Mediante un comunicado trabajadoras sociales, psicólogos, operadores, talleristas y administrativos de dispositivos descentralizados que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, denuncian la falta de respuestas por parte del organismo.
Lunes 20 de abril de 2020 12:26
La denuncia es firmada por trabajadoras de los CFF (Centros de Fortalecimiento Familiar) Hue Quiñe-Progreso, de Confluencia y Colonia Rural Nueva Esperanza, Dirección General de Admisión-Libertad Asistida y los Centros de Coordinación Comunitaria de Belén y Confluencia.
Dichos dispositivos centralizados y descentralizados, dependientes del Ministerio, son los órganos de aplicación de leyes provinciales fundamentales, como la 2302 de protección integral de niñez y adolescencia,2785 y 2786, que son las que reglamentan derechos por violencia familiar y violencia hacia las mujeres. De estos dependen las demandas por judicialización, promoción de derechos y prevención en situaciones de riesgo, se trabaja con población adolescente en conflicto, niñes y familias solidarias para revinculación.
Los delegados del sector, aseguran que, desde principios del año, vienen solicitando reunirse con la ministra Figueroa, por la falta de recursos básicos como computadoras o impresoras para elaborar informes, no cuentan con vehículos, ni insumos de asistencia para la población que atienden, más el deterioro de los edificios donde funcionan dichos dispositivos, entre otras demandas por precarización laboral.
Desde hace un mes con el aislamiento obligatorio, y la crisis económica se vieron empeoradas las condiciones de vida de las familias a las que se asiste. Manifiestan que son todas personas vulneradas en sus derechos alimentarios, de vivienda, con trabajos informales o desocupación. La imposibilidad de actuar de las trabajadoras, que tienen que quedarse en casa, a partir del aislamiento por COVID19, al no ser consideradas como agentes esenciales, es el otro factor que desarticula la asistencia. Voluntariamente las trabajadoras y trabajadores organizaron guardias telefónicas para asesorar, por el otorgamiento de nación, de ingresos de emergencia, sin una dirección de la subsecretaria. Siguieron adelante con las intervenciones voluntarias ante el incremento de la población que asiste a comedores.
En cuanto a la falta de asistencia directa, mencionan que no existen respuestas ante la solicitud de módulos alimentarios, bonos de gas, frazadas, colchones, nylon, lo que es especialmente grave en una realidad social marcada por las consecuencias del aislamiento. Parte de la población está siendo recibida en algunos comedores sociales, por fuera de la estructura del Ministerio, que claramente deja desamparadas a las familias.
Las y los trabajadores confirman el mecanismo perverso del Estado para acceder a la poca asistencia que existe. Es que señalan que la misma Dirección de Desarrollo Social descarta a todas las familias que cobran una AUH (Asignación Universal por Hijo), programas sociales o los que se hayan anotado para el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), como si esto resolviera lo inmediato.
Por otra parte, señalan que cuando deben salir a enfrentar diferentes situaciones de emergencia, como es el caso de las acompañantes domiciliarias, la Subsecretaría de Desarrollo Social, que dirige Abel Di Luca, no les brinda los permisos correspondientes ni tampoco los elementos de salubridad e higiene, dejándolos totalmente expuestos, al no preservar la salud ni de trabajadores ni de usuarias.
Trabajadoras de salud y el colegio de trabajadoras sociales de Neuquén, acompañan el reclamo ante el abandono inminente del gobierno provincial, que, en plena emergencia por la pandemia del Corona Virus, omite la demanda de la población pobre.
