OPINIÓN. Nieto 130: desde 1983 el Estado debe muchas explicaciones a Javier Matías Darroux Mijalchuk

El jueves, como tantas otras veces, la sede de Abuelas de Plaza de Mayo estalló de sonrisas, lágrimas y palabras emocionadas. Una vez más se anunciaba otro pequeño triunfo sobre el terror, sobre el silencio y la impunidad. Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, desaparecidos en diciembre de 1977, se presentó en sociedad. Y como un sello gratamente indeleble a su nombre y apellido se le sumó desde entonces una denominación: el Nieto 130.

Una vez más, también, se puso de manifiesto la persistencia de un sistema de encubrimiento e impunidad. Un sistema que lleva más de cuatro décadas. Javier es el número 130 de una lista de alrededor de 500. Aún faltan 400 festejos más como el del jueves para poder decir que, solo en lo que hace a al plan sistemático de apropiación de niños y niñas ejecutado por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, se hizo un poco de justicia.

Desde ya que para él y su familia biológica, como para todos los organismos de derechos humanos, esto significa una enorme conquista frente a tanto horror y mentiras. Y vaya si con ella se renueva el valor inconmensurable de la lucha tenas de tantas abuelas, madres, abuelos, padres, hijas, hijos, familiares, compañeras y compañeros de los 30 mil.

Pero en la historia de Javier se encierra mucho más que una tragedia individual o personal. Tanto que él mismo lo pone de manifiesto cuando reclama lo elemental, eso que se le niega desde hace décadas. “Estoy luchando por la verdad, quiero saber qué pasó con mis padres y si tengo o no un hermano”, grita a quien quiera oírlo.

Una larga búsqueda

El caso de Javier Darroux Mijalchuk difiere, al menos en partes importantes, de las conocidas apropiaciones que los genocidas ejecutaron en los centros clandestinos, robándose a los recién nacidos de los brazos de sus madres desaparecidas.

La historia que a él le contaron es que una mujer “lo encontró” abandonado a tres cuadras de la ESMA, el 27 de diciembre de 1977. Tenía apenas cuatro meses de vida y tras un breve paso por la Casa Cuna de Buenos Aires una familia lo adoptó.

Lo “original” es que quienes lo criaron nunca le escondieron cómo llegó al hogar e incluso siempre lo acompañaron en su búsqueda. Por eso desde niño supo que algo en su vida, compartido con cientos, miles de personas, debía ser sacado a la luz. Y para eso, debía ser él mismo el que encarara el proceso hacia la verdad.

Tras la conferencia de prensa en Abuelas, Javier fue entrevistado por Tiempo Argentino. Allí relató detalles de su historia y volvió a reclamar la verdad que le es negada desde hace décadas. Porque, como él dice, sin verdad no habrá justicia.

El hombre de 42 años cuenta que fue su pareja quien, en 2006, lo impulsó a dar el paso de ir a Abuelas de Plaza de Mayo. “Cuando me presenté voluntariamente y el análisis dio negativo no lo podía creer. No podía ser. Nos explicaron que el banco no estaba completo y era así: faltaba el ADN por parte de mi familia paterna que se consiguió después”. Tuvo que esperar diez años, hasta 2016, para confirmar en un 99.99 % que es hijo de Elena y Juan Manuel.

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Historia a cuentagotas

Javier carga con infinidad de dudas, de incertidumbres, de desconocimientos. Al día de hoy no sabe “prácticamente nada” de qué pasó con su madre y su padre. “Es como si hubieran sido dos fantasmas”, grafica.

Es que solo tiene datos aislados y contradictorios, como que su madre estudiaba para contadora, que la llamaban por el seudónimo “Alicia” (algo característico entre militantes) y que desapareció cuando buscaba información sobre su compañero (y padre de Javier), quien trabajó en Prefectura y fue administrativo en la Universidad de Morón.

Por eso una de las cosas que reclama es que el Estado desclasifique los archivos de la Marina (de la que dependía Prefectura) y que esa misma fuerza dé la información necesaria. “Pero pasa como con los familiares del ARA San Juan, no te dicen nada”, denuncia. Los archivos de la Prefectura (desde 1984 bajo la órbita del Poder Ejecutivo, desde 2010 específicamente del Ministerio de Seguridad) también pueden decir mucho al respecto.

Por si fuera poco, desde su familia biológica poco y nada pueden aportar. “No he podido dar con nadie par en la edad de ellos (de sus padres) o mayor, estamos hablando de personas de más de setenta años que puedan acercarme a la verdad y eso es lo que a mi me lleva a buscar a través de la difusión pública”. Por ejemplo, quiere saber si tiene un hermano vivo, ya que según pudo reconstruir Elena estaba embarazada.

Un Estado negador

En 2016 Javier, patrocinado por las Abuelas, inició una causa penal para saber qué pasó con su madre, con su padre y con él. Tres años después, al ver que el tema “no avanzaba para ningún lado”, se le ocurrió escribir su historia y difundirla por redes sociales y medios, buscando a alguien que conozca la historia y “pueda echar un poco de luz”.

Luego de hablarlo con el abogado de Abuelas Pablo Larchner, tomó la decisión de hacer público quién es, qué pasó en su vida y qué necesita para avanzar en la recuperación de toda su identidad.

Según él mismo explica, el retraso en presentarse en sociedad fue porque no hay aún un dictamen judicial sobre la historia de sus padres, ya que “están con una carátula que es desaparición con presunción de fallecimiento, que no es lo mismo que desaparición forzosa”. Por eso, en tanto el Estado no dictamine que fueron fehacientemente víctimas del terrorismo de Estado, “es como que no se podía dar reconocimiento como un nieto recuperado”.

Todas las preguntas que fue compilando en estas décadas Javier Matías Darroux Mijalchuk podrían responderse. Siempre y cuando, obviamente, se diera por tierra con estos largos años de ocultamiento de información sobre el genocidio por parte de quienes tuvieron y tienen la llave en sus manos.

Por un lado, hay que decir que son miles los miembros de la fuerzas armadas, de seguridad, penitenciarias y de organismos de inteligencia que siguen en sus funciones desde la dictadura. Solo un puñado de ellos, los más emblemáticos represores devenidos en inservibles, fueron alcanzados por juicios y condenas gracias a la lucha de sobrevivientes y familiares de víctimas.

Pero por otro lado hay que plantear que, más allá de algunas revelaciones muy parciales y de un sobreactuado discurso sobre los derechos humanos de algunas administraciones que pasaron por la Casa Rosada, existe desde 1983 a esta parte un acuerdo tácito de parte de los partidos políticos capitalistas para negar al máximo posible esa información. Ergo, para negar la verdad y la justicia.

El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las cámaras patronales, la Iglesia católica y demás instituciones de las clases dominantes, más o menos estatales o más o menos privadas, conocen las respuestas que hace tiempo busca Javier. Esas instituciones son las que, mancomunadas, aún mantienen secuestradas 400 identidades.

Pese a esas mil y una negaciones del Estado a dar respuestas, hay algo que tanto Javier como su familia y las otras 129 pueden dar por sentado. La Memoria, la Verdad y la Justicia solo se lograrán con la lucha y la movilización de sobrevivientes, familiares de víctimas, compañeras y compañeros de los 30 mil y nuevas generaciones militantes.

Con absoluta independencia del Estado, lejos de toda cooptación y en permanente pelea por arrancar a los servidores de las clases dominantes las conquistas necesarias.