En un comunicado, la central sindical califica el cierre de Nissan como “terrorismo patronal”.
Jueves 28 de mayo de 2020
“Hoy hemos conocido el que ya se intuía, el grupo Nissan-Renault ha comunicado el cierre de las plantas de Nissan en Cataluña. Esta medida supone la destrucción de 3.000 puestos de trabajo directos y de 20.000 de empresas auxiliares”, denuncian en un comunicado publicado este jueves.
“El Secretariado Permanente de la CGT de Cataluña calificamos este acto como un nuevo caso de terrorismo patronal. Nuevamente, una multinacional prioriza su voluntad de incrementar beneficios y condena a 25.000 familias al paro y a la pobreza. Lo hace, además, de forma premeditada y calculada, después de años de chupar dinero de toda la ciudadanía en forma de ayudas y subvenciones directas e indirectas. Unas ayudas que los últimos 25 años han supuesto centenares de millones de euros pagados entre todos y todas nosotros”, explican desde el sindicato.
Ante el anuncio del cierre de la planta, hacen un llamado a “responder de forma decidida a este nuevo caso de terrorismo patronal”.
“Hagamos un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora a ser parte de la respuesta, porque luchando en apoyo a los y las trabajadoras de Nissan afectados es luchar también por nosotros. Si las grandes empresas ven que este tipo de terrorismo los sale gratis, los próximos meses iremos sufriendo más casos aquí y allá”, afirman.
Finalmente, llaman a trabajadoras y trabajadores a realizar varias acciones en apoyo a la lucha, desde acercarse al sindicato y consolidar las redes de solidaridad, estar atentos y atentas a las convocatorias de los compañeros/as de Nissan y empresas afectadas, e incluso plantean un boicot indefinido a los productos de Nissan, así como acciones para visibilizar de forma activa, la solidaridad con sus trabajadores/as.
Hacia las administraciones públicas, hacen una exigencia clara: “A las mismas administraciones que desde hace años han ido transfiriendo dinero de todos los contribuyentes en Nissan, como apoyo a mantener una actividad que ahora han decidido suspender. Exigimos un posicionamiento y acciones claras en los gobiernos estatal y autonómico. Tienen que decidir si se sitúan junto a la estafa y del terrorismo empresarial o al costar de los y las trabajadoras, que es estar junto al conjunto de la población”.
Y por eso: “requerimos la expropiación inmediata de las instalaciones y la maquinaria existente. Los millones de dinero público ya hace años que las han pagado. Ahora, unos trabajadores y trabajadoras con conocimiento más que demostrado en la fabricación de vehículos eléctricos que marcan el futuro de esta industria”
