El 2 de septiembre dictarán la sentencia en el juicio por Soledad Olivera. Las docentes de Lavalle convocan a participar masivamente. La situación de las mujeres en Mendoza a tres meses de la marcha de Ni Una Menos.
Lunes 31 de agosto de 2015 13:49
El 2 de septiembre próximo dictarán la sentencia en el juicio por Soledad Olivera. El único imputado, Mariano Luque, podría ser absuelto –como reclama la defensa-, ser condenado a seis años de prisión –la pena máxima por el delito de privación ilegítima de la libertad, carátula actual del caso-, o bien cumplir una pena de hasta 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.
El abogado querellante Fernando Peñaloza, en representación de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, reclama el cambio de carátula a homicidio.
Amparándose en tratados internacionales y en jurisprudencia existente –en condenas por delitos de lesa humanidad-, Peñaloza consideró que aunque no se halló el cuerpo de Soledad, los casi cuatro años transcurridos desde su desaparición indican que fue víctima de un femicidio. Según la fiscalía y la querella, Luque –quien vivía en la finca Curallanca en Tres de Mayo- retuvo a Soledad allí contra su voluntad. Es el mismo lugar donde un año después desaparecería la adolescente Johana Chacón. Johana también residía en la finca con sus hermanos.
Lo cierto es que un manto de silencio cubrió la desaparición de Soledad hasta un año después. Cuando las maestras de la escuela Virgen del Rosario supieron que Johana, su alumna, no aparecía, se destapó también la desaparición de Soledad. La directora y las docentes de la escuela movieron cielo y tierra para encontrar a ambas. La Mesa Provincial contra la Trata denunció que serían al menos 27 las mujeres desaparecidas en Lavalle. Sólo con la denuncia y la movilización de las maestras y la comunidad, los casos salieron a la luz y se transformaron en emblemas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en la provincia. Gracias a esto, el caso llegó a juicio.
Un nuevo y estremecedor caso sobrevuela Mendoza. Gisela Gutiérrez, una joven de24 años y madre de tres hijos, desapareció de su hogar, en el populoso barrio de La Favorita, mientras cursaba un embarazo de cuatro meses. Hace ya más de un mes que Gisela no aparece. Su familia acusa a la Policía de no actuar frente a su desaparición. Gisela hizo repetidas denuncias por violencia en su hogar y una última denuncia por abuso sexual.
Mendoza también fue conmocionada recientemente por el caso de una niña de 12 años que dio a luz en el Hospital Ramón Carrillo de Las Heras. Medios como Unidiversidad cuestionaron la revictimización de la niña por parte de los grandes medios de comunicación. Dos veces, su mamá denunció que la niña había desaparecido del hogar, y la DINAF no intervino. Tampoco se investigó el abuso.
Mientras tanto, el debate sobre el aborto no punible sigue cerrado. El protocolo nacional, cajoneado por el gobierno de Paco Pérez y la Cámara de Diputados, sigue sin aplicarse y los grupos fundamentalistas ejercen presión para que no se trate, como cuando este año la senadora del FIT Noelia Barbeito presentó un proyecto relacionado.
El común denominador de estos casos, es la violencia sistemática y la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente las de los sectores más humildes, producto de la desidia estatal. La vida de muchísimas mujeres está a merced de redes de trata, violencia, femicidios o abortos clandestinos. A tres meses de la masiva movilización de Ni Una Menos, siguen sin implementarse medidas urgentes contra la violencia hacia las mujeres. La Ley Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género está aprobada pero no cuenta con presupuesto para su aplicación real. Los sectores del oficialismo y la oposición macrista, que participaron demagógicamente del Ni Una Menos, ocultan su responsabilidad en esta situación: la violencia hacia las mujeres es un problema político.
En este sentido diversas organizaciones reclaman que se declare el estado de emergencia en violencia de género. Así lo plantea el proyecto presentado por Nicolás Del Caño en el Congreso Nacional, que en caso de aprobarse agilizaría la creación de refugios para las víctimas, subsidios iguales al costo de la canasta familiar hasta que las mujeres logren su reinserción laboral y social, licencias laborales con goce de haberes para quienes transitan una situación de violencia y créditos para viviendas propias. También contempla la atención integral de las mujeres por parte de equipos interdisciplinarios.
Pero estos casos también demuestran la necesidad de retomar el camino de la movilización como en el 3J, y de la organización contra la violencia hacia las mujeres, ya que es evidente que las mujeres no podemos esperar nada “de arriba”.
Este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres nos encontrará, a pocos meses de la enorme movilización de Ni Una Menos, nuevamente en las calles por nuestros derechos. Seguimos reclamando por Johana y Soledad, por Gisela y todas las mujeres desaparecidas. Exigimos que se declare la emergencia en violencia de género para no seguir siendo víctimas de los femicidios que se llevan la vida de una mujer cada 30 horas. Pero a la vez, somos conscientes de que tenemos que poner en pie una fuerza social que enfrente este sistema que nos oprime y nos explota, para conquistar definitivamente el pan y también las rosas.
