre las mismas, y que en algunos casos, colaboró con el régimen en la represión de los opositores políticos.

Myriam Bregman, consultada por la periodista Ailín Bullentini, sostuvo que la documentación presentada confirma que "la Iglesia tenía completa precisión del proceso que estaba viviendo la Argentina. Y que ya desde julio del ´76 empiezan a llamar ´desapariciones´ a las ausencias denunciadas por los familiares", dice la diputada por el PTS-FIT.

Sobre esta documentación Bregman sostiene ante la periodista de Página/12 que: “Son unas 79 cartas en las que la Iglesia informa a la dictadura sobre los detenidos y desaparecidos que están siendo buscados por sus familiares y apenas una veintena de respuestas de la dictadura a esas listas”, resumió la abogada querellante en varios expedientes que investigan crímenes de lesa humanidad durante el genocidio.

“La dictadura no responde y la Iglesia manda una y otra vez listados, sin repreguntar, sin insistir, una actitud que se parece más a un trabajo de inteligencia de los familiares que a una búsqueda de la verdad. No sirvió para otra cosa porque la dictadura nunca les dijo nada de los desaparecidos. Los listados les servían más al Ministerio del Interior que a quienes esperaban dar con algún dato de sus seres queridos”, completó.

Sobre la clasificación de la documentación de la desaparición de Rodolfo Walsh en poder de la Iglesia, Myriam Bregman aporta un dato interesante: “Impresiona comprobar la celeridad con la que gestionaron la información. El caso de Rodolfo Walsh es impresionante. A Rodolfo lo desaparecen el 25 de marzo de 1977 y si bien la familia se movió rápidamente para denunciar, es llamativo que la iglesia supiera y haya informado a la dictadura apenas días después”, apuntó Bregman. Entre la documentación presentada por la Iglesia a la justicia, que la abogada pudo ver, figura una lista entregada al Ministerio del Interior dictatorial con “desaparecidos, secuestrados, detenidos notificados a la Nunciatura Apostólica del 16 al 31 de marzo de 1977” en la que el caso de Walsh es el número 46.

“Esta información no sirve de nada a las causas judiciales más que para confirmar que la Iglesia tenía completa precisión del proceso que estaba viviendo la Argentina. Esas listas demuestran que ya desde julio del 76 les empiezan a llamar desapariciones a las ausencias denunciadas por los familiares; que la relación entre la jerarquía eclesiástica y el Ministerio del Interior era fluida”. completó la diputada, quien reclamó por una “apertura en serio de todos los archivos”.

“En Argentina el juzgamiento de genocidas está basado en el testimonio de los sobrevivientes. Y hasta que no haya una apertura de los archivos, que existen y que tienen mucha información, seguirá habiendo una violación permanente al derecho a la verdad de las víctimas. Hay una deuda fundamental con el destinos de los desaparecidos y con las personas que continúan apropiadas”, señaló sobre los nietos y nietas que aún resta restituir. “Queremos la verdad y la Iglesia la sigue retaceando”, concluyó Myriam Bregman.

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