El juguete rabioso. Newsletter de economía: alquileres en la ciudad de la furia

Semanas atrás leí en Instagram un posteo que me provocó mucha bronca, quizás tanta como la que masticaba la docente que lo escribió. Ella contaba que tenía que pagar casi $ 90 mil para entrar a alquilar una casa. “Una casa que no es que es un lujo. Es una casa como para una familia o grupo de tres personas con un patiecito”, explicaba.

Es que, para ingresar a alquilar, además de adelantar el primer mes, en general se le pide al inquilino que deje una suma de dinero en concepto de depósito. También se le cobra por los informes que certifican que la garantía ofrecida es buena.

Peor es el trago amargo para el que no tiene garantía: debe pagar a una compañía de seguros. Obvio que esta última alternativa es mucho más cara. Como si esto fuera poco, si interviene una inmobiliaria el inquilino tiene que pagar una comisión.

La docente se preguntaba cómo hacer con su sueldo para vivir bajo un techo. Contaba que el alquiler mensual costaba casi lo mismo que cobra una maestra de grado que recién se inicia. Y también contaba que la mayoría de esas docentes son sostén de hogar.

¿Tenía que pedir un préstamo al banco, que cobra intereses por las nubes, para poder abordar los gastos iniciales del alquiler? Entre la cuota del banco y el pago del alquiler se quedaría sin dinero para alimentar a su hijo, aseguraba. Su realidad es la de millones.

A la intemperie

En el día de hoy, 31 de marzo, vence la prohibición de desalojos, el congelamiento de alquileres y la prórroga automática de contratos que estableció el Gobierno por Decreto de Necesidad y Urgencia 320 de fines de marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena.

La experiencia exhibió que la protección de ese decreto fue defectuosa. Los inquilinos igual quedaron expuestos a aumentos de precios y desalojos. Además, quedó en evidencia que el resguardo legal no es equivalente a que los derechos se puedan ejercer en la vida real.

Fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el encargado de anunciar que no habrá prórroga del decreto que, aunque protegió de manera muy defectuosa, sirvió como paraguas parcial para quienes se encuentran objetivamente en una situación asimétrica frente a los propietarios de las viviendas.

Las asociaciones de inquilinos anticipan un escenario de demandas judiciales, de desalojos y de ocupaciones de tierras. Es que una parte importante de la población quedará a la intemperie frente a los propietarios justo cuando el país se encamina hacia una segunda ola de Covid.

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