Reciente reportaje de CIPER reveló una lista de políticos transversales a todo el espectro de la política chilena implicados en financiamiento ilegal a sus campañas por parte de más de 40 empresas que no fueron formalizadas.
Jueves 31 de diciembre de 2020
Después de que se diera a conocer el financiamiento ilegal de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet a través de SQM y que el caso fuera formalizado por fiscalía, el SII dejó de formalizar las otras 49 denuncias emitidas por el mismo delito que implicaban a personas o sociedades vinculadas a partidos desde la derecha hasta la centro izquierda como en los casos de Ivan Moreira (UDI), el presidente de la DC, Fuad Chahín; al presidente de la UDI, Javier Macaya; al ex senador y ex ministro Alberto Espina (RN); al actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; a los senadores Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer(UDI), Francisco Chahuán (RN) y Felipe Harboe (PPD); al actual encargado de dos ministerios Juan Carlos Jobet (Ministro de Energía y de Minería); entre otros.
En vez de apostar porque fueran igualmente formalizados por fiscalía, el SII optó por traspasar esas denuncias a los Tribunales Tributarios, donde esas empresas solo fueron multadas tras que se comprobaran la falsa emisión de sus boletas para impulsar las campañas presidenciales como la ya antes mencionada de Michelle Bachelet, o el caso del coimeo por parte de la empresa Corpesca, casos que llegan a recaudar elevadas cifras de $3700 millones.
A pesar de las multas, al no ser casos pasados por fiscalía, la impunidad de estas empresas y personajes se mantienen aún siendo comprobadas por CIPER ( Centro de Investigación Periodística). Campañas como la de Frei, Bachelet y Piñera también fueron financiadas de este modo a través de falsas emisiones de boletas. Por ejemplo, Endesa sacó dinero ilegalmente para Michelle Bachelet y Eduardo Frei así como Andina con la candidatura de Sebastian Piñera.
La respuesta que dió el SII a CIPER fue que las pruebas no se presentaron a tiempo desde que se emitieron las denuncias y que “ “se pudo verificar que los documentos tributarios fueron emitidos por una cuantía muy menor y el contribuyente que los recepcionó presentaba un buen comportamiento tributario anterior, de modo que no se superaba el estándar para proceder con una querella criminal y la sanción pecuniaria se encontraba prescrita”. Es decir, que bajo el criterio del SII la coima es juzgada por la cantidad y no por el hecho de corrupción en sí mismo de que los empresarios compran a los políticos para que legislen a su favor”.
A través de estas decisiones, donde los millonarios actúan bajo total impunidad en el que existen casos evidentes de corrupción, se muestra al servicio de quiénes está la “justicia”, la que no es más que una “justicia” al servicio de una clase privilegiada, como lo son los empresarios.Es por esto que después de tantos años de abusos no se pueden tomar como si nada estos hechos, mientras de un lado se salvan a través del poder económico y político, por otro lado estos mismos corruptos deciden si meter o sacar de la cárcel a los cientos de jóvenes que estaban en las calles peleando por nuestras necesidades, de los cuales muchos se encuentran privados de libertad sin ninguna prueba en su contra.
Al mismo tiempo Piñera, el presidente del 7% de aprobación, el mismo que hace unos días aumentó su fortuna, amigo de los empresarios corruptos (como Luksic y los máximos gerentes dueños de los canales nacionales que se han preocupado de no transmitir esto a través de la prensa televisiva), no sólo nada dice respecto a los sucesos descritos anteriormente, sino que cuando se refirió al proyecto de la ley de indulto dijo claramente que se iba a imponer con su veto presidencial si era necesario, expresando cómo las instituciones del régimen están totalmente al servicio de los capitalistas.
