La muerte de dos trabajadores cooperativistas de base y el aumento de detenciones y heridos plantea la urgente necesidad de iniciar la movilización minera independiente. Los dirigentes de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia) deben dejar de amarrar guatos.
Jueves 25 de agosto de 2016
Foto: Ahoradigital.net
La muerte de un segundo trabajador cooperativista minero en la tarde de ayer miércoles 24 de agosto, junto con el aumento de heridos por enfrentamientos y el incremento de detenciones, pone en evidencia el peligroso rumbo que va adquiriendo el conflicto patronal cooperativista para impedir el “supuesto” derecho de sindicalización de miles de trabajadores mineros que ven vulnerados sus derechos por los patrones cooperativistas.
El conflicto tuvo su origen en la Ley N° 823 recientemente promulgada, en la que en un principio se autorizaba la organización sindical de decenas de miles de trabajadores “jornaleros”, “piqueros” y peones que trabajan para los empresarios –cooperativistas. Ante la amenaza de ruptura del pacto de estos empresarios precarizadores, el gobierno retrocedió afirmando que hay una “mala interpretación” de la ley, ya que la misma no autoriza la organización de decenas de miles de trabajadores que no gozan de derechos laborales, ni seguridad social y tampoco derechos de organización política o sindical al interior de estas cooperativas. Pese a esto los patrones dirigentes de las cooperativas pasaron a la ofensiva y han exigido la legalización de sus contratos con las empresas trasnacionales y exigen una negativa explícita y legal contra el derecho de organización sindical de los asalariados y peones de las cooperativas. Para ello han recurrido al expediente conocido de movilizar, coaccionando a las bases de los trabajadores de las cooperativas, para garantizar un reaccionario y anti-obrero bloqueo de carreteras nacional.
Evo Morales y García Linera durante todos estos años mantuvieron un reaccionario acuerdo con los dirigentes cooperativistas otorgándoles importantes ventajas como por ejemplo a través de la Ley de Minería que les habilita la posibilidad de hacer contratos directos con empresas privadas, la otorgación de nuevas áreas fiscales, la garantía de ventajas impositivas y permitiendo la brutal explotación de los trabajadores contratados por las cooperativas que llevaron incluso al intento de privatización de Huanuni con la asonada cooperativista del 2006, con el saldo de decenas de muertos, o entregándoles el 50% de la veta Rosario en el yacimiento de Colquiri, pese a la heroica lucha de los trabajadores asalariados que obligaron a nacionalizar el yacimiento. Hoy el gobierno y sus funcionarios están pagando el precio de haber enriquecido a estos patrones mineros y que el “capataz” García Linera embelleció con la caracterización de la “nueva burguesía weberiana” que iba a cumplir el “progresivo” rol de construir el Estado Plurinacional de Bolivia.
Evo Morales retrocede en el derecho de organización sindical al interior de las cooperativas, pero busca afirmar la autoridad bonapartista y la “razón de Estado” desatando una feroz represión a sus socios. Desde la LOR-CI y dirigentes del Partido de los Trabajadores rechazamos la salvaje represión estatal que tiene como víctimas de siempre a los trabajadores de base, quienes son obligados a movilizarse para no perder su fuente de empleo. Sabemos que la creciente criminalización de la protesta social y su judicialización va ir más temprano que tarde contra los trabajadores asalariados, los campesinos y el pueblo pobre.
Ante este reaccionario conflicto, indigna la pasividad de los dirigentes de la FSTMB y de la COB –quienes ya vienen de traicionar a los casi 900 trabajadores de ENATEX- que mientras el gobierno afirma que no se permitirán sindicatos al interior de las cooperativas, y mientras los patrones mineros lanzan un bloqueo de caminos, los dirigentes de la otrora “gloriosa” FSTMB continúan amarrando guatos del gobierno y se niegan a impulsar un plan general de movilización asalariada para defender el derecho de organización sindical de decenas de miles de trabajadores mineros de base de las cooperativas.
Desde la LOR-CI afirmamos que es urgente imponerle a las organizaciones sindicales afiliadas a la FSTMB y la COB la ruptura inmediata del pacto con el gobierno, pacto que sólo ha garantizado despidos, cierre de fuentes de trabajo y la conculcación de los derechos laborales de decenas de miles de trabajadores asalariados. Los burócratas sindicales se niegan a impulsar un plan de movilización que contribuya a la organización sindical de las bases de las cooperativas, única forma de quebrar el bloqueo cooperativista de manera progresiva, ampliando las filas organizadas de los trabajadores mineros e impidiendo el abuso patronal de los dirigentes cooperativistas. Es necesario discutir en forma urgente la elaboración de un verdadero plan minero metalúrgico frente a la crisis económica del sector y que el conflicto actual es una de las primeras señales. Este plan minero metalúrgico debe empezar por exigir claramente la nacionalización sin indemnización inmediata de toda la minería privada y cooperativizada, y su puesta en movimiento mediante la administración obrera colectiva nacional para llevar adelante una verdadera reorganización del sector minero al servicio de los trabajadores y las grandes mayorías nacionales y no al servicio del enriquecimiento acelerado como ha sido regla estos últimos 10 años, de las trasnacionales que operan en el sector y de una capa de patrones mineros de origen plebeyo pero tan antinacionales en sus sociedades con trasnacionales, como con la burguesía tradicional.
¡Llamamos a repudiar la brutal represión estatal así como el bloqueo patronal minero!
¡Defensa del derecho de organización sindical de decenas de miles de trabajadores de cooperativas mineras!
¡Nacionalización de toda la minería privada y cooperativista, bajo control obrero!
¡Exigimos la ruptura de los acuerdos de la FSTMB y la COB con este gobierno para iniciar una movilización nacional para imponer la nacionalización de los recursos mineros!
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