Nicaragua vuelve a estar en el foco político. La deriva autoritaria y represiva del Gobierno Ortega-Murillo, las condenas y sanciones hipócritas de la OEA, junto a la injerencia estadounidense, y la necesidad de una salida independiente de los trabajadores y el pueblo nicaragüense que retome las demandas de la rebelión de 2018.
Miércoles 23 de junio de 2021 11:03
La situación en Nicaragua se pone cada vez más tensa por la política represiva y la escalada autoritaria del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que funge como vicepresidenta del país, un Gobierno que tiene las manos manchadas de sangre de las centenas de asesinados durante la rebelión de 2018. Pero también está cruzada por la política intervencionista de Estados Unidos con sus amenazas y sanciones, y de la propia Organización de Estados Americanos (OEA), como se vio en su reciente resolución donde justamente gobiernos que reprimen y asesinan en sus países han votado condenas contra Nicaragua.
El régimen orteguista ha venido consolidando su poder en los últimos años, sobre todo luego de la brutal represión a la rebelión popular de abril del 2018 que se extendió por tres meses con un saldo de casi 400 asesinados, miles de heridos y centenas de detenidos. En ese entonces, además de los organismos represivos oficiales y el Ejército, fuerzas paramilitares también arreciaron contra el pueblo nicaragüense, y contra una juventud que se transformó en el puntal del estallido social. Ese es el rostro represor del orteguismo que quienes más lo han venido sufriendo son los obreros, los campesinos, la juventud y las grandes mayorías populares, que han sido las verdaderas protagonistas de las rebeliones.
No es por las penurias de las grandes mayorías trabajadoras, populares y campesinas nicaragüenses, menos por sus derechos democráticos elementales, por las que interviene Estados Unidos. Lo hace para continuar dando empuje a la oposición más afín a sus políticas, cuestión que ha venido intensificando desde el 2018 organizando directamente a la oposición interna, como explicaremos más adelante. Nicaragua ni siquiera aparece en la lista de países beneficiados por la donación de vacunas que anunció Estados Unidos, siendo que es uno de los países más vulnerables y pobres de la región.
No hay que olvidarse que Ortega desde su retorno a la presidencia en el 2007 y hasta finales del 2017 fue funcional a los intereses de importantes grupos económicos. Durante esa etapa Ortega gobernó Nicaragua apoyándose en los fuertes grupos empresariales y financieros que controlan la mayor parte de las actividades productivas, comercio y servicios del país, incluso con la aplicación de planes fondomonetaristas, así como también con acuerdos con la Iglesia Católica y de la mano de imposición de leyes conservadoras y antiabortistas.
Estos sectores se distanciaron cuando devino la crisis económica en el país, y por la caída de los flujos económicos producto de los acuerdos comerciales que mantenía Nicaragua con Venezuela, que beneficiaban a los grandes empresarios y lejos estuvieron de llegar a los sectores más pobres. El estallido social fue producto, en sus inicios, de la aplicación de medidas de ajuste fiscal exigidas por el FMI para "sanear" el sistema de seguridad social. Esos sectores vieron en la rebelión una posibilidad de negociar con Ortega, y por eso montaron sus mesas de “diálogo y paz” para una transición pactada, temiéndole también a esa explosión social que podría ir contra ellos mismos. Es a esa parte de políticos burgueses y empresariales de derecha, a los que ahora Ortega busca ponerles trabas hacia las próximas elecciones.
Luego de la cruenta represión y avistando las elecciones presidenciales, en una situación de muy baja popularidad, Ortega comenzó a avanzar con un conjunto de leyes, empezando por la electoral, y con dos consecutivas como la "Ley No. 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros" que obliga a organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del exterior a inscribirse como "agentes extranjeros” y la "Ley No. 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz". Todas aprobabas en la Asamblea Legislativa donde el orteguismo tiene mayoría, conseguida a través de artilugios y mecanismos antidemocráticos.
Todas esas leyes fueron diseñadas para permitirle inhabilitar el derecho de diversos dirigentes de la oposición a postularse a cargos de elección popular, caso no le sean de su conveniencia. En otras palabras, una estrategia que le permita la participación de candidatos “a su medida” y conveniencia, y la realización de unas elecciones que le puedan garantizar la continuidad en el poder. Esta es la situación que explica la ola detenciones que se han venido llevando a cabo, siendo que, entre los detenidos, se encuentran desde líderes opositores hasta activistas y exguerrilleros sandinistas como la emblemática Dora María Téllez, que se fueron separando de Ortega y los posibles candidatos presidenciales.
