Magisterio. Negocio educativo: “actividad esencial” para el gobierno

Lo anterior, aunado a la iniciativa que López Gatell presentó al Consejo Nacional de Salud para modificar las condiciones del semáforo epidemiológico con el fin de evitar que existan cierres totales de lugares públicos, demuestra nuevamente que mantener la economía a flote -por encima de la preservación de la salud y la vida de la población- es la preocupación primordial del gobierno.

Debemos recordar que, al inicio de la pandemia, el gobierno federal -en acuerdo con los estatales- estableció acciones para atender la emergencia sanitaria, donde -entre otras medidas- planteó la suspensión inmediata de las actividades consideradas no esenciales, como fueron las educativas.

Posteriormente, estas acciones se modificaron en la medida en que, presionados principalmente por los sectores empresariales, priorizaron la apertura económica en beneficio de las empresas por encima de la salud y la vida de las y los trabajadores, como denunciamos aquí.

Reapertura de las escuelas y el negocio de la educación

Así, en mayo del año pasado, el gobierno estableció una “estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas” que publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien esta estrategia fue cuestionada en su momento por considerarla insuficiente para controlar la pandemia y porque priorizaba la reapertura económica -tal como se demostraría con la segunda ola de contagios de diciembre y enero-, establecía claramente que las escuelas podrían reabrir sólo hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en verde.

Pese a esto, en varias ocasiones el gobierno federal y los estatales intentaron reabrir las escuelas -incluso con semáforo amarillo- en distintas entidades del país, arriesgando la salud y la vida de la comunidad educativa, pues en ningún momento se preocuparon por dotarlas previamente de todo lo necesario para que el regreso presencial fuera realmente seguro, como lo mostramos aquí y aquí.

Ahora, continuando con esta política, el gobierno plantea que la educación es una actividad que “tiene una alta prioridad”, por lo cual debe considerarse como “esencial”.

Esta idea no es solamente una iniciativa del gobierno federal, sino de las cúpulas empresariales como la Coparmex, quien recientemente solicitó considerar a la educación como actividad esencial para que se reabran las escuelas, argumentando el aumento del rezago educativo, el abandono escolar y la afectación psicológica en las niñas y niños como consecuencia del aislamiento.

Hasta ahora no se ha oficializado esta intención, sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación (03/08/2021) se establecieron recientemente como actividades esenciales aquellas “realizadas por las empresas y negocios orientadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios relacionados con la fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería y material didáctico (…). Es decir, se estableció como esencial todo aquello relacionado con los negocios vinculados al sector educativo.

En este sentido, se demuestra que el interés principal que tienen tanto los empresarios como el gobierno en la reapertura de las escuelas no tiene nada que ver con el interés superior de la niñez, sino más bien con continuar con los negocios a costa de nuestra salud y nuestras vidas.

Es bien sabido que la escuela representa para muchos padres y madres de familia la única posibilidad de que sus hijos estén cuidados y en un entorno seguro mientras ellos trabajan, por lo que es indispensable para las y los empresarios que las escuelas reabran y vuelvan a cumplir esa función social, como parte de la imposición de una supuesta “nueva normalidad”.

Sin embargo, en medio de un nuevo repunte de la pandemia, sin que se haya establecido una estrategia clara para mejorar realmente las escuelas, que incluya un aumento sustancial al presupuesto educativo para dotarlas de todo lo necesario, será prácticamente imposible garantizar condiciones realmente seguras, tanto físicas como emocionales, así como abatir el rezago educativo agravado durante la pandemia.

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Educación presencial en condiciones seguras

Las y los maestros de la Agrupación Nuestra Clase consideramos que la educación es un derecho humano y una conquista social que hay que defender, como medio para el desarrollo y la formación de las nuevas generaciones, aunque a la vez cuestionamos su función como reproductora de mano de obra barata al estar dirigida por el Estado capitalista.

Sabemos que la presencialidad es indispensable para el desarrollo cognitivo y social de las niñas, niños y adolescentes y somos quienes desde el primer día nos preocupamos por los problemas que la educación a distancia trajo consigo, principalmente por la falta de acceso a los recursos tecnológicos para poder mantener la comunicación entre alumnos y maestros. Por ello exigimos, en primer lugar, que se les dotara de estos insumos y, posteriormente, que el regreso a las escuelas fuera en condiciones verdaderamente seguras.

Para regresar a clases presenciales en condiciones realmente seguras se requiere que toda la población esté vacunada. En nuestro país, únicamente el 19.55% de la población tiene el esquema completo de vacunación y se prevee oficialmente que este porcentaje apenas alcanzará el 60% a fin de año, si se consiguen las vacunas suficientes que producen las grandes farmacéuticas. Por lo que es necesario seguir abogando por que se liberen las patentes.

También se requieren pruebas de diagnóstico gratuitas a toda la comunidad escolar, previo al inicio del ciclo lectivo y periódicamente. Que se construyan más escuelas y se cuente con espacios suficientes en las existentes para evitar el hacinamiento. Así como dotarlas de insumos sanitarios, agua potable donde falta y de todo el personal necesario (docentes, médicos, psicólogos, orientadores, etc.).

Todo esto es necesario no solo por la salud física y emocional de las alumnas y alumnos, sino también para mejorar las precarias condiciones en que se educan, las cuales fueron cada vez más degradadas por los gobiernos neoliberales desde mucho antes de la pandemia y se han seguido deteriorando.

Es criminal la postura del SNTE que, lejos de defender a las y los maestros, nuevamente muestra al servicio de quien está, pues emprenderá a partir del 9 de agosto una jornada de apoyo al regreso a clases presenciales sin consultar a las y los docentes.

Es indispensable que la CNTE y las demás organizaciones que se reivindican democráticas de las trabajadoras y trabajadores de la educación de todos los niveles, salgan de la pasividad y llamen ya a un plan de acción unificado con las madres y los padres de familia. Que con la comunidad escolar comencemos a poner en pie asambleas para discutir cómo luchar para exigir un regreso verdaderamente seguro que ponga en primer lugar la salud y la vida de la población.