Violencia Machista. Nabila Rifo: “Mis derechos han sido brutalmente violados por el Estado”

A través de una carta de dos carillas, dirigida a Isabel Plá, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Nábila Rifo expresó su preocupación, declarando abandono por parte del Estado.

“Señora ministra, me dirijo a usted cansada de vulneraciones y faltas de respeto que se han cometido conmigo”, manifestó Rifo en la carta que fue entregada a la institución ministerial el pasado 2 de octubre.

Así mismo, considera que la única “promesa cumplida”, luego de haber sido víctima de una brutal agresión machista, que le implicó un grave estado de salud, inclusive casi llevándola a la muerte, pudiendo ser una de los tantos femicidios que ocurren hoy en Chile, donde el Estado tampoco se hace cargo.

La pensión de gracia que le otorgó el Gobierno de Michelle Bachelet, ha sido la única ayuda por parte del Estado. Sin exentos de contradicciones, puesto que manifiesta, “tras haber vivido una de las peores violencias que una mujer puede experimentar, recibí múltiples promesas por parte de la institucionalidad. La única que se cumplió, tal como se comprometió, fue la pensión de gracia, pero las promesas respecto de mi vivienda nunca se cumplieron, generándome graves consecuencias”, manifestó Nábila.

Declara de igual manera, que se realizaron ajustes a su casa, sin embargo no cumplen en las necesidades que ella necesita, expresado en que hoy se encuentra hospitalizada con una fractura grave, por haber caído por la escalera.

Cabe destacar que el caso de Nábila no es un hecho aislado, sino que son cientos de miles de mujeres que han pasado por un proceso de violencia de género y machista, del cual el Estado no responde como debería, siendo la principal institución que sostiene la violencia estructural en la sociedad.

La necesidad de un Plan de Emergencia que contemple las necesidades básicas y derechos a las mujeres para enfrentar la violencia machista y prevenir los femicidios, como por ejemplo; refugios transitorios y plan de vivienda estatal con impuestos a las grandes empresas inmobiliarias, para todas aquellas mujeres que estén pasando por un proceso de violencia de género y no tengan vivienda o su permanencia en esta implicara una amenaza para su integridad física, psicológicas y/o sexual.