Madres de presas y presos políticos en huelga de hambre junto con organizaciones sociales, exigen la libertad de las presas y presos políticos y el fin de la represión orteguista en Nicaragua.
Miércoles 20 de noviembre de 2019
El jueves 14 de noviembre un grupo de madres de presos y presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, comenzaron una huelga de hambre en la parroquia San Miguel en la ciudad de Masaya. La respuesta del gobierno fue el corte del suministro de agua, insumos y energía a la parroquia, misma que fue sitiada por la policía y agredida por grupos orteguistas.
Por la madrugada del viernes 15, las madres recibieron el apoyo de 13 jóvenes integrantes de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), quienes les llevaron agua e insumos así como insulina para el párroco diabético que las acompañaba.
Con la consigna “Navidad sin presos políticos”, otro grupo de madres de presos en Managua se sumó a la huelga de hambre en la catedral de la capital Managua. Sin embargo, ayer fueron evacuadas en una ambulancia de la Cruz Roja, dado el cerco policiaco y las agresiones orteguistas. Madres y familiares, junto con organizaciones sociales y estudiantiles exigen la libertad inmediata de las más de 150 presas y presos políticos en todo el país y el fin de la represión en Nicaragua:
«Ya no queremos más represión, queremos que Nicaragua sea libre, que todos los presos políticos salgan, ya no aguantamos más este régimen, declaró Luisa Briceño, madre de María Guadalupe Ruiz, una de las presas políticas del régimen de Ortega y Murillo.»
Después de la detención de 13 jóvenes y tras más de 80 horas sin saber de su paradero, se dio a conocer su traslado al penal del Chipote -un conocido centro de tortura existente desde la dictadura de Somoza-, en la capital Managua. Se les acusa de terrorismo, posesión ilegal de armas, artefactos explosivos y otros cargos graves.
La Asociación de Familiares de Presos Políticos y la UNAB -que se ha distinguido por su carácter policlasista y conciliador-, convocaron este lunes a una jornada de resistencia nacional e internacional, que consiste en la réplica de las huelgas de hambre, ayunos, piquetes, plantones, pintas y marchas por la liberación de todas y todos los presos, así como por la restitución de todas las libertades democráticas.
En este marco se da el llamado urgente desde las bases, al Paro Nacional por la libertad de los presos políticos y contra la represión, mismo que fue retrasado en sus preparativos por grupos empresariales y sectores de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia. Sin embargo la situación dio un giro ayer, cuando estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), tomaron las instalaciones de la universidad y se atrincheraron para evitar la entrada de la policía y exigir se concrete el Paro Nacional.
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— Rodrigo Aragón (@RodrigoRAragon) 19 de noviembre de 2019
El gobierno respondió con el intento de violación a la autonomía universitaria, así como con un fuerte cerco policiaco a iglesias y agresiones de grupos orteguistas hacia opositores. Se suma también la re-aprehensión de estudiantes opositores, como es el caso de Amaya Coppens, estudiante de medicina y referente de la resistencia juvenil nicaragüense. En este marco, Daniel Ortega declaró en la reunión extraordinaria del ALBA-TCP:
«Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral, de lo contrario los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación, de tomar las armas para buscar el poder por la vía revolucionaria.»
Luego de estas cínicas declaraciones en el ALBA, un grupo de paramilitares amenazó en redes sociales con iniciar una guerra civil si se “atenta” contra el gobierno orteguista.
Ante el convulso contexto latinoamericano signado por la rebelión popular en Chile y el golpe de Estado en Bolivia, el gobierno de Ortega y Murillo busca imponer nuevamente el terror entre la población para desactivar, contener y tergiversar el profundo descontento social que se vive desde abril del año pasado.
Solo la organización democrática de estudiantes, campesinos y trabajadores nicaragüenses, manteniendo su plena independencia política frente a empresarios y partidos de la derecha, podrán poner fin a la brutal represión que ha dejado cientos de presos políticos, muertos, heridos, desaparecidos, así como decenas de miles de personas desplazadas por la violencia de Estado que se vive en el país centroamericano.
