Ortega ordena nuevas detenciones. Nicaragua entre la detención de opositores y la injerencia de EE. UU.

En lo que se llamó una redada nocturna, la Policía nicaragüense encarceló la noche del martes al aspirante Juan Sebastián Chamorro García, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y que fuera viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), al extitular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri.

También detuvo, bajo arresto domiciliario, a Violeta Granera que aspiró a la Vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), mientras que este miércoles la medida se le impuso al opositor y exvicecanciller José Pallais. Después del mediodía del martes y tras comparecer ante el Ministerio Público, detuvo al también aspirante a la presidencia, el académico Félix Maradiaga.

La acusación central es por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno, y que se ampara en la Ley No 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” aprobada hace poco tiempo en la Asamblea Legislativa que controla el orteguismo, que lejos de lo que dice su nombre de “soberanía” y “autodeterminación”, más bien está diseñada para políticas que le puedan abrir las puertas para inhabilitar el derecho de diversos dirigentes de la oposición a postularse a cargos de elección popular, caso no le sean de su conveniencia.

Recordemos que la primera detenida, la semana pasada, fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, y el segundo, Arturo Cruz, exembajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. A Chamorro se le acusa de “los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” y se le aplicó la Ley No 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del exterior a inscribirse como "agentes extranjeros". La Fundación Violeta Barrios de Chamorro que preside Cristiana ha reconocido públicamente que recibe fondos de la USAID.

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EE.UU. que ha venido con una política hasta de reorganizar directamente la oposición política en Nicaragua, como explicamos a seguir, inmediatamente y tras esas detenciones, vía el Departamento del Tesoro, decidió sancionar a Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Ortega que dirige el evento de modas Nicaragua Diseña y la Comisión Nacional de Economía Creativa; al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; y al jefe del grupo parlamentario, Edwin Castro. También al general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua.

No es un secreto la intromisión directa de Estados Unidos en Nicaragua, lo hace a través de la propia prensa local y en promover la reorganización de la oposición en el país. Recordemos que, cuando se conformó la Coalición Nacional (CN), esta fue un proyecto financiado y diseñado por la embajada estadounidense para reunir en un solo bloque a toda la oposición que se venía conformando, sobre todo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que incluye a la principal patronal del país Cosep, y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considerada una de las más amplias de todas, movimientos creados al calor y luego de las protestas de Nicaragua en abril del 2018 y a los demás grupos dispersos de oposición. Bloques actualmente en crisis y bastante divididos.

Como escribimos en una columna anterior, Nicaragua viene de una gran rebelión obrera y popular que explotó el 19 de abril del 2018 y se extendió por más de tres meses, sacudiendo a todos los rincones del país, pero que fue aplastada por el Gobierno de Ortega con saña y represión y hasta con el uso de fuerzas paramilitares, dejando como saldo alrededor de 400 muertos. Fue a puro fuego represivo que Ortega y su esposa Rosario Murillo -que ejerce un papel central en el Gobierno- que retomaron el control del país en una situación en la que parecía por momentos tambalearse dada la magnitud de las protestas que no se veían con ese alcance y profundidad desde 1979.

Tomada toda esta situación en su conjunto, y los movimientos de Ortega, están inscritos en que para noviembre de este año están previstas las elecciones presidenciales en Nicaragua. Ortega viene en una situación debilitada con apenas un apoyo del 20% de la población de acuerdo a las últimas encuestas, y en curso altamente represivo con un control férreo del país, situación que realiza de la mano de Rosario Murillos, considerada una de las artífices de las políticas del Gobierno.

La política de Ortega no solamente ha sido de represión, sino también de aplicación de políticas económicas completamente antipopulares, que lo caracterizaron incluso desde la llegada nuevamente al poder en su segunda etapa de gobierno en el 2007 y en la que se ha mantenido ininterrumpidamente por cuatro períodos. Incluso su retorno lo hizo con gran acuerdo de las cámaras empresariales, la cúpula de la Iglesia Católica, llevando acabo acuerdos incluso con el FMI, y lo hacía sobre el desgaste de los gobiernos anteriores de los partidos de la derecha que venían de aplicar también políticas antiobreras y marcados por la corrupción.

Durante toda una etapa Ortega se benefició de todo este arco de alianzas que lo apoyaban e incluso que se encargó de beneficiar, así como también de los acuerdos con el Gobierno de Chávez y luego Maduro que, vía los acuerdos comerciales y políticos, le permitió la realización de importantes negocios que beneficiaban más a los grupos económicos que al pueblo nicaragüense.

La catástrofe económica en Venezuela lo afectó directamente al no poder continuar con los negocios con la nación caribeña, que significó una fuerte merma de ingresos que dejaba de beneficiar a sectores sobre todo agroexportadores, lo que le fue deteriorando los apoyos de los que venían teniendo localmente y que comenzaron a tomar distancia. A esto, sumados los largos años de gobiernos ininterrumpidos, la corrupción rampante, el agotamiento político de un régimen que ya no se sustentaba sobre las bases antes mencionas, el empobrecimiento del pueblo, lo que llevaba a aplicar medidas de ajuste del FMI, no llevaron más que a conducir a una de las rebeliones más importantes a las que les haya hecho frente.

No fue casualidad que uno de los detonantes de la rebelión obrera y popular del 2018 fue el intento de aplicación de medidas que le exigía este organismo multilateral, que a pesar de retroceder con algunas medidas, la situación se le tornó inmanejable, por lo que la represión, cárceles y asesinatos masivos pasó a un primer plano con las centenas de asesinados y miles de heridos, ayudado también por las mesas de negociaciones que se fueron montano con la oposición temerosa incluso de la propia rebelión que buscó controlar.

Pasado el tiempo, la mayoría de los partidos de la oposición, que continúan divididos, se encaminaron en su política hacia las próximas elecciones presidenciales. De allí que comenzaron a surgir figuras potables como la de Cristiana Chamorro, en un intento de reeditar el frente de 1990 con su madre Violeta Chamorro, así como otros aspirantes a la presidencia. Con una figura que los unifique, y en el escenario actual, Ortega teme perder la presidencia en su nuevo lanzamiento a la reelección. En tal situación, claramente Ortega busca allanarse el camino hacia las nuevas presidenciales, siendo que las detenciones no pueden dejar de verse como actos lisos y llanos de proscripción política para que la dupla Ortega-Murillo continúe por un mandato más. Dada la edad avanzada de Ortega, es Murillo que se proyecta como la continuadora del orteguismo.

El pueblo trabajador, campesino y de la juventud, para enfrentar y sacarse de encima al Gobierno autoritario y represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no puede sentar sus aspiraciones en la salida que le presenta este bloque opositor con Cristiana Chamorro o cualquier otro candidato de la oposición que se apalanca en Estados Unidos, al frente. Su camino es retomar las jornadas de rebelión y las demandas planteadas en el 2018, confiando únicamente en sus propias fuerzas y sus formas propias de organización tal como se dieron en localidades de Chinandega y otras ciudades, así como en los barrios del sur de Managua.