Se trata de los jueces y funcionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte, Victor Ortíz, María Ester Borghelli de Poma, Mirta Ebe Fava, Cecilio Alfredo Pagano y Hernán Etcheverry. Todos ellos con actuación como jueces federales, provinciales o en fiscalías de la región ante los cuales se tramitaron recursos de los detenidos –desaparecidos de la región que nunca prosperaron.
Natalia Hormazábal Concejala de Neuquén (MC) por el PTS-FIT. Abogada del CeProDH
Viernes 22 de mayo de 2015
Duarte Pedro Laurentino
Fotografía: infojusnoticias.gov.ar
En el marco de la causa " Duarte Pedro Laurentino y otro s/ privación ilegal de la libertad e imposición de torturas”, que tramita en el Juzgado Federal de Neuquén Nº 2 a cargo del juez Gustavo Villanueva, comenzó ayer la rueda de indagatorias a jueces y funcionarios que actuaron durante la última dictadura militar.
La causa se inicia en Diciembre del año 2013 mediante requerimiento de la Fiscalía Federal a cargo de Adrián García Lois y Miguel Palazzani, e investiga la intervención de los funcionarios entre el período 1976-1983, en 53 casos.
Se imputa a nueve ex funcionarios una actuación concreta consistente en omitir deliberadamente investigar frente a la denuncia de de los secuestros o interposición de recursos de hábeas corpus por parte de familiares de las víctimas, archivando los mismos en la mayoría de los casos, aún con imposición de costas a esas familias.
Asimismo, en razón de que esas conductas permitieron la comisión de tantas otras como torturas, violaciones, homicidios y desapariciones; y aún, en muchos casos, por su justificación de estos delitos, a través de resoluciones basadas en hechos falsos.
Son querellantes en la causa Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle junto a su marido Oscar Ragni, por el caso de su hijo Oscar Ragni (h), representados ambos por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Asimismo, resultan querellantes la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los días 20 y 21 de Mayo se recibió indagatoria en primer término a Pedro Laurentino Duarte. El ex juez federal era auditor del Cuerpo Profesional del Ejército y en 1967 se incorporó al Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, donde llegó al grado de mayor. Este, era el mismo comando que luego manejó el circuito represivo en la zona 5.2 y de él dependía el centro clandestino La Escuelita. El 8 de julio de 1976, Duarte fue nombrado juez federal en Neuquén. Para jurar en su cargo, pidió el retiro, pero no la baja (lo haría en 1982) “a fin de conservar –según sus propios dichos- un vínculo espiritual con el Ejército. Duarte está imputado a la fecha, por 21 casos, entre los cuales 12 víctimas aún permanecen desaparecidas.
Durante la jornada de hoy deberá comparecer a indagatoria el ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortiz. Por su parte, el jueves 28 deberá hacerlo María Ester Borghelli de Poma. Luego, durante la primera semana de junio, les corresponderá el turno a Mirta Eve Fava, Cecilio Alfredo Pagano y Hernán Etcheverry.
Todos ellos actuando como jueces, fiscales, defensores y secretarios de Juzgados federales y de Neuquén y el Alto Valle, prestaron un aporte indispensable y fundamental al terrorismo de Estado, ocultando información, no investigando, falseando hechos y negando secuestros de decenas de detenidos desaparecidos en la región. En algunos casos, participando incluso directamente en las sesiones de tortura, tal la imputación al “doctor” como lo recuerdan las víctimas a Victor Marcelo Ortíz.
Ese aporte del poder judicial es el que sin dudas allanó el camino, blindando a los genocidas a partir del fin de la dictadura militar, tanto a integrantes de las fuerzas represivas como civiles, garantizando impunidad a todos y a cada uno de ellos.
Hoy, luego de 12 años de un gobierno autoproclamado modelo internacional en materia de Derechos Humanos, son más 400 los funcionarios judiciales que actuaron en dictadura que aún permanecen impunes y en funciones, algunos entre los cuales como el juez Piombo- reconocido por el último de una serie de fallos aberrantes de su autoría-, son formadores de estudiantes en facultades de derecho de todo el país.
Por eso esta pelea por lograr condena a los integrantes de la justicia de la dictadura, es también contra la justicia de clase de hoy, contra esa casta de jueces que todos los días fallan en contra de los trabajadores, de los luchadores, de las mujeres y pueblos originarios.
Por que esta no es una pelea sólo por el ayer, sino también por el hoy, debemos continuar exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos ellos.
