Mediante un comunicado público expresan su repudio a la resolución 154 E del año 2017 del Ministerio de Defensa que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar informes socio ambientales en un claro intento de habilitar el espionaje interno y atacando directamente las incumbencias profesionales del Trabajo Social.
Julieta Katcoff Secretaría de las Mujeres Hospital Castro Rendón
Viernes 31 de marzo de 2017 16:10
El Gobierno de Mauricio Macri habilito a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior, que hasta entonces se encontraban vedadas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteliencia, mediante una resolución del Ministerio de Defensa que ha sido publicada en el mes de Febrero de 2017. En la misma se autoriza al personal militar a realizar informes socio ambientales, lo cual remite necesariamente al espionaje interior, con lo cual se deja en evidencia que el Gobierno el PRO intenta crear el escenario para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales.
Desde el Colegio Profesional de Servicio Social, dieron a conocer en el transcurso de esta semana un comunicado de denuncia y repudio a dicha resolución.
La Izquierda Diario entrevistó a Luciana Bravo, trabajadora social del Centro de Día Oeste e integrante de la Comisión directiva del Colegio Profesional de Servicio Social quien manifestó: “La reciente resolución N° 154-E/2017, del Ministerio de Defensa de la Nación, aprobada en el mes de Febrero de este año, tiene como uno de sus principios según consta en su texto nuevos criterios a ser aplicados para minimizar y contrarrestar hechos delictivos que se pudieran cometer contra establecimientos militares, como así también establecer criterios comunes que abarquen aspectos como organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar, lo que implica que se estaría proveyendo de un marco legal a las fuerzas armadas para que realicen tareas de inteligencia”.
Respecto del modo en el que esta resolución afectará a las incumbencias profesionales, Luciana Bravo expresó: “dentro de la misma resolución, en su art. N° 2 principio numero 5 refiere que no se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las fuerzas armadas lo que ataca directamente a nuestras incumbencias profesionales, ya que la elaboración de informes es una herramienta histórica de los Trabajadores/as Sociales, que tiene por objetivo registrar aspectos de la vida cotidiana de las personas, con el fin de mejorar sus condiciones de vida; Así mismo contamos con marcos legales como es la Ley Federal de Trabajo Social N° 27. 072 (art9, inc.3), donde establece que la elaboración de informes sociales, socioeconómicos, socio sanitarios y socio ambientales, Informes situaciones y/o periciales es parte de nuestro campo de actuación fundada y que además se requiere de título habilitante de Lic. Servicio Social o Trabajo Social para poder desarrollarla.
Finalmente y ante la posición adoptada por el Colegio Profesional de Servicio Social, Luciana Bravo dijo: “en principio entendemos que palabras como “restablecimiento del orden” o “garantizar la seguridad” entre otras expresadas en estas resolución, nos retrotraen a las épocas más dolorosas de nuestro país, por lo que repudiamos la elaboración de informes socio ambientales para ser usados como una herramienta de espionaje o de control social a favor de las fuerzas armadas; en tanto defendemos nuestras incumbencias profesionales siempre a favor de la clase trabajadora; sabemos que distintos colegios de Trabajadores/as Sociales de distintas provincias del país se han expresado en contra de esta resolución, esperamos realizar acciones en conjunto que promuevan la derogación de la resolución 154-E/17”.
La gravedad de la implicación de la resolución muestra un claro avance del Gobierno Nacional sobre los derechos fundamentales, mediante el intento de elaborar un marco legal para darle lugar a la ampliación de facultades de las Fuerzas Armadas a los fines de promover su intervención en lo atinente a la seguridad interior para volver a realizar tareas de inteligencia en el marco de los conflictos sociales.
