Diarios de circulación nacional en Honduras, señalan que a primeras horas de este lunes, el candidato de Alianza de oposición aventajaba al actual presidente Juan Orlando Hernández con más de 10 mil mesas escrutadas. Salvador Nasralla tenía el 45,17% de los votos, frente al 40,21% de Hernández, informa la agencia AFP.
Lunes 27 de noviembre de 2017
Este domingo de elecciones en Honduras, los candidatos se presentaron para disputar por 2,934 cargos por los partidos Nacional, Liberal, Libre, Pac, Pinu, Alianza Patriótica, Frente Amplio, DC, UD y Vamos.
Con un aproximado de 90% de las urnas escrutadas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son las de mayor carga electoral, el cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) arroja que Salvador Nasralla, comentarista deportivo, acumula 855,847 votos, es decir el 45.17%; seguido por Juan Orlando Hernández con el 40.21% de los votos que supera los 761,872. Por su parte, Luis Zelaya, del partido conservador Liberal, quedó en el tercer lugar con el 13.77%.
Hasta el momento se han escrutado unas 10,367 Mesas Electorales Receptoras y faltan por procesar 7,761 mesas, de un total de 6,046,873 papeletas para cada nivel de elección popular: presidencial, diputaciones y alcaldías municipales.
Durante la jornada electoral se presentaron múltiples irregularidades en las mesas electorales; las denuncias en su mayoría fueron por duplicar la identidad de votantes y también se registraron varios actos de violencia en las casillas que impidieron a cientos de votantes realizar el sufragio.
La elección contó además con un despliegue importante de las fuerzas militares: más de 38 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional blindaron el proceso de elecciones con la instalación de más de 4 mil cámaras de “seguridad”.
Maniobras y una política represiva desde el golpe de 2009
Distintas personalidades, intelectuales y organizaciones sociales alertaron sobre el contexto en el que sea dio ésta convocatoria de elecciones. Y es que desde el 2015, la Corte Suprema de Justicia hondureña dio el visto bueno a la “reelección presidencial” con la derogación del artículo 239 de la Constitución, que la prohibía desde 1982.
Esta maniobra del gobierno de Juan Orlando Hernández se da después de ocho años de que el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fuera derrocado por un golpe militar y expulsado del país centroamericano, en junio de 2009, por el intento de llevar a acabo una consulta popular para modificar la Ley Fundamental y permitir la reelección.
Ahora, y de manera casi desapercibida logró pasar dicha reforma electoral por el TSE, con el apoyo de empresarios y sectores del Ejército hondureño cercanos a la gestión de Hernández. Pero no fue suficiente. Además el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adelantó a los partidos alrededor de 123 millones de deuda política (60%, de los cuales 89.2 millones corresponden al costo de cada voto obtenido en las elecciones de 2013 y 33.3 millones por concepto de transporte.
En una entrevista del diario Nodal a Laura Zúñiga, hija de la activista asesinada Berta Cáceres, señaló que frente a las elecciones lo que hay que considerar es el terror desatado contra las y los luchadores sociales que se oponen a los empresarios y proyectos de devastación. Agregó que “Otros movimientos ponen el acento en que, más allá de la coyuntura electoral, lo importante pasa por fortalecer la organización de las bases para enfrentar este modelo extractivo y represivo.”
Otros datos
Frente a este panorama lo que hay que agregar como parte de la gestión de Juan Orlando Hernández, es que a pesar de tener el visto bueno desde la Casa Blanca en Estados Unidos, la movilización contra su gobierno también se hizo presente con movilizaciones masivas que expresaron el descontento de la población hondureña contra las últimas reformas al sistema de salud pública en el país logrando extenderse a otros países como Guatemala. También lo mostró la juventud hondureña que apostó a la movilización y a la huelga para defender al educación pública como ha realizado el Movimiento Estudiantil Universitario.
A pesar de mantener un discurso contra la delincuencia y grupos del narcotráfico, Honduras se ha visto azotado por la situación de violencia estructural llegando a encabezar la lista de los países más peligrosos de América Latina y el número uno más peligroso para los defensores ambientalistas y luchadores.
El caso más emblemático es el del asesinato político de Berta Cáceres, que en días recientes ha expuesto el papel del Estado y el régimen hondureño como parte del crimen planeado durante más de cinco años contra la indígena y el pueblo lenca.
Honduras cuenta con un nivel de pobreza y pobreza extrema que alcanza a casi el 70% de la población, donde el sector más vulnerable lo ocupan las mujeres, quienes enfrentan una escalada de feminicidios. En el país centroamericano, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cada 18 horas una mujer es asesinada.
Al cierre de esta edición, y aún cuando los dos principales candidatos se han declarado ganadores de la elección, se suma el saldo de violencia electoral. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia que realiza la Coalición no partidaria Observación N-26, al menos 11 personas han sido asesinadas, secuestradas, amenazadas a muerte e intimidadas en lo que va del proceso electoral primario de marzo al proceso general de este 26 de noviembre.
A dicha cifra se agregan al menos tres muertes más que se han producido en las últimas tres semanas, entre ellas la de un activista del Partido Nacional, uno de Libertad y Refundación (Libre) y otra del Partido Liberal.