La primera detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo y quien representa los intereses de unas las fracciones del gran capital nicaragüense, y el segundo, Arturo Cruz, exembajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. A Chamorro se le acusa de “los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” y se le aplicó la Ley 1040. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro que preside Cristiana ha reconocido públicamente que recibe fondos de la USAID.
Le siguen, Juan Sebastián Chamorro, ex director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Félix Maradiaga, académico pero representante de uno de los principales bloques opositores, y más recientemente Miguel Mora, precandidato del Partido de la Restauración Democrática (PRD) y un empresario que también funge como periodista quien fue arrestado cerca de la medianoche del domingo. La acusación central a la gran mayoría de acuerdo al Gobierno es por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" en Nicaragua, y que se ampara en la Ley No 1055 de tan solo dos artículos.
Estados Unidos, en el que se abriga la mayoría de la oposición como explicaremos más adelante, rápidamente movió sus fichas, dictaminando vía el Departamento del Tesoro, sancionar a Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Ortega que dirige el evento de modas Nicaragua Diseña y la Comisión Nacional de Economía Creativa; al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; y al jefe del grupo parlamentario, Edwin Castro. También al general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua.
En lo que dice respecto al impulso y la organización de la oposición interna de Nicaragua, Estados Unidos lo ha venido haciendo abiertamente vía su embajada en Managua. Por ejemplo, como hemos explicado en otros artículos, la creación de la Coalición Nacional (CN), fue un proyecto diseñado por la embajada estadounidense para reunir en un solo bloque a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que surgieron justamente durante el año 2018 y a los demás grupos dispersos de oposición. Aunque rápidamente se dividieron, existiendo una oposición dispersa y debilitada. De allí la búsqueda de una candidatura de consenso que pueda enfrentar a Ortega.
Como vemos, el injerencismo de Estados Unidos no es nuevo. Y mientras cerrábamos este artículo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se aprobaba el proyecto de ley "RENACER" presentada por los ultraderechistas el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, que incluyen sanciones coordinadas con Canadá y la Unión Europea, "para promover y avanzar elecciones democráticas en Nicaragua".
Pero también la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha quedado atrás. El Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos, el 15 de junio, una resolución de condena a la persecución de opositores, una votación no alcanzada en otras sesiones sobre la situación de Nicaragua. Pero allí cunde la hipocresía: el presidente colombiano Iván Duque levantaba contra Nicaragua la misma mano que tiene manchada con la sangre de los 70 asesinados por la rebelión es su país, además de los miles de heridos y centenares de detenidos. Lo mismo se puede decir de Sebastián Piñera en Chile, entre otros, contra los cuales no hay resoluciones.
En dicha votación de la OEA varios países se abstuvieron, entre ellos Argentina y México que lo hicieron en bloque y presentando una declaración común, lo hacían alegando la "no intervención en asuntos internos". Aunque rápidamente estos dos países se reacomodaron llamando a consultas a sus embajadores en Managua por las "preocupantes acciones políticas-legales realizadas" por el gobierno de Daniel Ortega, seguramente para no terminar pegados al Gobierno de Ortega y por la presión de Washington, siendo que la derecha local argentina clama por un mayor alineamiento.
En Nicaragua hay que pelear por la defensa de las libertades democráticas y contra todos los mecanismos de proscripción que implementa el régimen orteguista que es lo que realiza con la detención de los políticos opositores. Hay que estar por la libertad de todos los presos políticos, siendo que el grueso lo ocupan centenares de detenidos de la rebelión del 2018, la gran mayoría oriundos de los gruesos sectores obreros, populares, campesinos, de la juventud. Hay que pelear por el más pleno derecho a la libertad de expresión y de asociación social, política y sindical.
El pueblo trabajador, campesino y de la juventud, para enfrentar y sacarse de encima al Gobierno autoritario y represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no puede sentar sus aspiraciones en la salida que le presenta este bloque opositor que representan los intereses de los grandes grupos económicos, todos amparados y representantes de los intereses del imperialismo yanqui en el país. Es el de la mano de la clase trabajadora, de las mayorías popular, de los campesinos y la juventud que se podrá llevar una lucha hasta el final para terminar con Ortega, y su camino es retomar las jornadas de rebelión y las demandas planteadas en el 2018, confiando únicamente en sus propias fuerzas y sus formas propias de organización tal como se dieron en localidades de Chinandega y otras ciudades, así como en los barrios del sur de Managua.
