En el marco de la discusión de reajuste del sector público, Carabineros busca concretar un seguro para la representación judicial de los funcionarios que enfrentan causas penales por represión y violencia policial, como denuncias por lesiones oculares o golpizas a manifestantes y otras violaciones a los DDHH.
Jueves 18 de febrero de 2021
El pasado martes, durante la discusión del reajuste al sector público, el Ministerio del Interior propuso que exista un seguro de representación judicial para miembros de la institución de Carabineros que tengan casos penales abiertos por violencia policial y violaciones a los DDHH.
Lo que explicaron para justificar esta propuesta que ya se está alistando es que los “pacos” que enfrentan el “orden público” ven en riesgo su integridad física y los efectos económicos en caso de verse involucrados en alguna causa judicial. Por esto, el Ministerio del Interior impulsará la representación penal para los funcionarios policiales, en el marco de la ley de reajuste del sector público 21.306.
Frente a los cuestionamientos que rodean actualmente a la institución policial, el Ministerio del Interior propuso que este sea un seguro de contratación voluntaria y que se financiará descontando las propias cotizaciones de cada uniformado. Además, Carabineros detalló que este seguro "no apunta a la impunidad o la ausencia de condenas de los policías que se alejen de la doctrina".
¡Ni un peso a los pacos! ¡No + impunidad!
Sin embargo, frente al larguísimo y macabro historial de la policía, es bastante dudosa esa afirmación. Hace pocos días su prontuario se volvió a llenar de sangre con 3 asesinatos en menos de una semana.
Hechos ante los que Carabineros no demoró en justificar “legítima defensa” frente al asesinato del malabarista en Panguipulli, un cuestionable “suicidio” en la comisaría de Santiago, y un informe que afirmaba que nada tenía que ver la institución ante la muerte de un joven en Calama, informe que fue desmentido por el Servicio Médico Legal comprobándose que la policía lo golpeó gravemente y lo abandonó en la calle hasta su muerte.
De impunidad es lo que más sabe esta institución. Así como de represión y violaciones a DDHH, las que se agudizaron y se pusieron en cuestión desde el 18 de octubre. Es una burla que hoy además de esas impunidades frecuentes, busquen proteger de conjunto a la institución y dar “chipe libre” para seguir reprimiendo a la juventud y el pueblo trabajador.
Por otro lado, otro aspecto cuestionable es que este seguro sería financiado por las propias cotizaciones de los “pacos”. Esta institución es financiada por el presupuesto estatal, es decir, con los recursos que le pertenecen al conjunto de las familias trabajadoras y comunidades del país. De hecho, para el año 2021, US $3.949 millones del presupuesto están destinados a Fuerzas Armadas y Carabineros.
Un valor exorbitante que podría estar destinado a financiar la educación, la salud, la vivienda o un plan de emergencia que permita hacer frente a la crisis sanitaria. ¿Por qué hay que seguir financiando una institución criminal que roba, mata, tortura y reprime al pueblo trabajador? ¡Ni un peso para los pacos!
