En el contexto de la formación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la redacción de la primera constitución que va a tener esta entidad federativa, se están dando casos de indemnizaciones que son insultantes para quienes fueron detenidos arbitrariamente el 1° de diciembre de 2012, durante las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
Jueves 26 de mayo de 2016
El 1° de diciembre de 2012, decenas de jóvenes fuimos reprimidos en medio de la protesta organizada por el movimiento #Yosoy132 ante la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia del país. Varios de quienes fuimos detenidos estuvimos secuestrados por el Estado dentro de las paredes del Reclusorio Norte y el Penal Femenil de Santa Marta. Fue gracias a las duras peleas legales emprendidas por un gran equipo de abogados y compañeros solidarios que conseguimos salir.
En esa ocasión se documentaron 103 personas detenidas de forma arbitraria, cuyas garantías fueron violadas el 1DMX, a causa de eso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 7/2013, donde se dictaron una serie de medidas al gobierno de la Ciudad a razón de las violaciones a los derechos de los manifestantes.
Ante eso, la administración de Miguel Ángel Mancera ha sido completamente omisa, no sólo no las ha cumplido, sino que continúo la política de detenciones arbitrarias, persecución contra los luchadores sociales y la realización de procesos irregulares e injustos.
Mancera ha realizado el “trabajo sucio” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) garantizado los planes del conjunto del régimen político mexicano en contra de los derechos del grueso de la población; entregando los recursos naturales a las grandes multinacionales, aplicando las reformas estructurales y descargando la crisis capitalista sobre las espaldas de la clase trabajadora. La convocatoria de la Asamblea Constituyente consolida aún más la relación de la política de EPN en complicidad directa del gobierno de Mancera.
La labor de la Liga de abogados 1DMX
En este contexto, los abogados de la Liga de Abogados 1° de diciembre y la Coordinadora 1° de diciembre, han emprendido batallas legales y políticas, para enfrentar la línea represora tanto del gobierno federal como la del gobierno de Macera, interponiendo juicios de amparo y denuncias.
Es el caso de Guadalupe Coutiño, cuyo caso fue tramitado ante la Contraloría del DF y desechado por ésta. Después de tramitar un juicio de nulidad, también se realizaron denuncias, logrando que la Contraloría se viera forzada a cumplir con el amparo otorgado y admitiera el procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Se han ganado otros juicios de víctimas del 1° de diciembre y del 10 de junio de 2013, que no sólo consiste en una reparación económica por los daños causados producto de la represión y las detenciones ilegales, sino también en relación a la afectación moral, pisco-social y psico-emocional de las víctimas, quienes exigen además una disculpa pública por parte del Jefe de gobierno por su responsabilidad en la represión, así como el cumplimiento efectivo de las garantías de no repetición de estos hechos con garantías reales.
La criminalización de la protesta y la juventud es el sello distintivo del gobierno
Pero no es lo único en lo que consideramos que se ha venido dando la lucha. Venimos peleando contra la criminalización de la protesta social y a la juventud, y por tales motivos hemos exigido la derogación de leyes represivas como es el caso del artículo 362 “Ataques a la paz pública”, 287 “Ultrajes a la autoridad,” pertenecientes al Código Penal del Distrito Federal, (que aunque se les declaró inconstitucionales, siguen vigentes) los cuales sirven como instrumento de detenciones arbitrarias no sólo de manifestantes sino del ciudadano común, así como del Protocolo de actuación policial para el control de multitudes, que garantiza y hace posible operar el hostigamiento contra la protesta social.
Se tiene que castigar a los funcionarios responsables de las violaciones de los derechos humanos, por la represión del 1° de diciembre–en sus diferentes niveles de mando-, por violar el derecho a la libre manifestación de ideas; se cometieron detenciones arbitrarias, hubo casos de tortura, afectaciones a la moral de los detenidos y a su situación económica por la difamación en los medios.
¿Cómo se repara el daño de personas que fueron presentadas injustamente, en los grandes medios de comunicación como criminales y que algunos de ellos fueron torturadas? Ya que eso fue causa de estigmatización, persecución y hostigamiento, ¿puede haber efectivamente una reparación integral a un torturado o ejecutado? ¿las detenciones arbitrarias, la represión, la privación de la libertad y los daños causados a las víctimas son reparables con dinero? No lo creemos.
El 1DMX y sus efectos
Después del 1 de diciembre se abre un periodo de persecución y encarcelamiento contra activistas de izquierda (a pesar de la recomendación 7/2013 que fue aceptada en su totalidad por el Gobierno capitalino) como lo fue; el10 de junio de 2013, el 1 de septiembre de 2013, el 13 de septiembre de 2013, el del 2 de octubre de ese mismo año; el hostigamiento constante al movimiento se hizo presente en las movilizaciones contra el aumento del transporte público en 2013 en el proceso conocido como “Posmesalto”, el 22 de abril de 2014, el 21 de mayo de 2014 y el 20 de noviembre de aquel año. Estos casos también permanecen impunes, sin que exista reparación del daño psicológico, legal y moral, como establecen las recomendaciones mencionadas.
La lucha legal y política
Los juicios de amparo que los abogados de la Liga de abogados 1° de diciembre y la Coordinadora 1° de diciembre han peleado, son para lograr una reparación que vaya más allá de las migajas y el paliativo que ofrece el gobierno represor de Mancera, para que se cumpla con la recomendaciones para evitar las violaciones a los derechos humanos.
Que estas indemnizaciones no sirvan de sobornos para comprar las conciencias de las voces disidentes, el caso de la compañera Guadalupe es uno de varios que se están peleando y ganando para obligar al gobierno (tanto federal como local) al cese de la represión.
Estos casos se inscriben en un contexto general a nivel nacional, donde la impunidad se escribe con la tinta de las masacres en Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando y Tierra Blanca. La falsa justicia del Estado ha decantado la crisis de los derechos humanos en el país con miles de desaparecidos, cientos de luchadores sociales detenidos, de la tortura a manos del Ejército mexicano en complicidad con la policía en sus diferentes niveles, etc.
Como plantean los candidatos de la fórmula 5 Anticapitalistas a la Constituyente, “hay que continuar luchando para frenar la criminalización de la juventud y la protesta social, por la libertad de todos los presos políticos del país y demandar la disolución del cuerpo de granaderos, así como junto con organizaciones sociales, de izquierda y de trabajadores poner un alto a la militarización y represión en la Ciudad de México y el conjunto del país.”
